En todo ese alboroto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a veces se pierde de vista la cuestión principal. Es decir, que la acusación es de haber filtrado un correo –real y verídico–, en el que un delincuente confiesa que ha estafado a Hacienda y pide un pacto para reducir su pena. A García Ortiz no se le acusa de prevaricar ni de apropiarse de dinero ajeno, ni de utilizar su cargo para enriquecerse. Lo que, por ejemplo, sí figura en el informe del juez contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que no sólo está investigado por cambiar leyes para beneficiar a determinadas empresas sino que además, públicamente, hacía ostentación de que conocía la situación fiscal de sus contrincantes, y también de los correligionarios. Es decir, revelaba secretos que igualmente no podía revelar, o amenazaba con hacerlo.

El viernes por la mañana los medios cubrían el acto deapertura del año judicial. Es un ritual institucional donde los discursos de la presidenta del Supremo y del fiscal general realizan un diagnóstico del estado de la justicia. Es un acto eminentemente corporativo y simbólico de lo que el ciudadano se siente alejado. Televisarlo puede interpretarse como un gesto de transparencia en el que el poder judicial se autoevalúa, pero a la vez contribuye a acentuar ese aura de distancia. En El rojo vivo, en La Sexta, por ejemplo, mantuvieron un recuadro fijo en pantalla con la imagen de la entrada del Tribunal Supremo para observar con detenimiento cómo llegaban los asistentes, como si fuera una alfombra roja de un festival de cine glamoroso.

Que el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, tuviera sólo siete páginas y prácticamente no haya rendido cuentas, ante el rey, de la actividad de los tribunales del último año demuestra la situación de excepcionalidad que vive ese poder del Estado, inmerso en una tensión y división incesante. La también presidenta del Tribunal Supremo ha dedicado la mayor parte de su intervención a rechazar las "insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de los poderes públicos", en una clara respuesta a los ataques del lunes del presidente español, Pedro Sánchez, en una jornada que estaba marcada por la presencia del fiscal general del Estado, a las puertas de ser juzgado y al que la derecha celebrado este viernes en Madrid. "Si estoy aquí es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el estado de derecho, en la independencia del poder judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", se ha defendido Álvaro García Ortiz, quien no piensa dimitir ni dudó en ningún momento de asistir.

Las negociaciones están muy varadas, pero la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, mueve ficha para intentar desbloquear la elección del relevo de Manuel Marchena en la presidencia de la sala segunda del Tribunal Supremo, la penal. El presidente del tribunal del 1-O dejó el cargo cuando acabó su mandato, el pasado diciembre, y desde entonces el presidente en funciones de la sala penal del Supremo es Andrés Martínez Arrieta, el integrante más veterano, que se jubila en dos años. Él es el aspirante preferido del bloque conservador y su rival es Ana Ferrer, la candidata que impulsa al grupo progresista que discrepa de la gran mayoría de sus compañeros en relación con la aplicación de la amnistía.

El malestar de la cúpula judicial con el gobierno español se ha dejado sentir este jueves en Barcelona. El acto de entrega de despachos en la nueva promoción de jueces ha reunido la plana mayor de la judicatura y el rey Felipe VI, que han aprovechado para enviar un mensaje en defensa de la justicia y de su funcionamiento. Desde la mesa de autoridades, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha tenido que oír cómo la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, leía la cartilla por la última reforma anunciada por el ejecutivo para reformar el acceso a la carrera judicial y hacerla menos elitista. "El vigente sistema de acceso es democrático, en tanto que garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y sea cual sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones", ha reivindicado Perelló. las becas a opositores y promover que ingresen en la carrera judicial o de fiscal profesionales del derecho con diez años de experiencia, sin pasar por una oposición. Las críticas de la también presidenta del Tribunal Supremo no se han detenido aquí. Perelló también ha avisado de que el CGPJ siempre estará "del lado de los jueces" y les defenderá de cualquier injerencia. a través de las asociaciones judiciales, a la reforma impulsada por el PSOE para desactivar el caso Begoña y otras causas que consideran fruto del lawfare.Perelló también ha salido en defensa de los magistrados que en los últimos tiempos, han recibido los dardos del gobierno español, como el instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado. ad personam o la atribución de intenciones ocultas a los jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de sitio. Sólo contribuyen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones", ha lamentado. La presidenta del CGPJ, que ha pronunciado parte de su discurso en catalán, ha pedido cautela al resto de poderes cuando opinen sobre lo que hacen los jueces. ~BK_SLT_LNA ~ Junto a Bolaños estaba el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuestionado por su imputación en la causa ante el Supremo por presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pese al choque entre el PSOE y la cúpula judicial, el acto también ha servido para evidenciar la normalización de las relaciones con las instituciones del Estado desde la llegada de Salvador Illa al Palau de la Generalitat. Es la primera vez que el jefe del ejecutivo catalán asiste a la entrega de despachos a los nuevos jueces desde el 2016, cuando aún acudió el entonces presidente, Carles Puigdemont. Durante los años del Proceso, los discursos del monarca estuvieron marcados por la defensa de la Constitución.

Entre los siete candidatos iniciales para presidir el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no había origen catalán. Nada hacía prever entonces que la candidata de consenso que sería el deslumbrante del bloqueo sería Isabel Perelló, nacida en Sabadell y con parte de su trayectoria en la Audiencia de Barcelona. Esta elección ha hecho que por primera vez en la historia de la democracia en el Estado, no sólo una mujer sea la máxima representante del poder judicial español, sino que lo sea alguien de Cataluña. El profesor de ciencia política de la Universidad de Valencia (UV) y recientemente nombrado director del Centro de Estudios de Opinión (CEO), Joan Rodríguez Teruel, quien lleva muchos años estudiando el fenómeno de las élites políticas en España, constata en una conversación con el ARA de que el caso de Perelló es una "excepción total" porque existe una "infrarrepresentación" de catalanes en los cuerpos burocráticos del Estado y no son habituales los casos en los que llegando a la cima.

La elección de Isabel Perelló como presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) me ha recordado mucho las polémicas sobre la búsqueda de un mediador internacional para resolver el conflicto con el Estado. A la nueva jefa de la estructura judicial en España le espera una labor muy pesada, la de hacer de conciliadora entre dos partes del universo de la justicia que parecen irreconciliables. De hecho, su nombramiento nace de un pacto entre conservadores y progresistas con el fin de que ninguno de los dos grupos se lleve una victoria clara. El gobierno español prefería perfiles más comprometidos con la izquierda judicial, como el de las magistradas Ana Ferrer o Pilar Teso, que acabó por retirarse de la carrera. Y los conservadores propusieron a Perelló pensando que su vocación de mediadora –ejercida varias veces en su sala del Supremo, la contenciosa– les evitaría episodios de derrota. Pero si se creen lo que no es más que una suposición, la victoria de los conservadores resulta pírrica. Isabel Perelló no levanta la voz, pero sabe mandar. A su estilo, con buenos modales, y sin abandonar sus convicciones.

Isabel Perelló volvía de Estados Unidos cuando se enteró de que el pleno del órgano de gobierno de los jueces le escogería como la primera presidenta del Consejo General del Poder Judicial. 48 horas después, este jueves pronunciaba un discurso que había terminado a las cuatro de la madrugada y que, sin citas directas, ha hecho sobrevolar a la amnistía en el acto de apertura del año judicial. "Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico", soltó Perelló, en presencia de Felipe VI y del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Un cierre de filas en toda regla con los jueces ante el enfrentamiento que se vive con el gobierno español –y las fuerzas independentistas– por la no aplicación de la ley de olvido judicial en algunos casos como el del expresidente Carles Puigdemont. La otra gran pata de su intervención ha sido la reivindicación femenina ante la "inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social".

La apertura del año judicial es uno de esos actos de pompa y circunstancia en los que España muestra sus mejores galas y su escenografía más solemne, cargada de medallas, puñetas y oscuridades del Siglo de Oro. La pátina abarrocada va adherida a la idea de que brilla con más fuerza en estas ocasiones, y que no es tanto la de una justicia comprometida con los valores de la democracia como la de la indisoluble unidad de España, personificada en la figura del jefe de estado, el rey Felipe VI.

Por muchas y justificadas razones, la noticia del día es ésta:

La magistrada del Tribunal Supremo Isabel Perelló Doménech (Sabadell, 1958) tomará posesión este miércoles como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. Es la primera mujer en serlo. Perelló habla catalán, castellano, portugués e inglés y empezó su actividad jurisdiccional en Maó (Menorca), en la Audiencia de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vivió muchos años en Galicia y estudió en la Universidad de Santiago. Sirvió en la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en la Audiencia Nacional (1993-1994) y también fue letrada en el Tribunal Constitucional (1994-2003). En el Supremo entró en el 2009. Fuentes jurídicas que le han tratado destacan su "solvencia jurídica" y la definen como "sensata". En 1984 ingresó en la carrera judicial en la cuarta posición de su promoción. En su paso por el Supremo ha coincidido con la actual ministra de Defensa, la jueza Margarita Robles, con la que comparte amistad.