El auge de la extrema derecha autoritaria está poniendo contra las cuerdas a la democracia y la convivencia. Es un fenómeno global muy preocupante al que está dando alas el presidente estadounidense, Donald Trump, codo con codo con el magnate tecnológico Elon Musk. La ola hace tiempo que crece también en Europa, donde ya gobierna en Italia y crece en casi todos los países. Cataluña y España no se escapan. En el conjunto del Estado, Vox es la tercera fuerza parlamentaria, y aquí la ultraderecha ha agujereado tanto en el campo españolista como en el independentista con Vox y Aliança Catalana, dos partidos que, más allá de su adscripción nacional, comparten con toda la extrema derecha europea –Le Pen, Orbán, Weidel, Wilders, Meloni... y la isla ni a las fragilidades sociales y económicas de familias y personas a menudo abocadas a la alegalidad ya trabajos precarios. Son partidos que, lejos de buscar la integración cívica, lingüística y cultural de los recién llegados, refuerzan directamente su estigmatización y echan la solución de la expulsión. Precisamente, su discurso puede ser caldo de cultivo de actitudes radicales. La intolerancia genera intolerancia.

La legislatura catalana arrancó con un pacto entre el PSC, Junts, Esquerra, los comunes y la CUP para renovar el cordón sanitario en la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana. Sin embargo, y pese a este compromiso, la mesa y la junta de portavoces del Parlament han acordado dar la presidencia de dos comisiones al partido españolista, la de textos normativos y la de peticiones. ¿Se ha agrietado el cordón sanitario, al menos contra Vox? Varias fuentes de los grupos firmantes lo niegan y justifican la decisión: aseguran que, con el reglamento de la cámara en la mano, no había más remedio que dar la presidencia de dos comisiones a Vox para cumplir con el reparto proporcional que se prevé en la norma. Para evitar que les sirvan como altavoz a discursos del odio, les dieron las dos comisiones más residuales en la vida parlamentaria, subrayan estas mismas fuentes.

El pacto en el Ayuntamiento de Barcelona que deja al margen a Vox de las presidencias de distritos y comisiones y de los encuentros con entidades y grupos de trabajo municipales no vulnera los derechos de la formación de extrema derecha. Así ha resuelto el juzgado de lo contencioso administrativo número 11 de Barcelona el recurso interpuesto por la formación extremista, en el que alegaba que el acuerdo municipal vulneraba el derecho fundamental a la participación política ya la libertad de expresión. La magistrada considera que el cordón sanitario que promovieron los comunes y que fue suscrito por todas las demás formaciones –PSC, TriasxBCN y ERC– salvo el PP “no tiene efectos jurídicos”.

En la legislatura que ahora termina, el cordón sanitario en Vox ha evitado que pudieran presentar ni pactar ninguna iniciativa legislativa en el Parlament y ha llevado al Gobierno a excluirlos de cumbres sobre temas que han marcado la legislatura, como la sequía o la gestión de los malos resultados en las pruebas PISA. Ahora bien, esto no ha impedido que Vox haya revalidado en las urnas a sus 11 diputados ni que haya entrado en la cámara catalana un segundo partido de extrema derecha: se trata deAliança Catalana, que irrumpe en el Parlamento con dos escaños después de conseguir una primera alcaldía en Ripoll y liderar temporalmente la de Ribera de Ondara, dos municipios donde el cordón sanitario en la extrema derecha independentista fracasó por falta de acuerdo entre los grupos municipales que podían hacerle frente. ¿Pero es ésta una buena estrategia para evitar que los ultras avancen a las instituciones?