El Tribunal Supremo considera que la conocida como la ley de nietos "genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente la objetividad y transparencia del proceso electoral", lo que puede provocar "un daño irreversible" en las elecciones y, por tanto, a un "elemento esencial para el estado de derecho". El alto tribunal valida una a una las sospechas del PP y Vox, que aseguran desde hace tiempo que el gobierno español pretende manipular las próximas elecciones españolas otorgando la nacionalidad de forma masiva a familiares de exiliados republicanos, especialmente en Sudamérica. "Existe el riesgo de la alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el registro del censo electoral de residentes ausentes (CERA)", añade el auto –publicado este jueves–, que suspende cautelarmente el proceso de inscripción en el CERA hasta que se resuelva la impugnación presentada por los partidos de la derecha.

Ya hace casi dos meses que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la amnistía, pero, de momento, todo sigue igual. Los tribunales españoles mantienen bloqueados numerosos casos, incluso los directamente afectados por la decisión del TJUE, como el de los CDR y el del Tribunal de Cuentas. La última decisión, de este jueves, llega del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que mantiene suspendida la causa contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los responsables del segundo gobierno del 1-O. El TSJC presentó en 2024 una prejudicial a la justicia europea preguntándole si la malversación podía ser amnistiada. Como el TJUE todavía no ha respondido sobre esta cuestión, los magistrados Fernando Lacaba, Jesús María Barrientos y Carlos Ramos –que firman el auto–, reafirman su decisión de seguir esperando.

El día comienza con el accidente de un helicóptero en Nueva York en el que ha muerto y el piloto y los cinco pasajeros, una familia catalana, con residencia en Barcelona, ​​los padres y tres niños menores de edad.

La guerra abierta entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a los tribunales. Por primera vez en la democracia, el Supremo ha imputado al máximo responsable del ministerio público por revelar información sobre el procedimiento por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, en medio de la tormenta de acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE por sus supuestos casos de corrupción. Ahora la sala segunda investiga si García Ortiz y la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, cometieron un delito de revelación de secretos: es decir, si difundieron sin amparo legal unos datos que afectaban a un ciudadano sin responsabilidades políticas (pese a su relación con Ayuso) que pidieron antes al fiscal del caso, Julián Salto. Todos los expertos consultados por el ARA coinciden en que la decisión del fiscal general de hacer públicos estos datos en un comunicado es del todo anómala. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que esta investigación acabe con García Ortiz condenado a entre dos y cuatro años de cárcel?

El Supremo hablará pronto sobre la ley de amnistía, quizás la próxima semana. Y su posición marcará muy probablemente el desarrollo de la legislatura en el Estado y el curso que deba seguir el intento de formar gobierno en Cataluña. El papel del Supremo es muy relevante porque como máxima autoridad jurisdiccional deberá plantearse si considera que esta ley encaja con la Constitución o si existen dudas, y en este caso si es conveniente dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para una consulta prejudicial. La sala penal también puede llegar a la conclusión de que la ley no puede aplicarse al delito de malversación. Y eso sí que complicaría mucho las cosas.

Primero fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ahora es la del Tribunal Supremo. El fiscal Álvaro Redondo, encargado de realizar el informe, se opone a investigar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont y la decena de imputados en la causa de Tsunami Democrático, según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes del ministerio público al ARA este domingo. En un escrito que deberá recibir el aval de la junta de fiscales, Redondo considera que los disturbios durante las movilizaciones posteriores a la sentencia son constitutivos de un delito de desórdenes públicos –incluidos en la amnistía– y no de terrorismo, en diferencia de lo que sostiene el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El juez había pedido al Supremo asumir la investigación porque Puigdemont, como eurodiputado, es aforado.