La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, dice no a Carlos Mazón. La magistrada ha rechazado la petición del expresidente valenciano de personarse en la causa en la que investiga la gestión de la gota fría, según ha avanzado El Levante y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJPV). El exjefe del Consell, a quien la jueza responde que la personación es incompatible con su condición de testigo –ella misma lo citó a declarar, aunque todavía no ha fijado la fecha–, podría recurrir ahora la decisión ante la Audiencia Provincial, según el diario.

El expresidente valenciano Carlos Mazón ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, personarse en la causa. Lo ha hecho en un escrito que ha remitido al juzgado después de que la jueza le citara la semana pasada a declarar como testigo –una citación que todavía no tiene fecha– y que el Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) valenciano rechazara la petición de investigarlo. ¿Por qué hace ahora este movimiento Mazón? ¿Qué ganaría si se acepta su petición?

Ha llegado el momento. La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la DANA en el País Valenciano ha citado como testigo al exjefe del Consell Carlos Mazón. La citación, que aún no tiene fecha, incorpora la petición de que aporte de forma voluntaria los mensajes y las llamadas del 29 de octubre de 2024 relacionados con la gestión de la tragedia.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha pedido archivar la querella contra la jueza que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, por la presunta participación en la causa de su marido, el también magistrado, Jorge Martínez Ribera. Así lo ha informado este lunes el ministerio público mediante un comunicado, en el que explica los motivos por los que rechaza el litigio abierto hace unas semanas por el agitador ultra Rubén Gisbert con el objetivo de apartar a la magistrada.

Finalmente serán los cinco magistrados de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV) los que deberán decidir si aceptan investigar al exjefe del Consell Carlos Mazón –que continúa siendo aforado como diputado en las Cortes–. A los tres jueces designados inicialmente, el presidente de la sala y del TSJPV, Manuel Baeza; la magistrada María Pía Calderón, que será la ponente; y el togado José Francisco Ceres, se suman ahora los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres. La ampliación ha sido acordada este jueves por Baeza dada la relevancia de la causa. Sobre la mesa está la petición de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que defiende que es necesario imputar al político alicantino por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes y omisión de socorro.

"Son mi historia personal, si las pierde, perderé la mitad de mi historia", se lamenta Rafael. "Recuperarlas sería sanador", suspira Aurelia. "Lo es. Yo ya he podido y estoy muy agradecida", confirma aligerada Amparo. La conversación tiene lugar en una casa del centro histórico de Paiporta, el epicentro de la fatídica dana que se llevó la vida de 230 personas sólo a la Comunidad Valenciana. La mesa en torno a la que se sientan los tres amigos está llena de papeles y fotografías. Algunas son imágenes recuperadas de las garras de la catástrofe, otras, el testimonio de la impronta de las inundaciones. Con calma, repasan una a una las instantáneas. Su contemplación les despierta los recuerdos y anécdotas. Unas dibujan una sonrisa, otras hacen que se humedezcan los ojos y que afloren las lágrimas.

Maite Gómez, que fue jefa de prensa del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha afirmado este viernes ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la tarde de la tragedia desconocía que el exjefe del Consell estaba en el restaurante El Ventorro de València comiendo con la comunicadora Maribel Vilaplana. De hecho, ha reconocido que la información que fue trasladando a los medios de comunicación aquella jornada y los días posteriores sobre cómo el dirigente del PP gestionó la catástrofe estaba basada en lo que le pareció lógico y no en lo que realmente sabía. Así lo ha dicho a la magistrada, según han explicado al ARA fuentes presentes en su declaración. La respuesta de la periodista ha molestado a la togada, que le ha contestado que no se puede creer que informara a los medios de comunicación sobre dónde estaba el presidente en un día tan importante como el de la dana sin antes confirmarlo con él.

La extrema derecha intenta acabar con la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, y liquidar la causa que se investiga en los juzgados de Catarroja. El agitador y abogado ultra Rubén Gisbert, conocido por haberse enfangado los pantalones antes de una retransmisión en Cuatro en los días posteriores a la tragedia, ha presentado una querella contra la magistrada por la presunta participación e intervención de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, durante declaraciones de víctimas de la gota fría. La querella, a la que ha tenido acceso el ARA y que también suscriben tres familias de víctimas, pide apartarlos a ambos de la carrera judicial y anular toda la instrucción del caso. Una petición que llega justo en el momento en que Tobarra ha pedido imputar al expresidente Carlos Mazón por homicidio imprudente.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dado el paso y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputar a Carlos Mazón por homicidio y lesiones imprudentes y omisión de socorro por una gestión de la dana que ha calificado de "inactividad negligente". La decisión supone elevar la causa al tribunal autonómico, que tendrá que decidir sobre el futuro del expresidente, que mantiene la condición de aforado porque todavía es diputado en las Cortes. Si el TSJ da por buenos los argumentos de la magistrada, Mazón se sumará a la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y a su exnúmero dos Emilio Agüero, que son los únicos imputados en la causa hasta ahora.

Un nuevo testigo puso aún más en cuestión la actuación del expresidente valenciano Carlos Mazón el día de la dana. El chófer del exjefe del Consell ha confirmado la falsedad de las múltiples versiones que el dirigente del PP y su equipo explicaron sobre su gestión de la catástrofe y, especialmente, sobre su llegada al Palau de la Generalitat y al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Según detallaron al ARA fuentes presentes en su declaración, el conductor aseguró este viernes ante la juez instructora que el primer ES-Alert –20.11 h– sonó mientras Mazón se dirigía al Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en la localidad metropolitana de Eliana, y cuando aún no había salido de la ciudad. El relato del chófer coincide con la versión aportada por los escoltas el pasado 9 de febrero, que situaron la llegada del dirigente popular al Palau a las 19.50 h. "Iba solo. Subió al despacho y dijo: «Ahora baje y nos vamos»", detallaron. También lo hace con el testigo del jefe del dispositivo de seguridad, que hoy admitió que fue "excepcional" que volviera sin seguridad del restaurante El Ventorro. "Lo normal es que nos diga hora de recogida", resumió.

La Generalitat Valenciana abonará ahora una indemnización de 80.000 euros a los familiares de las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024. El anuncio lo ha realizado este miércoles el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en su primera sesión de control en Les Corts.

Con el cambio de año, el Partido Popular logró finalmente llevar la crisis de la dana al País Valenciano más o menos allí donde quería: Mazón fue dimitido y sustituido por un nuevo presidente del Consell (aunque el elegido no fuera ni siquiera el candidato de Feijóo, lo urgente era sacar al carbonizado Mazón de la primera línea). Juan Francisco Pérez Llorca –Juanfran, para los amigos– preside ahora un ejecutivo que puede dedicarse tranquilamente a lo que importa: hacerse cargo del plan de reconstrucción del País Valenciano tras la dana, un Plan Endavant (así se llama) que supone 29.000 millones de euros a repartir entre los a. Es importante no olvidarlo, porque éste, como decía el poeta, es el verdadero argumento de la obra.

El exjefe de gabinete de Carlos Mazón ha exasperado este lunes a los diputados de la comisión de investigación sobre la dana que se hace en el Congreso de los Diputados, que le han llegado a acusar de mentiroso. José Manuel Cuenca se ha negado a explicar las conversaciones que mantuvo con el expresidente valenciano durante ese fatídico 29 de octubre de 2024 y tampoco ha aclarado las contradicciones entre lo que él dijo la primera vez que compareció en el Congreso y los mensajes que posteriormente ha aportado a la causa la ex consellera Salomé Pradas. Una de las más contundentes con Cuenca ha sido la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, que ha acusado al ex alto cargo de "encubrir a Mazón" para que éste no acabe en prisión y, así, garantizarse "el sueldo de Nescafé" que recibe como asesor del ex jefe del Consejo en su oficina de expresidente de la Generalitat -unos 60.000 euros anuales-.

Cuando el lunes la presidenta de la comisión de la dana del Congreso, Carmen Martínez (Quart de Poblet, 1962), riñó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para intentar sortear las preguntas del diputado de Bildu, Oskar Matute, con el comodín de ETA, muchos ciudadanos se sorprendieron de la solvencia de la política socialista. Su serenidad no llamó tanto la atención en la Comunidad Valenciana donde la dirigente progresista es conocida por atesorar una trayectoria extensa que incluye 24 años de alcaldesa de su localidad natal –situada junto a la ciudad de Valencia–, ocho de diputada provincial –incluyendo otros cuatro de portavoz de la misma, de otras cuatro de representante autonómico.

El pasado viernes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, acusó a la Moncloa de tratar a los fallecidos por la dana como "víctimas de segunda". Su argumento era que las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida cobrarían el triple que las del temporal. "Es algo muy triste y lamentable", se quejaba. Pero no es así. Poco después, la delegada del gobierno español en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, le reprochó la "indignidad" de equiparar dos catástrofes que "no son comparables". E incluso las asociaciones de víctimas de la dana han tenido que salir al paso para desmentirle. El tuétano es que las víctimas de las dos tragedias pueden recibir una ayuda directa ya fondo perdido por parte del gobierno español de 72.000 euros. Es decir, reciben la misma cuantía de dinero público. Lo que cambia es el sistema de seguros que va ligado a las tragedias ferroviarias y que pagan las compañías. Unas cuantías que, aunque no las paga el Estado, en el caso de Adamuz la Moncloa sí anticipará para evitar que, como en otras ocasiones, lleguen años más tarde.

ETA se disolvió en abril del 2018, hace ocho años, y había abandonado la actividad armada en octubre del 2011, ya ha catorce. Afortunadamente, es historia. Pero para la derecha española sigue siendo el último recurso cuando se terminan los argumentos sensatos y razonables. No importa que la violencia de la banda terrorista forme parte del pasado y que la sociedad vasca, y también la española, hayan pasado página. Pero en el universo mental de la derecha cada vez más escorada en el extremo, sigue siendo un arma arrojadiza recurrente. ¿Se acabará nunca ese juego tan desagradable? Y, pasando a otra cuestión, menos escabrosa pero políticamente tanto o más rentable, ¿se acabará también algún día el comodín del anticatalanismo más primario, simplista y demagógico?

Con un tono agrio y beligerante y yendo a la ofensiva, Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en la comisión del Congreso sobre la mujer del País Valenciano para dar explicaciones sobre la información que tuvo el día de la tragedia. A lo largo de tres horas y media, utilizó la carta de ETA, evitó aclarar por qué el PP mantiene a Carlos Mazón como diputado en las Corts Valencianes –lo que le permite seguir siendo aforado–, ha culpado a los socios del gobierno español de haber avalado la gestión de la Moncloa, se ha parapetado detrás del caos ferroviario y ha recurrido a una expresión que ha repetido tres veces: "Tan valientes con un presidente dimitido y tan cobardes con un presidente en ejercicio".

La conselleria valenciana de Sanidad, el ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III han puesto en marcha un estudio para evaluar el impacto de la dana en la salud mental de la población de la zona afectada. El proyecto, que se desarrollará durante los próximos tres años, intentará detectar la aparición de problemas como ansiedad, depresión, estrés postraumático y dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas.

El exsecretario valenciano de Presidencia Cayetano García ha negado este jueves ante la jueza que investiga la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana que el día de la catástrofe informara al entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, de la consulta que formuló el equipo de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a los servicios. Según explicaron al ARA fuentes conocedoras de su declaración, el ex alto cargo aseguró que desconocía si éste era favorable o no a la medida y que la exconsejera tampoco le dijo que había intentado hablar con el expresidente antes de llamarle.

El jefe de explotación operativa del teléfono de emergencias 112, Manuel Villalba, confirmó este martes que la tarde de la dana el entonces secretario autonómico de Emergencias y número dos de la conselleria valenciana de Justicia e Interior, Emilio Argüeso, acudió a la sala del 112 para que se tramitaran peticiones de auxilio de auxilio de auxilio. Así lo ha explicado el testigo según fuentes judiciales conocedoras de su declaración.