El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès endurecerá el empadronamiento exigiendo realizar los trámites presenciales y aplicando más controles administrativos e inspecciones de la policía. El gobierno municipal aprobó una nueva instrucción que, según explicaron este martes el alcalde de la localidad, Josep Maria Vallès, y el teniente de alcaldía, Jordi Puigneró, persigue que el padrón "refleje la realidad" del municipio vallesano y se eviten "fraudes". "

El PSC, Comuns, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP han firmado este miércoles un acuerdo con el que se comprometen a garantizar el padrón universal en cumplimiento de lo que dice la ley. El Pacto por el Padrón en Cataluña es una iniciativa impulsada por más de un centenar de entidades sociales, desde Cáritas, ECAS, LaFede hasta Confavc y aFFaC, que exige el empadronamiento de todos los residentes sin preguntar la situación administrativa, si tienen contrato de alquiler o no o si viven en una infravivienda. Por el contrario, se han desmarcado el PP, Vox, Aliança Catalunya y también Juntos. Los junteros han justificado su no asegurando que el acuerdo no resuelve "en profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón que sea coherente con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos". Se da la circunstancia de que sí que se ha añadido al Pacto MEScat, una formación nacida de una escisión del PSC e integrada en Junts como corriente interna.

Barcelona ha alcanzado su máximo histórico de población en los últimos cuarenta años: 1.732.066 habitantes. La capital catalana vive un crecimiento demográfico imparable empujado por la inmigración desde hace tiempo, pero su fotografía censal esconde profundas transformaciones. La ciudad está cada vez más envejecida y sufre una preocupante pérdida de la población infantil. Hay dos indicadores que evidencian ese cambio. Por un lado, el aumento de vecinos de entre 25 y 44 años que se marchan de Barcelona y que ya suponen la mitad del total de emigrantes. Por otro lado, el porcentaje de menores de 16 años que residen en el mismo, que ha caído a mínimos históricos (11,9%). En otras palabras, la capital catalana ha consolidado un patrón de emigración protagonizado por jóvenes y familias con niños pequeños, quienes se van a vivir fuera, eminentemente por las dificultades en el acceso a la vivienda.

Rosa RR lleva más de tres años viviendo en un piso del barrio de Buenos Aires de Martorell, pero el Ayuntamiento le impide empadronarse porque no tiene ningún título de propiedad ni contrato de alquiler. Hasta seis veces ha pedido el ingreso en el padrón y en todos los casos no ha recibido ninguna respuesta, si bien la ley interpreta este silencio como positivo pasados ​​los tres meses reglamentarios. Pero ella sigue sin constar en el padrón.

La fiscalización del padrón se ha convertido en uno de los principales brazos armados de los ayuntamientos que pregonan un discurso más duro y radical contra la inmigración. Ripoll es un ejemplo paradigmático, con el gobierno de extrema derecha de Silvia Orriols, que ha promovido medidas muy estrictas para restringir el acceso al empadronamiento a personas recién llegadas, acusándolas de querer acceder de forma fraudulenta a los servicios básicos. Pero no es el único caso a la orden del día. En 2024, este Ayuntamiento dio de baja hasta 804 personas. desempadronamiento se realizó mediante una intensa campaña de control de los "agentes verificadores" del consistorio, realizando visitas puerta a puerta para comprobar el domicilio de todas las personas que, según el gobierno municipal, presentaban indicios de fraude. Esta operación masiva de bajas en el padrón, aunque ha sido presentada por el consistorio como una iniciativa muy positiva para regular el domicilio y el acceso a los servicios de todos los habitantes de la ciudad, ha generado muchas críticas entre el tercer sector.

Al menos 37 municipios de Catalunya ponen trabas a la hora de empadronar a ciudadanos que tienen problemas para presentar un contrato de alquiler o viven en una infravivienda o en la calle. Entre estas localidades se encuentran tres capitales, Tarragona, Lleida y Barcelona, ​​que este año entra en esta lista, así como el grueso de las ciudades metropolitanas. Pero también hay más pequeñas, como Alcanar, Ripoll, Tremp, Tortosa o Salt. En conjunto, estos municipios representan al 40% de la población de Cataluña. Las negativas afectan a personas adultas, inmigrantes y autóctonos, así como a menores de edad y extutelados por la Generalitat que, al no estar registrados en el padrón, se les dificulta el acceso a la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o la renovación del permiso de residencia.

Después de una cumbre de alcaldes en el mes de abril, el departamento de Igualdad ha impulsado un decálogo para unificar criterios a la hora de empadronar para todos los municipios catalanes, en los que se recuerda que quedar registrado en el padrón es una obligación y un derecho tanto para la administración como para el administrado. El objetivo es evitar que se siga repitiendo las vulneraciones a residentes que no presentan un título de propiedad o de alquiler de la vivienda, no tienen un domicilio fijo o están en situación administrativa irregular si pueden probar la vecindad en el municipio. El documento ha sido firmado por la Asociación de Micropueblos de Cataluña, así como por los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Lleida, Reus y El Prat de Llobregat, la Diputación de Tarragona y la Generalitat, que confía en que haya más adhesiones a medida que se hagan las presentaciones a los alcaldes.

Un lunes al mes, la asamblea de Papers para Tothom de Martorell se encuentra frente al ayuntamiento del municipio para ayudar con la instancia del padrón. Una veintena de personas se reúnen en torno a los activistas, que responden dudas o, incluso, se encargan de rellenar los datos personales del documento que estas personas entregarán individualmente a la unidad de atención al cliente. El de Martorell (Baix Llobregat) es uno de los muchos consistorios que están señalados por la Generalitat y la oficina de la Síndica de Greuges por poner trabas a los vecinos que quieren empadronarse, lo que incumple la ley estatal de régimen local que obliga tanto a la administración como a la ciudadanía a registrarse en el municipio donde reside.

La decisión del Ayuntamiento de Barcelona deliminar los empadronamientos en entidades sociales ha puesto la ciudad en el foco del tercer sector en una cuestión que hasta ahora había quedado al margen. A diferencia de otros, el Ayuntamiento barcelonés se ha caracterizado por dar de alta a los residentes sin cuestionar aspectos que para otros consistorios son la excusa para denegar el alta. La comisionada de Derechos Sociales, Sonia Fuertes, lamenta la soledad de Barcelona y las críticas que recibidas por la medida.

La Síndica de Greuges ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona "una moratoria" para dar de baja a las personas empadronadas en las direcciones postales de entidades del tercer sector hasta que no se pueda garantizar que no quedan desprotegidas y que no se vulneran los suyos "derechos fundamentales". En una carta enviada a estas ONG, avanzada por el diario ARA, el responsable del registro general del consistorio notificaba que a partir del mes de junio se elimina la vía del empadronamiento colectivo sin pernoctación en las sedes de las ONG. Con esta decisión, se darán de baja las 1.700 personas empadronadas por este canal.

Un mensaje de WhatsApp le ha puesto en alerta: a partir del 1 de junio el Ayuntamiento de Barcelona empezará a dar de baja a las personas empadronadas en sedes de entidades sociales que no ofrecen una cama. "No sé qué haré. Me he quedado de piedra porque me coge en medio de la renovación del permiso de residencia", se queja Jenny Valverde, que desde que se instaló en Barcelona en el 2018 está dada de alta en domicilio de la ONG Stop Sida.

¿Está cambiando el Ayuntamiento de Barcelona su política de empadronamiento? La respuesta oficial del consistorio, que desde hace 11 meses dirige el socialista Jaume Collboni, es que no, que sigue dándose de alta en el padrón municipal todas las personas que acreditan una residencia en la ciudad. Sin embargo, en las últimas semanas el Registro General del consistorio ha enviado cartas a varias entidades sociales en las que se les informa que ya no pueden empadronar a nadie más en la dirección de su sede social si no les ofrecen una cama para dormir. Además, también se comunica que las personas registradas mediante este canal serán dadas de baja y tendrán que volver a formalizar el proceso por otros canales; es decir, que tendrán que empezar los trámites de nuevo para continuar teniendo acceso a servicios básicos como la sanidad.

El Síndic de Greuges y las entidades sociales llevan años advirtiendo de las trabas administrativas que ayuntamientos catalanes de todos los colores ponen para empadronar a los vecinos que no tienen permiso de residencia ni un domicilio fijo o que viven realquilados en habitaciones. Básicamente, a la hora de pedir el registro en el padrón, los afectados se encuentran con un catálogo de requisitos diferentes a cada consistorio: desde la titularidad de la vivienda o el contrato de alquiler hasta el número de ocupantes, pasando por la cédula de habitabilidad o para disponer de una autorización para residir en el país.

El delegado del gobierno español en Cataluña, Carles Prieto, ha pedido al Ayuntamiento de Ripoll que en un plazo de 20 días hábiles entregue un informe sobre la gestión del padrón del municipio, ante las denuncias de trabas a la hora de acceder a los trámites que deben realizar las personas inmigrantes.

¿Cuántos ayuntamientos catalanes niegan el empadronamiento a las personas migrantes en situación irregular? La cifra es una incógnita porque ningún consistorio la anuncia públicamente, ya que, si lo hicieran, contraderían la ley. Con todo, entidades como la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) alertan de que al menos una cincuentena de ayuntamientosdebe más que en su último informe, del mes de mayo— incumplen con su obligación legal de empadronar a migrantes, entre ellos, por ejemplo, Terrassa, Cornellà de Llobregat o Arbúcies. Aunque la atención mediática se concentra en Ripoll, donde el gobierno de extrema derecha de Aliança Catalana de Sílvia Orriols pone el foco en la inmigración, las ONG avisan que no sólo los gobiernos de derechas o de extrema derecha desatienden esta exigencia legal: aseguran que casi ningún ayuntamiento actúa de acuerdo con la normativa que obliga a atender las solicitudes de las personas de origen migrante.

Después de dos años de caída, Barcelona vuelve a ganar población. Según los datos del padrón a 1 de enero de 2023, en la ciudad viven 1.660.435 personas, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al año anterior que supone pasar página del bache que representaron los años de la pandemia. De hecho, la cifra de vecinos es ahora la más alta desde 1991 si se deja a un lado el pico del 2020, justo antes de la crisis del covid, que fue el momento récord.