Romeva renuncia a presidir la Fundación Irla por las dudas sobre su inhabilitación

BarcelonaRaül Romeva renuncia a presidir la Fundación Irla por las dudas sobre la compatibilidad del cargo con su inhabilitación. Según ha informado en un comunicado la propia fundación, vinculada a ERC, el ex conseller deja el cargo porque "su inhabilitación se ha alargado mucho más tiempo de lo previsto en el momento de la incorporación".

La decisión de Romeva, que fue nombrado presidente a principios de este año, llega después de que el Gobierno decidiera analizar su situación, dado que el Código Civil catalán prohíbe que una persona inhabilitada pueda formar parte del patronato de una fundación. El ejecutivo encargó un informe a la conselleria de Justícia para que estudiara la compatibilidad de su cargo, así como el de Laura Borràs al frente de la FunDem vinculada a Junts. Las conclusiones todavía no se han hecho públicas.

En el comunicado, la Fundación Irla recuerda que a Romeva todavía no se le ha aplicado la ley de amnistía y, por tanto, no se le ha levantado la inhabilitación derivada de la causa judicial por el 1-O. "La derecha judicial se ha negado a aplicar repetidamente estas medidas legales [el indulto y la amnistía] en su totalidad", lamenta.

Romeva, eso sí, seguirá en la fundación como portavoz. "Seguirá representando a la fundación, en el cargo de portavoz de la entidad, a la espera de que la aplicación de la ley de amnistía sea total y se ponga fin, definitivamente, a la situación de represión que él y otros dirigentes y activistas independentistas siguen sufriendo". La actual vicepresidenta del organismo, Alba Castellví, asumirá por el momento las funciones de presidencia hasta que la fundación elija a una nueva persona para el cargo en una reunión ordinaria prevista para principios de año, en la que también se aprobará el presupuesto y el plan de actividades.

El artículo 332-3 del Código Civil de Cataluña establece que todos los miembros de un patronato deben cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales es "no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos o para administrar bienes" y " no haber sido condenados por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". El primer punto sería incompatible con la situación actual de Romeva, pero también con la de Laura Borràs por su condena -que todavía no es firme- por la gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

A Borràs no sólo le afectaría el punto del Código Civil que establece como incompatible ser presidente de una fundación, en este caso FunDem, y estar inhabilitado por cargo público, sino también el punto que lo prohíbe a las personas condenadas por delitos "contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". La condena de la expresidenta del Parlament es por prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la ILC entre 2013 y 2018 y, por tanto, le impediría también presidir la fundación de Junts.Su defensa ha pedido al Tribunal Supremo que también le amnistie por este caso.