La gobernabilidad del Estado

Junts salva el paquete fiscal del PSOE pero se alía con el PP contra el impuesto a las energéticas

El gobierno español tiene intención de aprobar un nuevo gravamen pese a las dificultades para que prospere en el Congreso de los Diputados

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados Míriam Nogueras.
19/12/2024
4 min
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MadridEl gobierno español supera una nueva prueba de fuego, pero a medias. Por un lado, ve cómo su reforma fiscal prospera definitivamente sin sufrir grandes modificaciones –el PP ha intentado hasta el último momento dejarlo en papel mojado–. Por otro, debe asumir que aprobar un impuesto extraordinario a las energéticas es casi una misión imposible después de que Junts y el PNV, dos de los socios habituales, se hayan aliado este jueves con el PP para vetar una prórroga del actual gravamen. De esta forma, aunque el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de aprobar uno nuevo, tal y como se ha comprometido con sus socios de izquierda, llegará herido de muerte al Congreso de los Diputados.

Palmo a palmo. En el último pleno del año, que la cámara baja española ha celebrado este jueves, se han votado las enmiendas que se han introducido en la reforma fiscal durante su tramitación en el Senado. Una de las que han prosperado es la que anula una prórroga del actual gravamen en las energéticas. La propuesta, impulsada por el PP, ha visto la luz verde gracias a los votos de Junts, PNV y Vox. "No pondremos en riesgo las inversiones en Catalunya", ha defendido la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, justo antes de la votación -los de Carles Puigdemont empezaron a elevar el tono contra este impuesto tras las amenazas de Repsol de retirar las inversiones en el Camp de Tarragona.

¿Qué consecuencias tiene?

La enmienda no implica que el actual gravamen caiga de facto,sino que imposibilita que el gobierno español pueda prorrogarlo de nuevo. Ahora bien, el ejecutivo de Sánchez puede aprobar uno distinto y, de hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha confirmado que tiene intención de hacerlo la próxima semana con un real decreto en el último consejo de ministros del año (entraría en vigor el 1 de enero del 2025) "El gobierno seguirá. intentando sacar adelante un impuesto [energético]", ha insistido Montero. Si bien es cierto que el PP interpreta que con la enmienda que se ha aprobado este movimiento no se puede hacer, fuentes del ministerio de Hacienda discrepan de esta tesis .Las mismas fuentes explican que será un gravamen diferente que incorporará fuertes deducciones fiscales

. el jueves en el Congreso podría volver a repetirse. Hay que tener en cuenta que este decreto deberá convalidarse más tarde en la cámara baja y Junts y el PNV ya han dejado claras sus intenciones. Mientras, desde ERC, EH Bildu y el BNG, los partidos con los que el gobierno español se ha comprometido a mantener este impuesto, apuntan a que el escenario actual "estaba previsto" "Consideramos grave que estas dos". formaciones [Juntos y el PNV] apuntalen y refuercen las estrategias y los intereses de la derecha española", afirman las tres formaciones. Resolver este sudoku implica, pues, convencer al PNV y Junts. Los primeros sólo verían bien un impuesto como éste si se puede concertar con el gobierno de Euskadi, mientras que los segundos tan sólo se han abierto a estudiarlo si va acompañado de fuertes deducciones vinculadas a la descarbonización.

La votación de este jueves no solo vuelve a poner negro sobre blanco la frágil red de alianzas que sostiene el ejecutivo de Sánchez, sino también los equilibrios que debe hacer con sus socios habituales, desde Juntos hasta Podemos. Además, vuelve a poner en evidencia cómo la alianza entre PP y Junts –y el PNV– en términos económicos supone una piedra en el zapato para Sánchez y las ambiciones de la izquierda parlamentaria. Sin embargo, el presidente español ha quitado hierro a esta pinza y ha afirmado que seguirá trabajando para aprobar el impuesto y también tener presupuestos el próximo año. . "Suaremos la camiseta, como siempre", ha dicho desde Bruselas.

Más allá del toma y daca con el impuesto energético, el paquete fiscal del gobierno español se ha salvado después de que el grueso de las enmiendas presentadas por los partidos en el Senado, sobre todo las del PP, no hayan prosperado. De hecho, a primera hora Junts confirmaba que estaba dispuesto a darle un balón de oxígeno a Sánchez en este sentido: "Tenemos un acuerdo con el PSOE que nosotros hemos respetado desde el primer momento", aseveró Nogueras. En cualquier caso, el partido insiste en cada ocasión en que no se pueden dar sus votos por descontados. De hecho, si la votación de este jueves ha vuelto a plantearse agónica es porque los de Carles Puigdemont se abstuvieron en el Senado a las enmiendas del PP. Al mismo tiempo, el PP avaló algunas propuestas de Junts. El movimiento llegaba en plena ofensiva de Puigdemont para que Sánchez avance en las materias acordadas para la investidura si quiere hablar de los presupuestos del 2025.

Sin embargo, sí han prosperado algunos cambios que Hacienda tacha de "menores", como el exención fiscal de las ayudas a los afectados por la DANA (enmienda presentada por el PP), y dos propuestas de Junts: la que incluye la rebaja del IVA en el 4% de los productos derivados de la leche, y la que introduce exenciones fiscales en los clubes deportivos no profesionales.

Bolaños salva su ley

Por último, la norma que también ha prosperado este jueves es la de eficiencia del servicio público de justicia. En ese caso fue Podemos quien había amenazado con tumbarla. De esta ley dependían cuestiones como la modificación de la ley electoral que permitiría a Junts cobrar 1,2 millones de euros de subvención y medio millón en Esquerra, tal y como ha explicado el ARA. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado eufórico por sacar adelante esta "gran transformación" que sienta las bases para que la justicia sea del "siglo XXI". Como contrapartida en los votos de Podemos, el gobierno español ha aceptado prorrogar seis meses la bonificación al transporte público y un año la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.

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