El informe del Govern complica el aterrizaje de Borràs en la fundación de Junts

BarcelonaEl Gobierno encargó un informe para saber si Raül Romeva y Laura Borràs podían presidir las fundaciones de sus partidos políticos pese a haber sido inhabilitados. Ya hay veredicto: con la ley en la mano, una persona inhabilitada para ejercer cargos públicos o administrar bienes no puede formar parte del patronato de una fundación, tal y como establece el artículo 332-5 del Código Civil de Cataluña. Según el informe del departamento de Justicia, al que ha tenido acceso el ARA, tampoco pueden ocupar esta posición las personas condenadas por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico o de falsedad. Romeva ya ha desistido a raíz de las dudas por su inhabilitación por malversación el 1-O —que el Supremo se niega a amnistiar— y este viernes anunció que se pliega de la fundación Josep Irla. Ahora, con las conclusiones del informe sobre la mesa, la situación se complica para Laura Borràs.

La expresidenta de Junts dio un paso al lado en la dirección del partido para dejar paso (de nuevo) al expresidente Carles Puigdemont, pero la condena que arrastra por la causa de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) podría ser un freno a su nuevo destino político en la Fundació Demòcrates de Catalunya, ahora transformada en la fundación de Junts. El informe concluye que las fundaciones vinculadas a partidos políticos se someten al mismo régimen jurídico que el resto de fundaciones y que, por tanto, no se aplican normas especiales a aquellos que quieran aspirar a presidirlas. Borràs fue condenada a cuatro años y medio de prisión y trece años de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, en una sentencia pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya defendió que se le aplicara un indulto parcial. Y ella misma ha pedido la amnistía.

FunDem no consta en el censo

Ni el informe jurídico del Govern ni el Código Civil de Catalunya detallan si una persona que haya sido inhabilitada, pero sin sentencia firme, puede ocupar provisionalmente el cargo de patrón de una fundación. Ésta es una rendija que la expresidenta del Parlament podría optar por aprovechar si finalmente registra la solicitud para ser patrona de la fundación de Junts –la presidencia se escoge entre ellos–. De hecho, el informe de Justicia no se pronuncia sobre el caso de Borràs y FunDem, porque la fundación de Junts todavía no está registrada en el censo de entidades vinculadas a partidos políticos. Cumple los requisitos para formar parte, pero no ha pedido su alta ni se la inscribió de oficio en el momento en que se creó este registro.

"La incorporación al censo es a efectos informativos y de publicidad, y constituye un indicador de transparencia que se puede tomar en consideración en las convocatorias de subvenciones, préstamos, avales y otras ayudas de la Generalitat", recoge el informe. Era necesario formar parte, por ejemplo, para recibir las subvenciones que antes daba el departamento de Justicia (y que se dejaron de conceder en 2016). El censo de fundaciones vinculadas a partidos políticos existe por mandato de la ley de partidos y tiene como finalidad garantizar su transparencia y accesibilidad. De hecho, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prevé obligaciones de publicidad activa para fundaciones y asociaciones vinculadas a formaciones políticas para "luchar contra la corrupción de forma eficaz y evitar su uso instrumental para la financiación de las formaciones políticas.

En este sentido, y para mejorar la transparencia de las fundaciones, el informe de Justicia propone ir un paso más allá y crear un grupo de trabajo multidisciplinar que elabore en un código ético para estas entidades. La idea es que se puedan adherir todas las fundaciones, incluidas las vinculadas a un partido político. "El Código representará un plus de transparencia y buen gobierno y aumentará la confianza en su gestión", recoge el documento. La adhesión será voluntaria.

El caso de Romeva

En el caso de Romeva, el informe del Govern se limita a constatar que el exconseller de ERC fue nombrado presidente de Josep Irla en enero de 2024, aportando el certificado de la reunión del patronato que lo escogió para ocupar el cargo, y recuerda que, según la ley, las personas inhabilitadas no pueden dirigir sus fundaciones. Ahora bien, el Govern descarta ir más allá porque Romeva ya ha dejado por sí mismo el cargo. Por tanto, ya no hay ninguna situación irregular a enmendar.