Sánchez deja la reforma del CNI a la espera

MadridDos novedades relacionadas con el espionaje en el independentismo con Pegasus han coincidido esta semana pasada. Una es que los Mossos acreditaron que el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès tuvo pinchado el teléfono sin autorización judicial y la otra es que el Consejo General del Poder Judicial ha confiado de nuevo al magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo Pablo Lucas el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este lunes, cuando Pedro Sánchez comparezca por hacer balance del segundo semestre de 2024, no podrá decir que haya avanzado en su promesa de reformar la ley para reforzar el control en los servicios secretos.

En mayo de 2022 el presidente español anunció dos medidas con el objetivo de dar por cerrada la crisis con ERC por el Catalangate: una era reformar la ley de secretos oficiales para poner cierta transparencia en cuestiones que se cierran en un cajón. El PSOE llegó a realizar una propuesta para acortar plazos a la hora de levantar el secreto de determinadas materias, pero el adelanto electoral del 23-J provocó que decayera la iniciativa. Por su parte, Sánchez prometió reforzar el control del CNI por parte de los tribunales, que con el caso Pegasus se ha constatado que los servicios de inteligencia prácticamente tenían barra libre para intervenir teléfonos.

Ésta es una batalla particular del PNV que, legislatura tras legislatura, presenta modificaciones en esta línea. Ahora hay dos proposiciones en tramitación, pero el plazo para presentar enmiendas se va alargando y no se desatascan las reformas. El independentismo ha dejado de presionar al gobierno español con el caso Pegasus, mientras avanza la causa judicial en la que está investigada Paz Esteban, la exdirectora del CNI que llevó al Congreso los autos que sí permitían la intervención de comunicaciones a dirigentes del Proceso. La última vez que el gobierno español se pronunció, a principios de 2024, dijo que aprovecharía las iniciativas impulsadas por el PNV para introducir los compromisos pendientes. Habrá que ver si se activará este 2025.

Sánchez comparecerá este lunes en la Moncloa y presumirá de haber cerrado el primer año de legislatura con 21 leyes aprobadas, pese a la dificultad que a menudo tiene para sacarlas adelante en el Congreso. Esta última semana ha sido un ejemplo: el PSOE logró dar luz verde definitiva en la reforma fiscal ya una ley sobre el servicio público de justicia, pese al ruido de la derecha.

Bonificación del transporte público

El presidente español también anunciará varias medidas como la prórroga de seis meses de las bonificaciones en el transporte público: un 50% en los títulos multiviaje de Cercanías y media distancia, así como en las líneas estatales de autobús. También se subvenciona en un 30% el transporte urbano e interurbano de titularidad autonómica y municipal siempre que las demás administraciones aporten un 20% adicional. El gobierno español también aprobará dos nuevos decretos para mantener el gravamen a los beneficios extraordinarios de las energéticas, tal y como pactó con las formaciones de izquierdas del Congreso, si bien la convalidación posterior se prevé complicada porque se oponen tanto Junts como el PNV de entrada. También habrá otro para equiparar la tributación del diésel con la de la gasolina, que decayó durante la tramitación de la reforma fiscal. Por último también se prorroga un año la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Más allá de eso, Sánchez cierra un año marcado por las causas judiciales contra su entorno y polarizan la relación con el PP.