¿Por qué da miedo la densidad? Porque hasta hace cincuenta años, si no se prohibía expresamente, los propietarios podían añadir pisos, aumentar volúmenes y cambiar de usos las fincas sin contrapartida alguna para la ciudad. Si no se hacía más, era porque las paredes maestras soportaban dos o tres alturas de remonta, no mucho más. El aspecto que todo esto dio a las ciudades era bastante salvaje, con cajas de calles que de un día para otro tenían fachadas más altas, sin que la anchura de las calles aumentara, y así se perdía luz y aire en el interior de las viviendas.

El pasado día 5, el presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, propuso a la sociedad española un pacto social en favor de la inmigración evitando el carácter ideológico y partidista que caracteriza al debate y centrándolo en los efectos económicos que está teniendo la evolución demográfica.

Suele atribuirse la escasez de suelo finalista (urbano consolidado) para construir vivienda asequible al planeamiento (a la complejidad técnica del urbanismo), pero Ignacio Ezquiaga, en un estudio para la Fundación Funcas, tiene otra explicación, que me parece convincente a la luz de lo que yo conozco de la Sareb.

El Ayuntamiento de Barcelona acelera el despliegue del Pla Viure, la estrategia municipal que quiere hacer frente a la crisis de vivienda y garantizar que el acceso a un piso digno y asequible deje de ser el principal quebradero de cabeza de la ciudadanía. Con el lema "Priorizamos la vivienda", el plan sitúa a esta política como una de las grandes prioridades del mandato y define las acciones que se llevarán a cabo para garantizar y universalizar el derecho a la vivienda.

No poder tener una vida realmente autónoma hasta los 35 años es lo que ocurre en ocho de cada diez catalanes. Es una anomalía social en toda regla. La dependencia de los padres, es decir, el hecho de verse obligado a compartir vivienda con los progenitores –ya la vez, en parte, a depender de sus ingresos–, impide a un gran número de jóvenes tener la independencia vital de la que sí gozaron las generaciones precedentes a su misma edad. Una falta de independencia como ésta conlleva renuncias y peajes. Lo más conocido y evidente es el retraso a la hora de emparejarse de manera estable y, por tanto, de decidir formar una unidad familiar. Y, como consecuencia, la renuncia o aplazamiento, a menudo forzados por la situación, de tener hijos. La baja natalidad catalana, que no deja de acentuarse, tiene mucho que ver con esa disfunción social.

El fútbol catalán no es ajeno al drama de la vivienda, y especialmente los clubs modestos, de más abajo de Segunda, lo sufren. Los más afectados son los secretarios técnicos, sobre todo de equipos de Barcelona y alrededores, que trabajan para hacer plantillas que rindan con poco dinero y jugadores locales. "Nos condiciona mucho. Los recursos son limitados, y hay que racionalizarlos. Por regla general, apostamos por fichar a futbolistas catalanes que no necesiten alojamiento, porque poner piso es un gasto muy importante", dice Josep Maria Gené, director deportivo de Europa, que ha subido a Primera RFEF, la tercera categoría estatal, con uno de los presupuestos más bajos de Segunda RFEF.

Nueva victoria vecinal, la segunda en pocos días en la Casa Orsola. El desahucio que se paró el viernes y que se aplazó para la madrugada del martes se ha vuelto a detener. Así lo ha anunciado el Sindicato de Alquiladoras y lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Se aplaza, pero no para: la nueva fecha fijada por el juez es el día 18 de febrero.

La respuesta es muy sencilla: para esquivar los precios limitados del alquiler de larga estancia.

Es un edificio enorme. Una mole. Tiene en total 152 pisos, todos nuevos de trinca, que en teoría son para personas mayores. El Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona los acabó a finales del año pasado, pero, a pesar de eso, no vive nadie. Continúan vacíos. Una valla rodea el edificio. En el interior un vigilante hace guardia para que nadie entre.

Hace poco más de un mes el gobierno español anunció la intención de "blindar a perpetuidad" el parque de vivienda pública. Una propuesta a la que ahora el ejecutivo añade la creación de una empresa pública que sea capaz de "gestionar y construir viviendas" desde la administración general del Estado, tal y como anunció el presidente español, Pedro Sánchez, este domingo durante el 41 Congreso del PSOE en Sevilla. Si bien ambas medidas se han planteado en un momento en que el acceso a la vivienda es ya una "emergencia social" para el gobierno español y después de semanas de presión social con manifestaciones en todo el Estado para bajar los precios de los alquileres, no dejan de ser anuncios pendientes de ponerse negro sobre blanco, lo que en el caso de la empresa pública ha generado más preguntas que respuestas. También escepticismo –Sumar, el socio minoritario en el gobierno, ha abrazado la propuesta, pero ha exigido concreción–. Por ejemplo, ¿cuál será el rol de Sareb, la empresa conocida como elbanco malo, y que el propio gobierno es ubicada en la diana del parque público de vivienda?

¿Qué le queda a la gente al final, cuando la vida se hace imposible? Hecharlo tot por la borda y tomarse la justicia por su cuenta? Una salida que tarde o temprano te puede enviar a la marginalidad. No es recomendable como solución individual. ¿Y como protesta colectiva? A veces ocurrió.

La intervención pública en el mercado inmobiliario es esencial para generar oferta de vivienda asequible, bajar precios, regular el alquiler de temporada y facilitar el acceso a la vivienda de la población residente. Lo defiende el economista, consejero insular, ex director general de Vivienda del Govern Balear y actual vocal asesor especializado en vivienda de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Eduard Robsy Petrus (Maó, 1976). Actualmente forma parte desde marzo de los grupos de trabajo que estudian cómo regular los contratos de alquiler turístico y de temporada.