Sánchez no convence a ERC ni a los socios con el anuncio de un cambio en la ley del CNI

MadridEl presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados que impulsará un cambio en la ley que regula el control judicial del CNI, que data de 2002, para "asegurar al máximo el respeto a los derechos individuales". Sánchez ha hecho este anuncio en el marco de la comparecencia sobre el caso Pegasus que fue pedida por el resto de partidos, y en la cual el presidente del gobierno español ha aprovechado tanto para cargar contra el PP como para defender su apuesta por el diálogo con Catalunya. Aun así, el anuncio no ha convencido a los independentistas catalanes y al resto de socios de investidura, que se han mostrado decepcionados y han considerado que las explicaciones eran insuficientes. La crisis, pues, está lejos de haber quedado resuelta hoy.

"El gobierno reformará la ley de control judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y teniendo en cuenta también las conclusiones del Parlamento Europeo en esta materia", ha dicho Sánchez justo después de anunciar que el ejecutivo también presentará una nueva ley de secretos oficiales, una demanda histórica de partidos como el PNV y que estaba ya previsto en el plan normativo. Esta ley data de 1968, en plena dictadura franquista y lleva la firma del almirante Carrero Blanco. En paralelo, el presidente español también ha avanzado que se aumentarán los recursos del CNI para poder hacer frente a las amenazas de ciberseguridad.

Aun así, la gran oferta para rehacer los puentes con los independentistas catalanes es cambiar una ley que ahora solo prevé el control judicial por parte de un magistrado designado por el Tribunal Supremo. El PNV, por ejemplo, propone que sean tres los jueces que den el visto bueno a la intervención de las comunicaciones, y no solo uno, como ahora. En todo caso, la intervención de Sánchez ha resultado decepcionante para ERC. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado que no se han aclarado las principales incógnitas: "No vale minimizar y dejar pasar el tiempo. Solo explicaciones claras y responsabilidades".

Defiende del espionaje

El resto de la intervención de Sánchez no ha ofrecido más novedades, pero sí una defensa cerrada de la gestión de la crisis que ha hecho el gobierno español, un ataque furibundo a la instrumentalización de las instituciones por parte del PP y ha insistido en los frutos que ha dado su política de diálogo con Catalunya. En cuanto al espionaje con Pegasus, Sánchez ha insistido que el CNI solo espió, con aval judicial, a los 18 independentistas reconocidos por el CNI, entre ellos el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, pero sin conocimiento del ejecutivo: "El gobierno no conoce ni decide sobre las decisiones operativas del CNI. Esto podía pasar con otro gobierno, pero no con este. Y les garantizo que no pasará", ha asegurado.

Eso sí, Sánchez ha puesto en entredicho el informe de Citizen Lab sobre la intrusión del programa Pegasus en los móviles de 65 independentistas catalanes y vascos y ha recalcado que esta institución canadiense afirma en su informe sobre el Catalangate que no se puede atribuir el hackeo a ninguna institución específica. "El CNI solicitó al magistrado la intervención de 18 de las personas aludidas en el informe de Citizen Lab. No 65, fueron 18 con pleno respeto a la legislación vigente y con motivos fundamentados que la hacían necesaria". A continuación ha afirmado: "No hay ninguna causa política, ninguna razón de estado que justifique la suspensión de derechos fundamentales", en referencia al espionaje sin aval judicial, del cual no se ha hecho responsable, pero tampoco ha dicho que se investigará.

Las palabras de Sánchez han sido contestadas por el mismo director de Citizen Lab, Ronald Deibert, que ha denunciado que nadie del gobierno español se ha dirigido a ellos para preguntar sobre su informe sobre el Catalangate.

Recordemos que en las interlocutorias judiciales se justificaba la intervención del entonces vicepresident Pere Aragonès porque se lo consideraba "coordinador" de los CDR. Aun así, el presidente español ha lamentado que este escándalo haya "minado" la confianza política con la Generalitat, y ha insistido en su apuesta por el diálogo para resolver el "conflicto político". "Tiene que haber menos judicialización y más política, pero esto no será rápido, necesitará mucho tiempo y no estará exento de dificultades o desencuentros como los que estamos abordando, pero no es excusa. Los problemas que surjan en el diálogo se resolverán con más diálogo", ha concluido.

Pero el objetivo principal de Sánchez ha sido el PP. Toda la primera parte de su discurso ha ido dirigido a recordar sus casos de corrupción y la instrumentalización de la "policía patriótica" para entorpecer las investigaciones judiciales y perseguir adversarios políticos. Ha citado, por ejemplo, la información sobre la falsa cuenta en Suiza del entonces candidato de CiU al Ayuntamiento de Barcelona Xavier Trias.

Malestar de Rufián

Las explicaciones de Sánchez no han convencido al portavoz republicano, Gabriel Rufián, que ha empezado su intervención planteando una pregunta: "¿Qué ha venido usted a hacer aquí hoy?". A continuación, Rufián ha planteado algunas de las preguntas que el gobierno español no ha respondido. Por ejemplo: "¿Qué amenaza representaba el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès?". O "¿Qué se ha hecho con esta información después de que ninguno de ellos haya ido a prisión?". El portavoz de ERC ha acabado protagonizando un choque con el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, que antes había reprochado a ERC las acusaciones a los comuns a cuenta del espionaje durante las negociaciones para formar gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. "Le responderé con dos palabras: Manuel Valls", ha espetado Rufián antes de darle un consejo al portavoz de UP: "Jaume, no vayas tanto a Waterloo".

También ha sido especialmente crítico con Sánchez el portavoz del PDECat y uno de los espiados según Citizen Lab, Ferran Bel. "Usted hoy no ha mejorado la situación, la ha empeorado. Estamos decepcionados. Ha demostrado muy poca empatía con los 65 ciudadanos que hemos sido espiados. ¿Qué piensa hacer aparte de decirnos que vayamos a los juzgados?", ha dicho el exalcalde de Tortosa. También ha sido contundente la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien ha aprovechado su intervención también para sacar el tema de la lengua. "Ustedes firman pactos en Catalunya a favor del catalán mientras aquí aprueban leyes, como la ley Celáa, que van en contra". Nogueras ha denunciado que los pactos de ERC y el PSOE han "anestesiado" a la sociedad catalana, pero se ha mostrado convencida de que "más pronto que tarde la sociedad volverá a la calle a rematar el trabajo que empezamos en 2017".

Los grupos vascos no han sido más condescendientes que los catalanes. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha preguntado si "es legítimo que se espíe a alguien por orientar su acción política a la independencia" o si se puede considerar a la mayoría de la población catalana "una especie de enemigos internos". También la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha exigido que se aclare el escándalo y ha afirmado que "una democracia no espía a sus adversarios".