Cuando todavía no se ha disipado el impacto de la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire, que investiga una presunta trama para torpedinar casos judiciales que afectaban a miembros del gobierno o del entorno de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en una bomba de relojería contra el PSOE. En las últimas horas hemos visto cómo el sumario ha obligado a los socialistas a matizar o directamente rectificar declaraciones anteriores. Ahora, por ejemplo, ya no se puede afirmar que Leire Díez no era nadie en el PSOE, cuando sabemos que se reunió 22 veces con Santos Cerdán; que entraba con normalidad en Ferraz; que hablaba con la presidenta del partido, Cristina Narbona, y que se reunió hasta en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Durante los años de la transición democrática, tuvimos miedo a las tentaciones golpistas de un ejército de raíz y cultura franquistas. Era lógico y no íbamos desencaminados cuando se produjo la farsa del 23-F, con el desfile de tanques en Valencia y el asalto al Congreso de los Diputados por parte del coronel Tejero. Una noche extraña, en que se inventó el mito de un monarca que nos había salvado la democracia haciendo volver a los militares a los cuarteles. Seguro que la realidad no fue tan sencilla y aún menos nítida. Pero vino el ministerio de Defensa socialista de Narcís Serra, que con el aumento de salarios, las condecoraciones y los ramos de flores consiguió desactivar el ardor guerrero de unos “milicos” todavía muy rancios. En cambio, no se hizo la transición a fondo en un poder judicial formado por franquistas y sus discípulos, esperando que la biología y la renovación generacional hicieran una función modernizadora que nunca llegó.En el ámbito judicial, ha habido más bien una transición inversa de cara a hacer política y ejercer roles de poder. Es un mundo demasiado endogámico, clasista y retrógrado para que se pueda airear, al menos en los niveles altos de la carrera. Otra cosa son los jueces rasos, privados de medios para poder hacer de manera eficiente su importante función. En las altas esferas hay un mundo de favores, de linajes rancios y de espíritu extremadamente corporativo, y, por qué no decirlo, con ganas de actuar políticamente. No solo estamos donde estábamos, sino que con la ola reaccionaria y postdemocrática general, este poder ha recuperado su versión más antigua. En España, los jueces son los que mejor comprendieron la enigmática frase de José María Aznar de hace un par de años: “El que pueda hacer, que haga”.La judicatura es hoy el auténtico caballo de Troya contra las instituciones y la cultura democrática. La élite judicial ya no se conforma con ejercer su papel de tercer poder del estado, sino que establece una supremacía y control sobre los demás. Y no solo eso: se convierte en el aliado necesario de la derecha extrema creando las condiciones para que esta llegue al poder. Judicializa la vida política interviniendo de manera interesada y arbitraria, levanta casos increíbles, hace condenas sin ninguna base ni prueba, y sobresee y retrasa lo que podría afectar a los acólitos políticos. La prevaricación ya no parece comportamiento excepcional sino más bien la norma. Los medios afines ya harán el trabajo justificativo correspondiente. Recuerdo que hace unos años, en una conferencia en Buenos Aires, el antiguo vicepresidente de Bolivia y teórico de la izquierda de América Latina Álvaro García Linera alertaba que los golpes de estado actuales los hace la judicatura y no el ejército: los militares latinoamericanos ya no hacen estancias formativas en las academias americanas, sino que son los jueces los que hacen inmersiones, con la misma función, en algunas universidades norteamericanas.

Hay una demolición en curso pero no es solo la del gobierno (esto dependerá en gran medida de hasta dónde aguanten los socios de investidura de Sánchez, porque él piensa aguantar) sino la de todo el edificio institucional y político del estado español. Quizás sea más exacto decir que la demolición que se producía de hace años contra objetivos más acotados se produce ahora a la escala del gobierno de España. El golpe de estado judicial es una realidad dentro de la vida política española al menos desde el 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, y así lo han denunciado repetidamente –predicando en el desierto, no hace falta decirlo– diversos juristas progresistas. Después hemos ido conociendo que otros poderes del Estado, como la Fiscalía o la policía, trabajaban contra gobernantes y representantes electos, como vimos con las causas contra el independentismo catalán y las izquierdas españolas. Finalmente le ha tocado también al PSOE, por haberse pasado a los enemigos de la patria española, es decir por haber construido una mayoría de gobierno justamente con los independentistas catalanes (y los vascos), con las izquierdas españolas y con casi todas las minorías con representación en el Congreso.Es evidente que el PSOE, con Sánchez el primero, se encuentra acorralado y protagonizando una confusa huida hacia adelante en la que se hace muy difícil saber qué es cierto y qué no en el alud de porquería que cae cada día sobre la vida pública española. También lo es, de evidente, que el Partido Popular actúa con información privilegiada, hasta el punto de anunciar o de llevar incorporados a sus argumentarios y discursos los próximos movimientos de jueces y policías. Es otra evidencia que nunca hasta ahora se había imputado a un expresidente del gobierno español, y mucho menos sobre la base de indicios, en un país que ha sido gobernado por individuos como Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, poseedores de fortunas y patrimonios sobre los cuales impera la opacidad más absoluta. El hecho de que la UCO haya entrado este miércoles en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, se supone que debería ser equivalente al registro del 2013 en la calle Génova de la misma ciudad, con el detalle de que hace muchos años que sabemos que la sede del PP fue pagada con dinero ilegal.Hemos visto también desfilar recientemente ante la justicia a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y otros gobernantes del PP por la trama Kitchen (uso espurio de la policía para espiar adversarios políticos), y volver a salir con la cara bien alta después de declarar que no sabían nada o no se acordaban, asistidos por una magistrada que se afanaba a interrumpir los interrogatorios más incómodos. Mañana el hermano de Sánchez también declara ante la justicia, por otro caso fabricado a partir de inspiraciones y suposiciones. En algo acierta Feijóo, y es que el ambiente es irrespirable. El ataque total de la derecha consiste en querer gobernar sobre un solar sepultado con las ruinas del estado de derecho. Tienen modelos de cómo hacerlo (las caídas de Lula da Silva en Brasil y de António Costa en Portugal, a partir de causas falsas) y los aplican a fondo.

Santos Cerdán declaró en el Senado que "Hay un antes y un después de la foto con PuigdemontUn hombre que se está jugando la cárcel se defiende como puede, y eso, en los tiempos que corren en España y en el mundo, equivale a afirmar que su procesamiento es político. Sí: cuando Pedro Sánchez le dejó caer, Cerdán quedó tocado y hundido. Por tanto, es pertinente preguntarse si no hay nada de la supuesta corrupción, o si son compatibles simultáneamente la corrupción y la persecución judicial de Cerdán como ley de amnistía, dijo el senador de Vox que le interrogaba. Quizás no se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba admitiendo. fachoferase habla con el tono ofendido de los generales golpistas, e insistía: "Hay algo crucial por el que usted y todo su gobierno deberían ser juzgados, y es haber amnistiado golpistas que querían romper España". A Cerdán se lo acababan de poner en bandeja: "Eso lo he dicho yo desde el principio. Usted tiene razón en eso: todo viene de aquí".

Los escándalos en torno al PSOE, de corrupción y relativos a conductas de acoso machista, aparte de ser muy preocupantes porque cuestionan la probidad del sistema político y minan la credibilidad de la ciudadanía, auguran una alternancia cada día más probable a favor de la derecha ultramontana. A este contexto hay que añadir las decisiones judiciales incompatibles con el estado de derecho, por así decirlo finamente. Algunos expertos, como el ex magistrado José Antonio Martín Pallín, han hablado abiertamente de golpes de estado judicial. El episodio más grotesco últimamente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras una instrucción de muy bajo nivel. Los cinco magistrados que votaron a favor de la condena pertenecen al sector más conservador de la judicatura.

Daniel Escribano (Palma, 1978) es doctor en sociología y traductor. Ha publicado Juicios políticos bajo la democracia militante española (Documenta Balear), en la que analiza cuatro procesos judiciales: la condena al senador de Batasuna Miguel Castells por señalar al gobierno por la guerra sucia contra ETA, el caso del asedio al Parlament en el 2011, la causa contra Valtónic y la represión judicial al Proceso.

El fiscal del juicio a la familia Pujol ha afirmado esta mañana que "No se pueden introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos". La frase es tan redonda que si se lo hicieran decir a un actor del Polonia y añadieran unas risas enlatadas detrás valdría como gag.

El PSOE es perfectamente consciente de que en España existe un problema grave con la judicatura y ha decidido intervenir por la vía legislativa. En pocos meses ha presentado hasta tres leyes al respecto. En primer lugar, la ley de eficiencia judicial, que ya está en vigor y con la excusa de modernizar una administración de justicia que en muchos aspectos parece del siglo XIX lo que hace es introducir cambios para restar poder a los jueces instructores. En segundo lugar, la ley contra el lawfare, que plantea limitar el uso de la figura de la acusación popular para evitar instrumentalizaciones políticas. Y, en tercer lugar, la ley que se ha presentado hoy y que pretende "democratizar" el acceso a la carrera judicial para que la renta de los aspirantes no sea impedimento.

El lawfare, que aquí conocemos como judicialización de la política, ha acompañado el proceso independentista desde sus inicios. Mucha gente le ha sufrido y se podría decir que en buena parte ha logrado sus principales objetivos. Consiste en intentar ganar en los tribunales lo que no se puede ganar en la calle y en los Parlamentos. Es decir, al impedir que los poderes legislativo y ejecutivo puedan desempeñar sus funciones libremente penalizando cualquier modificación de las leyes existentes o, también, retorciendo el espíritu de la ley en función de las ideas políticas de un determinado grupo político, o de determinados profesionales de la justicia. El espectáculo vergonzoso de ver parlamentarios de Vox ejerciendo de acusación popular en el juicio del Proceso, por ejemplo, ejemplifica lo de lo que estamos hablando.

El PSOE pasa a la acción contra el lawfare judicial. El grupo parlamentario ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para limitar la acusación popular e impedir que se abran causas a partir de querellas basadas en recortes de prensa. De aprobarse, podría decaer la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Además, la iniciativa quiere fijar que los jueces deban abstenerse o ser recusados ​​en casos sobre los que se hayan manifestado políticamente. "A raíz de lo vivido en los últimos tiempos, hemos adoptado una decisión que nos parecía urgente: frenar la persecución y el acoso que la extrema derecha hace contra creadores, artistas y adversarios políticos utilizando mecanismos judiciales para obtener objetivos particulares", ha apostillado. argumentado el portavoz socialista, Patxi López, en una rueda de prensa. La ley incluye también la supresión del delito de ofensas religiosas.

Supongo que no hace falta insistir demasiado en que el Tribunal Supremo haya imputado el fiscal general es muy grave.

La iluminación regeneradora que tuvo Pedro Sánchez en sus cinco días de retiro es interminente y se enciende a ratos. El fulgor reformador tiende a enturbiarse, o directamente a apagarse, cuando el presidente español debe enfrentarse a un poder judicial que se le ha declarado abiertamente en rebeldía con la ley de amnistía. Pero brilla con mayor claridad cuando se trata de salir al paso de la prensa y los creadores de opinión del nacionalismo de ultraderecha, es decir, todo el entorno mediático del territorio PP, Vox y alrededores. O, dicho todavía con otra palabra, el foco de intoxicación de la opinión pública que el propio Sánchez bautizó con el nombre de la fachosfera.

Uno de los argumentos del unionismo para combatir el independentismo siempre fue que España era un estado de derecho en el que la separación de poderes funcionaba perfectamente, mientras que una Catalunya soberana rápidamente podía deslizarse hacia una especie de Kosovo, un estado iliberal ahogado en la corrupción. Pero mira por dónde que ya todo el espectro de la izquierda española, incluidos pilares tan básicos del régimen del 78 como el diario El País, habla abiertamente de lawfare, es decir, de cómo la justicia interfiere en el resto de poderes por motivaciones políticas.

Hoy hace justo hace ocho días que titulé este análisis “Pedro Sánchez prueba el lawfare”, el uso político de la justicia. Pues bien, hoy, una semana más tarde, es el propio Sánchez el que la denuncia. En una nueva carta a los ciudadanos,

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a utilizar el método que tan bien le fue en las elecciones catalanas: una carta a la ciudadanía en la que denuncia la maniobra del juez que investiga el caso de su mujer, Begoña Gómez, para hacer pública su cita en plena campaña electoral. "Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones". Nunca en la historia democrática reciente un presidente del gobierno había insinuado de forma tan clara que un juez está actuando con motivaciones políticas, es decir, que está practicando lo que se conoce como lawfare.

Se mire como se mire, la aprobación de la ley que amnistía a los encausados por el Procés es un hecho histórico que marca un antes y un después en la democracia española. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución se aprueba una ley de amnistía que tiene un innegable trasfondo político y que no tiene el apoyo de una parte notable de la cámara, la que representa a la derecha y a la extrema derecha. De alguna manera, con este gesto el PSOE da un paso para reconocer que no solo la respuesta judicial a los hechos de octubre de 2017 fue injusta y desproporcionada, y que por tanto es necesario implementar un perdón general, sino que en España hay un problema grave de lawfare, es decir, de utilización de la justicia con fines políticos. El hecho de que el debate sobre la amnistía haya coincidido en el tiempo con la investigación abierta a la esposa del presidente Pedro Sánchez ha terminado de decantar la balanza y desvanecer las dudas, que al principio eran muchas, dentro del PSOE. Por tanto, una vez constatado cuál es el punto débil de la democracia española, es esperable que el PSOE se decida ahora a dar más pasos para evitar que este "gobierno de los jueces" que ha declarado la guerra al ejecutivo español se salga con la suya.

Aunque la motivación última resulte impenetrable y solo el interesado tenga la respuesta, el hecho es que el episodio de la carta de Pedro Sánchez ha supuesto un fuerte cambio de dirección en la legislatura. Hasta la publicación de la carta, la amnistía lo llenaba todo. De repente, la conversación ha cambiado y nos encontramos todos discutiendo sobre democracia, bulos, cloacas, máquinas de fango y crispación.

Cree que hasta que él no se levanta el sol no sale. Este dicho resume bien el talante de Pedro Sánchez, que ha logrado situar todos los focos sobre él gracias a la insólita performance de la semana pasada, cuando dimitió de sus obligaciones durante cinco días, encerrado en la Moncloa, e hizo ver que meditaba sobre su continuidad como presidente. Fuera, el PSOE aguantaba la respiración fiándolo todo a la única carta que tienen, y el PP tenía el cava en la nevera para celebrar ese desaguisado.

Esta mañana he tenido interés en escuchar la entrevista que Àngels Barceló le ha hecho a Pedro Sánchez en la SER. Quería comprobar si después de dormir, Sánchez era capaz de explicar mejor que ayer qué proponía él, que es el presidente del gobierno español y tiene instrumentos a su alcance, para conseguir el tan noble propósito de la regeneración democrática.

El presidente español regresa de cinco días de reflexión y, después de un largo y emotivo introito pensado porque pensamos que se pliega, finalmente anuncia que, ahora, él y su mujer se sienten más fuertes y que, por tanto, continuará en la presidencia porque no puede que los malos ganen los bonos. Explica también que las muestras de apoyo, sobre todo las de su querido partido, han influido decisivamente en su decisión. Se marca un objetivo muy noble, como es "la regeneración pendiente de nuestra democracia", pero no concreta ninguna medida para conseguirla; sólo nos asegura que estos cinco días serán un punto y parto. Comunicó que suspendía la agenda con una carta personal y, cuando reaparece, ningún periodista le puede preguntar nada.