El fiscal general y las críticas de Perelló a Sánchez tensan el poder judicial
García Ortiz: "Estoy aquí porque creo en la justicia y en la verdad"; la presidenta del CGPJ: "No es aceptable atribuir al poder judicial intenciones contrarias a la actuación jurisdiccional"
MadridQue el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, tuviera sólo siete páginas y prácticamente no haya rendido cuentas, ante el rey, de la actividad de los tribunales del último año demuestra la situación de excepcionalidad que vive ese poder del Estado, inmerso en una tensión y división incesante. La también presidenta del Tribunal Supremo ha dedicado la mayor parte de su intervención a rechazar las "insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de los poderes públicos", en una clara respuesta a los ataques del lunes del presidente español, Pedro Sánchez, en una jornada que estaba marcada por la presencia del fiscal general del Estado, a las puertas de ser juzgado y al que la derecha celebrado este viernes en Madrid. "Si estoy aquí es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el estado de derecho, en la independencia del poder judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", se ha defendido Álvaro García Ortiz, quien no piensa dimitir ni dudó en ningún momento de asistir.
Era tan grande el elefante en la habitación que era imposible rehuirlo, así que el fiscal ha ido al grano en cuanto ha empezado su intervención. "Soy plenamente consciente de las circunstancias singulares de mi intervención a consecuencia de mi situación procesal. Respeto todas las opiniones que se puedan manifestar", ha puesto en marcha. Tras reivindicarse ha hecho un largo repaso a la memoria del ministerio público. Las últimas horas habían estado marcadas por una presión furibunda del PP, las asociaciones de jueces y fiscales afines y los vocales conservadores del CGPJ en contra de su presencia en esta sesión presidida por Felipe VI. De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ausentado al considerar una "provocación" de que García Ortiz haga una exposición sobre la actividad de la Fiscalía teniendo en cuenta que está a un paso de ir a juicio por presunta revelación de secretos.
El rey ha constatado la incomodidad latente, pero su papel testimonial le ha impedido expresar su voluntad de que todo el mundo haga un esfuerzo por rebajar la tensión y preservar las instituciones. En los últimos días la derecha política y judicial ha pretendido trasladar que la asistencia de García Ortiz sometía al monarca a tensión institucional, pero lo cierto es que el acto de este viernes ha transcurrido, más allá del clima, tal y como estipula la ley. Con la salvedad que quiso hacer el 3 de octubre del 2017, en que Felipe VI se inmiscuyó en un conflicto político, no es función del rey pronunciarse sobre cuestiones políticas. La presidenta del CGPJ sí censuró el intento del bloque conservador de apartar al fiscal general, y advirtió de que "no es propio del poder judicial entrar en polémicas y críticas a instituciones". "Cada uno es responsable de sus actos", ha dicho.
Contrariamente a lo esperado, Perelló se ha prodigado en la respuesta a las críticas del poder ejecutivo, especialmente a Sánchez, que el lunes en una entrevista en TVE señaló la "minoría" de jueces que "hacen política". "Son aceptables el desacuerdo y la crítica, pero no lo es desacreditar al poder judicial atribuyéndole intenciones u objetivos que resulten abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional", ha pronunciado Perelló, ante el rey y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. "[Las descalificaciones] son impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no sólo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional", añadió.
Varios magistrados progresistas consultados por el ARA recelaban tras el discurso de Perelló porque su defensa de la separación de poderes no le ha dirigido también a aquellos jueces que antes del verano se manifestaron para protestar contra modificaciones legislativas en marcha, como la de la democratización en el acceso a la justicia. La presidenta del CGPJ ha hablado de unas reformas que "generan legítima preocupación en la judicatura" y que significan "retrocesos" en formación e independencia. Por el contrario, García Ortiz ha mostrado su adhesión. "Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio, nunca habrá un momento adecuado", ha dejado caer el fiscal general, quien también ha defendido la reforma legal para que sea el ministerio público quien dirija las instrucciones penales –y no a los jueces, como ahora–. Para este cambio, García Ortiz se mostró de acuerdo en que habrá que "establecer un sistema de contrapesos" y "restringir el poder del fiscal general del Estado, si es pertinente", dijo.
¿Un aviso a Peinado?
Pese al discurso corporativista, entre líneas puede interpretarse también un posible aviso de Perelló a los jueces para que, efectivamente, actúen de acuerdo con la ley. "La independencia judicial conlleva responsabilidad. También nosotros debemos responder por nuestra actuación y el ordenamiento jurídico dispone de los instrumentos necesarios para exigirnos esta responsabilidad cuando proceda. La independencia nos protege ante injerencias en el ejercicio de nuestra función, pero al mismo tiempo nos somete con mayor rigor al derecho. El CGPJ tiene atribuida la potestad disciplinaria sobre los jueces. subrayado Perelló, después de que Sánchez considerase que el órgano de gobierno de los jueces debería intervenir contra los magistrados que persiguen a sus familiares. De hecho, ya existen expedientes informativos en estudio dentro del CGPJ contra Juan Carlos Peinado, el magistrado que investiga a su esposa, Begoña Gómez.
La amnistía es el otro gran elemento de tensión y el Supremo espera que el Tribunal Constitucional resuelva recursos de amparo de los líderes del Proceso. "Los jueces y magistrados no obedecemos a órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función", afirmó, tal y como ya hizo el año pasado, que podría ser una referencia a los comentarios sobre cómo aplicar la ley de amnistía. "La independencia exige que no se nos presione, no se nos condicione y no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política, ni con expectativas que desconocen los principios y tiempos del proceso", ha destacado.
Los aplausos
Pese a la tensión ambiental, la sesión ha discurrido con cierta normalidad: no se ha producido un plante de magistrados ni vocales en García Ortiz, aunque sí ha habido división en los aplausos una vez ha terminado el discurso. Se han escuchado desde la parte trasera de la sala, donde se sientan autoridades que no forman parte del Supremo ni del CGPJ, y de secretarios judiciales cuando ha terminado el fiscal del Estado. Perelló ha recibido más, por parte de vocales conservadores y de alguna fiscal indisimuladamente ubicada a la derecha como Consuelo Madrigal, el ex fiscal general del Estado con Mariano Rajoy. En los próximos meses, habrá que ver si García Ortiz debe volver al Supremo, esta vez para ser juzgado por un tribunal que formarán al presidente de la sala segunda, Andrés Martínez Arrieta, ya los magistrados Manuel Marchena, Antonio Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer. Esto es, de mayoría conservadora.