El gobierno español acostumbra a ser prudente cuando se tiene que pronunciar sobre el poder judicial, pero hay dos excepciones: el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en que defendieron su inocencia hasta el final, y la causa de la mujer del presidente español, Begoña Gómez, que este lunes el juez Juan Carlos Peinado dejó a un paso de juicio. Este martes hasta tres ministros han hecho piña con la mujer de Pedro Sánchez y hasta han insinuado que hay persecución política. Aún más, se han reafirmado en que todo será corregido por instancias superiores. "Estamos en un estado de derecho y no en el régimen de Fernando VII", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en alusión a la referencia que Peinado hizo en su auto en que comparaba el gobierno español con un régimen absolutista.

La crónica política sigue siendo una crónica judicial, con los juicios que continúan a Jorge Fernández Díaz y la cúpula patriótica policial, a Ábalos y Koldo y a la familia Pujol.

Dos años después de dar el pistoletazo de salida a la investigación que provocó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción sobre Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio por cuatro delitos. Está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado cree que su condición de esposa del presidente español sirvió "para influir" y le permitió "acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales".

El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva su causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Este miércoles el magistrado ha rechazado archivar la causa y ha hecho otro movimiento: ha imputado a otro cargo de la Moncloa, la actual secretaria general de Presidencia y ex directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, Judit Alexandra González Pedraz. Peinado le cita a declarar el 12 de noviembre, en la que le comunicará los hechos que se le imputan y que es investigada por un delito de malversación. Una de las patas de esta causa es la contratación de la exasesora de Gómez, Cristina Álvarez, por la que el magistrado mantiene imputados por el mismo delito a la propia Álvarez, Begoña Gómez y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que antes tenía un cargo en Presidencia. La tesis del juez es que la contratación de esta asesora hecha con dinero público servía en realidad para gestionar asuntos privados de Begoña Gómez. Para justificar este delito, en el auto que se ha hecho público este miércoles, el juez recurre a la sentencia del Proceso por malversación.

El intento del polémico juez Juan Carlos Peinado por apretar el círculo sobre Pedro Sánchez se ha cobrado una nueva víctima: el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En un auto firmado este lunes, el instructor del caso Begoña Gómez eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Bolaños por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falso testigo. Todo ello por el nombramiento de Cristina Álvarez, una asesora de la Moncloa que trabajaba como asistente para la esposa de Pedro Sánchez. Le atribuye la responsabilidad de su designación en la época en la que era secretario general de la Presidencia del gobierno español. Bolaños compareció esta tarde ante los medios para expresar su "tranquilidad total" ante la decisión del juez, pero también la "preocupación por la imagen de la justicia" que deja esta resolución.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva causa contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y le imputa dos nuevos delitos –intrusismo y apropiación indebida– por el uso de un software en la cátedra que dirigía a la Universidad Complutense. Como ya ocurre en la primera causa, la que investiga si hubo tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el caso del rescate de Air Europa, los indicios son muy débiles, si no inexistentes, y todo proviene de denuncias organizaciones de extrema derecha. Este nuevo movimiento es la respuesta de Peinado a los intentos tanto de la defensa de Gómez como del propio Sánchez de apartarle de la causa acusándole de prevaricación. Como se vio en las investigaciones sobre el Proceso, el poder de los jueces instructores es casi absoluto. Da igual que la Fiscalía no acuse o que la Guardia Civil no vea delito: si el juez quiere seguir adelante es muy difícil impedirlo.