Querella contra la jueza de la dana: así busca la extrema derecha anular la instrucción del caso

Barcelona / ValenciaLa extrema derecha intenta acabar con la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, y liquidar la causa que se investiga en los juzgados de Catarroja. El agitador y abogado ultra Rubén Gisbert, conocido por haberse enfangado los pantalones antes de una retransmisión en Cuatro en los días posteriores a la tragedia, ha presentado una querella contra la magistrada por la presunta participación e intervención de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, durante declaraciones de víctimas de la gota fría. La querella, a la que ha tenido acceso el ARA y que también suscriben tres familias de víctimas, pide apartarles a ambos de la carrera judicial y anular toda la instrucción del caso. Una petición que llega justo en el momento en que Tobarra ha pedido imputar al expresidente Carlos Mazón por homicidio imprudente.

La querella, que atribuye a Tobarra y Martínez los delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir los delitos, se hace eco de unas grabaciones difundidas por OK Diario en las que se oye presuntamente la voz del marido de la jueza "interrumpiendo, preguntando [a testigos] y participando activamente" en declaraciones, así como haciendo comentarios a Tobarra y a la funcionaria que transcribe. "La magistrada ha actuado en sala bajo las indicaciones y asistencia de una tercera persona que ha resultado ser el [su] marido", se apunta en la querella, donde se da por hecho que esto supone una "injerencia" y "vicio" en la instrucción.

En el escrito, presentado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el ultra Gisbert cita a diversas víctimas que aseguran que Martínez Ribera "no solo estuvo presente durante toda la declaración, sino que participó activamente preguntando e interviniendo". Y añade que en un supuesto grupo de WhatsApp de otras víctimas, una "gran cantidad" de citados en los juzgados aseguran que el marido de la jueza incluso "llegó a realizar él solo la diligencia de investigación en sustitución de la magistrada instructora". Insiste, sin embargo, en que no se trata de una injerencia puntual, sino de una situación "constante y que está envenenando la instrucción y desviándola".

Por todo ello, los querellantes piden como medidas cautelares apartar "inmediatamente" a la jueza de las diligencias, "declarar nula la instrucción" y suspenderla a ella y a su marido de la carrera judicial. También reclaman hacer una "evaluación psiquiátrica" de Tobarra para aclarar si su supuesta actuación ha sido consciente y premeditada o si, por el contrario, lo ha hecho porque se encuentra "mentalmente incapacitada para el ejercicio de sus funciones". En este segundo caso, piden proceder a su "jubilación". Todas estas demandas que solicitan trasladar directamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No es la primera vez que partes implicadas en el caso apuntan a la presunta participación del marido de Tobarra en la instrucción. El abogado del ex número dos de Emergencias Emilio Argüeso ya pidió abrir diligencias en septiembre por esta cuestión, y la defensa de la exconsellera Salomé Pradas trasladó la denuncia al CGPJ. La jueza atribuyó entonces estas acusaciones a una "campaña difamatoria" y a un "machismo atroz".

Fuentes jurídicas consultadas por el ARA remarcan que, aunque otros jueces pueden asistir a las audiencias que se hacen durante la instrucción, estos no pueden participar en los interrogatorios. Señalan que, si se demuestra que el marido de Tobarra tomaba la palabra durante determinadas declaraciones de víctimas, se podrían anular esas partes de la instrucción y abrir un expediente a los dos jueces. Según las mismas fuentes, sin embargo, difícilmente se podría tumbar todo el caso.

La supuesta "dirección política" de Tobarra

Quizás por eso la querella presentada por Rubén Gisbert añade otros motivos para intentar hacer caer a la jueza, tal como él mismo denunció este martes, en calidad de miembro de la asociación de víctimas Solo el Pueblo Salva al Pueblo, en su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas. Gisbert cargó también contra Tobarra por una supuesta instrucción "sesgada y arbitraria" que busca evitar, a su parecer, investigar al gobierno español. En la querella también se la acusa de facilitar filtraciones de testimonios para "crear un juicio paralelo" en la opinión pública y se sugiere incluso una supuesta "dirección política" de la magistrada.