El Gobierno encargó un informe para saber si Raül Romeva y Laura Borràs podían presidir las fundaciones de sus partidos políticos pese a haber sido inhabilitados. Ya hay veredicto: con la ley en la mano, una persona inhabilitada para ejercer cargos públicos o administrar bienes no puede formar parte del patronato de una fundación, tal y como establece el artículo 332-5 del Código Civil de Cataluña. Según el informe del departamento de Justicia, al que ha tenido acceso el ARA, tampoco pueden ocupar esta posición las personas condenadas por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico o de falsedad. Romeva ya ha desistido a raíz de las dudas por su inhabilitación por malversación el 1-O —que el Supremo se niega a amnistiar— y este viernes anunció que se pliega de la fundación Josep Irla. Ahora, con las conclusiones del informe sobre la mesa, la situación se complica para Laura Borràs.