Repsol avisa de que el impuesto a las energéticas frenará las inversiones en Tarragona

TarragonaRepsol ha advertido de que las principales inversiones que tenía previstas en el Camp de Tarragona se detendrán si el gobierno de Pedro Sánchez mantiene los impuestos extraordinarios que gravan a las empresas energéticas desde 2022. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, va confirmar el viernes de la semana pasada que el ejecutivo tiene la intención de mantener "de forma permanente" estos impuestos, como ya anunció en el 2023. De hecho, así figura en el plan de equilibrio fiscal que el Estado ya ha enviado a Bruselas. Aunque todavía no está claro qué vía elegirá el gobierno español para prorrogarlos, fuentes del sector energético temen que el ejecutivo, a través del PSOE, aproveche la tramitación de alguna norma en el Congreso de los Diputados para introducir una enmienda que implique su permanencia.

Repsol considera que este gravamen es "arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio" y avisa de que "si se penalizan a las empresas que apuestan por España se paralizarán las inversiones". En un artículo publicado en distintos diarios, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió de que "miles de millones de euros se desviarán a otros países" si se mantiene el gravamen y aseguró que la inversión en el Estado" se ralentizará al mínimo". De hecho, Repsol ha anunciado recientemente que uno de los distintos proyectos de hidrógeno verde que la compañía quería ubicar en el Estado ya se ha trasladado a Portugal, donde se invertirán, de momento, 15 millones de euros. En Tarragona, la compañía tenía prevista una inversión de 750 millones de euros para construir una ecoplanta en el Morell (en el polígono norte) que debía ir acompañada de un electrolizador de 150 MW que requiere otra inversión de 300 millones de euros .

"Escudo social"

En un principio, este gravamen era extraordinario y debía aplicarse durante los años 2022 y 2023 a las empresas eléctricas, gasísticas y petroleras que hubiesen facturado más de 1.000 millones de euros durante el 2019. El cambio fiscal implicaba que estas empresas pasarían a tener un tipo del 1,2% sobre el importe neto del volumen de negocio anual. También existía un nuevo impuesto para la banca que les gravaba al 4,8% los intereses y comisiones generadas dentro del Estado. El gobierno justificó entonces el incremento de la presión fiscal en estas empresas por los beneficios que tenían con el aumento de los precios que provocaba la guerra de Ucrania. Antes de que terminara en el 2023, el gobierno español anunció que prorrogaría la medida un año más, pese a las quejas de las compañías.

Desde entonces, el Estado ha recaudado unos 3.000 millones de euros al año gracias a estos impuestos. Cuerpo explicó la semana pasada que este dinero ha servido para "cubrir el escudo social y la respuesta del Estado para proteger a los ciudadanos ante el incremento del coste de la vida" y aseguró que este canon ha sido "compatible" con el crecimiento económico de las empresas. De hecho, Repsol ganó 3.168 millones de euros en 2023.