Una jueza investiga por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus

BarcelonaUna juez de Barcelona ha decidido investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el espionaje al independentismo con Pegasus. De este modo, la juez, Míriam de Rosa Palacio, admitió a trámite una querella que habían presentado a cinco de los afectados por este espionaje, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala. La juez considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella, que fue presentada el 30 de abril de este año, no solo va contra Félix Vicente Azón –que fue director de la Guardia Civil entre el 2018 y el 2020– y María Gámez –directora de este cuerpo hasta el 2023–, sino también contra el NI más sobre este caso de espionaje, y contra directivos de la empresa israelí NSO, que comercializa el software Pegasus.

Los querellantes, además, piden que se investigue por primera vez el uso de Candiru, un software de espionaje del que la defensa alerta de que el gobierno español no ha admitido la adquisición y uso hasta ahora. También documentan que uno de los querellantes fue espiado mientras estaba en Suiza, lo que denuncian que supondría una vulneración de la soberanía y la legislación del país.

Con la admisión a trámite de esta querella, ahora la juez debe decidir si acepta las diligencias que han solicitado los querellantes. En primer lugar, los querellantes piden la desclasificación de documentos y por ello solicitan al consejo de ministros que desclasifique toda la documentación sobre el uso de Pegasus y Candiru contra los querellantes, incluyendo las autorizaciones judiciales o administrativas, el coste de las operaciones y los expedientes generados.

Asimismo, también reclaman que declaren como investigados a la exdirectora del CNI Paz Esteban ya los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez Gámez, así como a los directivos de NSO Group (Shalev Hulio y Omri Lavie) y Saito Tech. (Isaac Zack). En este sentido, solicitan cooperación internacional para emitir órdenes europeas de investigación en Luxemburgo y comisiones rogatorias en Israel para obtener documentación y testimonios de las sedes de las empresas de software espía y sus filiales.

Paralelamente, los querellantes exigen pruebas periciales independientes. Así, requieren a los Mossos d'Esquadra la realización de informes periciales sobre los dispositivos de los querellantes para acreditar las infecciones. También se solicita la declaración de los expertos de Citizen Lab y Amnistía Internacional que documentaron inicialmente el caso Catalangate sobre el espionaje en el independentismo. En la querella y por tener toda la información a su alcance, los querellantes instan a tener acceso a las investigaciones previas. Por tanto, piden al juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional que remita las actuaciones de las causas "Tsunami Democrático" y "operación Judas" contra miembros de los CDR, en las que los querellantes fueron supuestamente investigados.

"No es una reparación individual"

Joan Arús, presidente de Sentinel Alliance y uno de los querellantes, deja claro que la querella "no sólo busca una reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con las que se degrada la democracia desde dentro". Arús considera que no ha estado de derecho sin una correcta fiscalización del poder público. "La admisión a trámite abre un debate inaplazable sobre cómo se fiscaliza el Estado. Necesitamos garantías judiciales previas que sean efectivas y una rendición de cuentas posterior que sea real, dos cosas imposibles bajo una ley de secretos oficiales de 1968 que es una reliquia antidemocrática", denuncia.

Esta acción judicial en Barcelona se inició después de que la Audiencia Nacional desestimara investigar los hechos por una cuestión de competencia territorial. La decisión del juzgado barcelonés abre un nuevo frente judicial para las víctimas del Catalangate en su búsqueda de verdad, justicia y reparación por el espionaje al que fueron sometidos a partir de sus teléfonos móviles y ordenadores.