La ley para desactivar el caso Begoña choca con los recelos de los aliados de Sánchez
Juntos puede encarecer sus votos en una ley clave para el presidente español, aunque también beneficiaría a Puigdemont
MadridHay una ley que a Pedro Sánchez le interesa más que la de presupuestos generales del Estado para 2025. Es la iniciativa que el PSOE registró hace diez días en el Congreso para limitar la acusación popular en causas judiciales: si se aprueba comportaría que cayera el procedimiento abierto contra su pareja, Begoña Gómez, y en el que la derecha especula con que el presidente español acabará imputado. Sin embargo, las primeras reacciones de los potenciales aliados de Sánchez no son del todo esperanzadoras. EH Bildu la ve con buenos ojos, pero Sumar, PNV y Junts han mostrado recelos. Es una nueva oportunidad para los de Carles Puigdemont para encarecer sus siete votos, si bien es una reforma legal que también beneficiaría al expresidente y podría permitirle volver a Catalunya sin tener que pasar por la cárcel.
No ha sido hasta esta pasada semana que ministros del gobierno español han defendido esta polémica reforma, fuertemente criticada en el sector de la justicia. A grandes rasgos, lo que hace es prohibir a partidos políticos, organizaciones vinculadas y asociaciones de jueces y fiscales ejercer la acción popular, y limitar esta herramienta durante las instrucciones judiciales. La propuesta del PSOE es que no puedan participar en esta primera fase de los procedimientos –no tendrían acceso al sumario ni podrían asistir a interrogatorios ni pedir diligencias– y su papel se limitaría a poder recorrer un hipotético archivo en caso de que el juez instructor o la Fiscalía no estimaran pertinente llevar el caso a juicio. El artículo 125 de la Constitución establece de forma genérica que los ciudadanos podrán ejercer la acusación popular y el ejecutivo del Estado sostiene que el derecho queda igualmente garantizado.
"En los últimos años se ha utilizado de forma espuria y pervertida en varias ocasiones por organizaciones de extrema derecha para instrumentalizar la acción de la justicia", manifestaba el ministro del Interior y juez de la Audiencia Nacional en servicios especiales, Fernando Grande-Marlaska. "Es necesario regularla porque es una feria de ultras con ganas de publicitarse", decía el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La Moncloa ha subrayado que es una figura que en el marco europeo sólo existe en España y Andorra y que operadores jurídicos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ya han expresado que debería modificarse.
El PNV comparte en líneas generales la tesis del PSOE, pero considera que querer aplicar esta reforma legal con efectos retroactivos "le resta credibilidad", según expresó su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, el pasado jueves. Que tenga impacto en causas abiertas como la de Begoña Gómez y, por tanto, que vaya destinada a beneficiar a personas "con nombres y apellidos", tal y como denunciaron las asociaciones judiciales cuando se dio a conocer el texto, no es "ejemplar" , creen los nacionalistas vascos. Desde Sumar, su portavoz, Ernest Urtasun, manifestaba que la acusación popular es "fundamental en democracia" y dejaba claro que su partido no está de acuerdo en eliminarla ni limitarla. Fuentes del espacio recuerdan que a menudo son entidades ecologistas, de defensa de consumidores o de defensa de los derechos humanos las que han logrado sentencias importantes frente a la falta de ambición de la acusación pública –la Fiscalía–. La propuesta del PSOE permite el ejercicio de la acusación popular a asociaciones que muestren un interés o vínculo concreto con los hechos, eso sí, con el rol limitado.
La oposición de Juntos
ERC está preparando enmiendas a la ley y Junts anunció que presentaría una enmienda a la totalidad con texto alternativo porque veía la reforma del PSOE "insuficiente" y que no afronta el "problema estructural del Estado y se aleja de una verdadera regeneración democrática". Ahora bien, no concretaba en qué no está de acuerdo. La oposición frontal sorprende de entrada porque la aprobación podría acarrear la expulsión de Vox de las causas judiciales del Proceso. Si esto ocurriera, no habría ninguna acusación de que pidiera el ingreso en prisión provisional de Puigdemont en caso de volver a Catalunya –la Fiscalía, que reclama la amnistía, no lo haría– y, por tanto, el juez Pablo Llarena no podría decretarla.
