Una jueza de Barcelona ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el espionaje al independentismo con Pegasus, según informa la agencia Efe. Todo nace a raíz de una querella que presentaron cinco de los afectados por este espionaje, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala. El pasado mes de septiembre la juez admitió esta querella por considerar que los hechos denunciados podían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

El espionaje político más grave de la historia reciente de España va camino de quedar impune. El caso Pegasus, que toma el nombre del software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group utilizado para infectar a los teléfonos de decenas de representantes independentistas, se ha ido diluyendo con el tiempo, sepultado bajo el peso de la opacidad institucional y la desgana judicial. Lo que debería haber sacudido los cimientos democráticos del Estado ha acabado convirtiéndose en una pesadilla burocrática, sin responsables, sin reparación y, sobre todo, sin verdad.

En pleno escándalo por el Catalangate, el espionaje masivo a independentistas catalanes con el programa Pegasus, el presidente español, Pedro Sánchez, se comprometió con ERC a reformar la ley de secretos oficiales ya reforzar los controles sobre el CNI. del 2022. Esta semana pasada, los Mossos han acreditado el espionaje en el móvil del expresidente Pere Aragonès en algunos períodos sin autorización judicial, un caso por el que está siendo investigada la exdirectora del CNI, Paz Esteban. El caso es que ambas reformas quedaron en un cajón con el adelanto electoral y todavía no se han reactivado. Se trata de dos asignaturas pendientes del presidente español, que este lunes comparece para hacer balance del último año y sacar pecho de que, pese a la debilidad parlamentaria, su gobierno ha podido aprobar 21 leyes.

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que archive la causa contra la exdirectora del CNI Paz Esteban por el espionaje en el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Según la agencia Efe, el ministerio público considera que los ataques con el programa informático Pegasus contaron siempre con aval judicial. De esta forma, la Fiscalía se añade a la petición que ya hizo la Abogacía del Estado, que defiende Paz Esteban: presentó un recurso en contra de la decisión del juez instructor de mantener como imputada a la exdirectora del CNI mientras aclaraba si el espionaje en Aragonés fue avalado en todo momento por el Tribunal Supremo. Ahora bien, el magistrado Santiago García rechazó esa petición.

Shir Hever es uno de los expertos en la economía de la ocupación israelí sobre territorio palestino. Es el director de la Alianza por la Justicia entre Israelíes y Palestinos y el coordinador de la campaña de embargo de armas del Comité Nacional del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones en Israel (BNC). La semana pasada visitó Cataluña y se reunió con miembros de la comisión de asuntos exteriores del Parlamento para hablar de la necesidad de poner fin al comercio de armas con Israel y del uso del programa de espionaje israelí Pegasus contra el movimiento independentista.

El espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha centrado de lleno los focos políticos y judiciales este viernes. Era una fecha rodeada en rojo en el calendario, ya que la exdirectora del CNI Paz Esteban tenía previsto declarar, y lo ha hecho con mala marejada en la sala. En concreto, declaró durante más de una hora a puerta cerrada y por videoconferencia por el espionaje al presidente: no lo pudo hacer hasta dos horas más tarde de lo previsto debido a problemas técnicos de conexión, y cuando pudo defenderlo se, en calidad de investigada, ha estado en una atmósfera de alta tensión entre las partes, según fuentes judiciales.

El juez que investiga el caso Pegasus ha recibido este jueves la documentación desclasificada por el gobierno español que acredita el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En concreto, los autos judiciales del Tribunal Supremo que avalaron las intervenciones telefónicas, según avanzó El País y ha confirmado el ARA. La documentación ha llegado al juzgado de Barcelona que se encarga del caso 24 horas antes de que declare a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por videoconferencia como investigada. El gobierno español envió esta semana el acuerdo del consejo de ministros en el que se autorizaba al CNI a solicitar el acceso a estos autos.

Ya advertimos que el proceso para aprobar la ley de amnistía sería tortuoso, y el capítulo de la presentación de las enmiendas así lo demuestra. Por último, Junts ha aceptado la tesis de que era mejor retirar de la ley la excepción de los delitos de terrorismo, tanto para proteger a los CDR que pueden acabar siendo condenados por este delito como porque podía ser la excusa para declarar la norma inconstitucional. Pero el PSOE, que ya había pactado el grueso del redactado, no ve claro ese punto y se ha negado a ello. Eso sí, en enmiendas pactadas con ERC y con otros grupos, los socialistas se abren a introducir cambios menores de carácter técnico. Pero sólo eso.

El consejo de ministros ha acordado este martes la desclasificación de documentos relativos al espionaje con Pegasus al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo hace a petición del juez que investiga la causa abierta en Barcelona, ​​en la que el jefe del ejecutivo catalán declaró el pasado 13 de diciembre y defendió que levantar el secreto de la información era una "obligación ética y moral". También lo es para que tenga sentido la comparecencia prevista para el 26 de enero de la ex directora del CNI Paz Esteban, en calidad de investigación.

Si dependiera de ellos y pudieran pagarlo, seguramente los Mossos d'Esquadra ya estarían utilizando un software espía parecido a Pegasus. Es decir, un software que permitiera a la policía espiar: entrar en los teléfonos de los delincuentes y no sólo escuchar sus conversaciones telefónicas (ahora esto ya pueden hacerlo) sino también saber con quién chatean o qué correos electrónicos reciben. Sería obtener el triple de información de una forma mucho más sencilla. Ahora, por ejemplo, para pinchar un teléfono necesitan la autorización de un juez (con Pegasus también debería), pero debe ser la compañía (Movistar, Vodafone, Orange...) quien acabe desviando las llamadas. A menudo, hay problemas y tarda más de la cuenta. Fuentes policiales precisan que un software como Pegasus sería especialmente útil para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. Ahora bien, a nadie se le escapa la polémica en torno a este software: es precisamente con Pegasus que el Estado espió hasta 65 independentistas, según la plataforma canadiense CitizenLab, por lo que los Mossos d'Esquadra han comparecido este viernes en la comisión del Parlamento que investiga el espionaje.

Nueva amonestación a España por el espionaje con el programa Pegasus a unos sesenta independentistas, el caso conocido como Catalangate destapado en abril de 2022. Si en junio era el Parlamento Europeo quien daba un toque de atención al Estado por aquellos hechos, ahora es el Consejo de Europa quien se suma a las críticas por haber hecho uso de este software espía. Este organismo da toda la credibilidad a las denuncias de los afectados y avisa de que ha habido "graves implicaciones para los derechos humanos fundamentales de las personas atacadas", como "el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión". Lo que viene a decir es que, en aras de la "seguridad nacional", los estados no pueden hacer lo que quieran. Para rematarlo, pide un "moratoria" en el uso de estos programas espía hasta que exista una regulación europea precisa sobre cómo utilizarlos. No solo España sale maltrecha en el informe; también Polonia, Hungría, Grecia y Azerbaiyán.