Resulta complicado hablar de lawfare en los casos que acosan al PSOE por la multitud de pruebas y evidencias que se acumulan cada día, pero si hay uno que podría servir para ilustrar un caso de lawfare de manual sería el que afecta a la mujer del presidente español, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado una instrucción surrealista, guiada por una evidente mala fe y hostilidad hacia Pedro Sánchez y su entorno. Por eso, todo el mundo daba por hecho que el pasado lunes, cuando Begoña Gómez fue citada para una vista, el juez procedería a comunicarle su procesamiento y la apertura del juicio oral. Sorprendentemente, sin embargo, cinco días después, el juez aún no ha comunicado su decisión, y ni siquiera ha dictaminado sobre la petición de la acusación popular de retirarle el pasaporte de forma preventiva, lo que alarga sin justificación el procedimiento.

La vida política española tiene esta semana un calendario bastante explícito: ayer declaró ante el juez Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez; hoy declara en el Senado la directora general de la Guardia Civil por sus contactos con Leire Díez, y mañana tiene que declarar Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales por haber hecho de intermediario en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, a pesar de que el expresidente español ha pedido más días al juez para defenderse sobre el origen de las joyas, que ahora resulta que tienen un valor que asciende a más de un millón de euros. Es un momento infernal para el PSOE.El juez tiene que decidir si retira el pasaporte a Begoña Gómez, porque no quiere que salga de España porque cree que hay riesgo de fuga, mientras que de la investigación de la Guardia Civil sobre las cloacas del PSOE se desprende que Santos Cerdán ordenó aprobar todos los viajes de Leire Díez sin ninguna comprobación y que “nadie sabe qué pasaba en el despacho de Cerdán”. Contactos en Madrid me dicen que la mayoría de los ministres están desolados, y que Sánchez aguanta porque se lo juega la vida o, al menos, la libertad. La deriva catalana de este panorama ya la saben: Salvador Illa es íntimo de Sánchez y, ahora mismo, es el único dirigente socialista con peso en España.Y mientras tanto, ¿qué hace Illa? Ayer el president firmó un nuevo pacto de estos que tanto le gustan, esta vez con patronales y sindicatos, para relanzar la industria, de manera que dentro de tres años y medio, en 2030, la industria represente el 25% del PIB de Cataluña. Ahora no llega al 20% en una economía, como la nuestra, muy inclinada hacia el sector servicios.Cataluña es todavía un país industrial, y hace más de un siglo que lo empezó a ser. Quiero decir que hay realidades que no se improvisan, y ahora Illa vuelve a una narrativa muy pujolista de la Cataluña locomotora a través del crecimiento industrial. El viernes oí al presidente en La Seu d'Urgell, en el Encuentro Empresarial en el Pirineo. Les habló de aquella asociación de los Cuatro Motores para Europa de la época de Pujol, creada en 1988: Cataluña (Barcelona), Baden-Wurtemberg (Stuttgart), Lombardía (Milán) y Auvernia-Ródano-Alpes (Lyon). Illa habló a los empresarios de confianza, del valor de un sistema público de salud como el de Cataluña, e incluso del humanismo cristiano. Fue un discurso de normalidad institucional y constitucional, sin aventuras políticas, muy centrado en reverdecer el potencial económico del país a base de innovación, de apertura exterior y de exportaciones, en un tono que recordaba el de Pujol, con la diferencia de que han pasado 23 años desde que Pujol dejó de ser presidente. Illa habla del futuro económico del país como un convergente, quizás porque aspira a ganar la reelección desde la centralidad convergente, ahora que la rosa del puño está marchita y amenazada y que los herederos de Convergencia están atrapados con el líder aún en el exilio.Buenos días.

El gobierno español acostumbra a ser prudente cuando se tiene que pronunciar sobre el poder judicial, pero hay dos excepciones: el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en que defendieron su inocencia hasta el final, y la causa de la mujer del presidente español, Begoña Gómez, que este lunes el juez Juan Carlos Peinado dejó a un paso de juicio. Este martes hasta tres ministros han hecho piña con la mujer de Pedro Sánchez y hasta han insinuado que hay persecución política. Aún más, se han reafirmado en que todo será corregido por instancias superiores. "Estamos en un estado de derecho y no en el régimen de Fernando VII", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en alusión a la referencia que Peinado hizo en su auto en que comparaba el gobierno español con un régimen absolutista.

La crónica política sigue siendo una crónica judicial, con los juicios que continúan a Jorge Fernández Díaz y la cúpula patriótica policial, a Ábalos y Koldo y a la familia Pujol.

Dos años después de dar el pistoletazo de salida a la investigación que provocó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción sobre Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio por cuatro delitos. Está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado cree que su condición de esposa del presidente español sirvió "para influir" y le permitió "acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales".

El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva su causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Este miércoles el magistrado ha rechazado archivar la causa y ha hecho otro movimiento: ha imputado a otro cargo de la Moncloa, la actual secretaria general de Presidencia y ex directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, Judit Alexandra González Pedraz. Peinado le cita a declarar el 12 de noviembre, en la que le comunicará los hechos que se le imputan y que es investigada por un delito de malversación. Una de las patas de esta causa es la contratación de la exasesora de Gómez, Cristina Álvarez, por la que el magistrado mantiene imputados por el mismo delito a la propia Álvarez, Begoña Gómez y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que antes tenía un cargo en Presidencia. La tesis del juez es que la contratación de esta asesora hecha con dinero público servía en realidad para gestionar asuntos privados de Begoña Gómez. Para justificar este delito, en el auto que se ha hecho público este miércoles, el juez recurre a la sentencia del Proceso por malversación.

El intento del polémico juez Juan Carlos Peinado por apretar el círculo sobre Pedro Sánchez se ha cobrado una nueva víctima: el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En un auto firmado este lunes, el instructor del caso Begoña Gómez eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Bolaños por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falso testigo. Todo ello por el nombramiento de Cristina Álvarez, una asesora de la Moncloa que trabajaba como asistente para la esposa de Pedro Sánchez. Le atribuye la responsabilidad de su designación en la época en la que era secretario general de la Presidencia del gobierno español. Bolaños compareció esta tarde ante los medios para expresar su "tranquilidad total" ante la decisión del juez, pero también la "preocupación por la imagen de la justicia" que deja esta resolución.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva causa contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y le imputa dos nuevos delitos –intrusismo y apropiación indebida– por el uso de un software en la cátedra que dirigía a la Universidad Complutense. Como ya ocurre en la primera causa, la que investiga si hubo tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el caso del rescate de Air Europa, los indicios son muy débiles, si no inexistentes, y todo proviene de denuncias organizaciones de extrema derecha. Este nuevo movimiento es la respuesta de Peinado a los intentos tanto de la defensa de Gómez como del propio Sánchez de apartarle de la causa acusándole de prevaricación. Como se vio en las investigaciones sobre el Proceso, el poder de los jueces instructores es casi absoluto. Da igual que la Fiscalía no acuse o que la Guardia Civil no vea delito: si el juez quiere seguir adelante es muy difícil impedirlo.