En la última semana de octubre Gobierno y Comunes desbloquearon la puesta en marcha del registro de grandes tenedores, un compromiso firmado en primavera en la negociación de los suplementos de crédito. Se tendrán que inscribir todas las personas jurídicas o físicas con cinco o más viviendas: las que no lo hagan se expondrán a multas de entre 9.000 y 90.000 euros, amparadas en la regulación de la ley de vivienda. La previsión era que el registro –que ya venía de la anterior legislatura y que el Gobierno reactivó en febrero– se aprobara en noviembre. Con el fin de año a la vuelta de la esquina, esto aún no ha llegado y, además, el ejecutivo ha tenido que hacer cambios de última hora en el borrador del decreto que lo crea. Ha sido a raíz de un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) que alerta de los límites que el derecho a la privacidad de los grandes propietarios impone en el registro.

Fue un compromiso adquirido por el gobierno de Salvador Isla pactado con los comunes. Y este fin de semana ha entrado en vigor: el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPi AJD), que grava las transacciones mobiliarias e inmobiliarias de segunda mano, se encarece para los inmuebles de más de 600.000 euros y se duplica, hasta el 20%, para las compras de edificios y de grandes tenedores, como fondos o grandes inmobiliarias. La norma catalana entiende como grandes tenedores a quienes tienen más de 10 inmuebles o una superficie construida por viviendas de más de 1.500 metros cuadrados, pero se rebaja a partir de más de cinco inmuebles en las zonas declaradas tensionadas por la Generalitat, es decir, donde se regulan los precios. En Cataluña existen 271 municipios con esta regulación, entre ellos Barcelona. Estos incrementos se incluyeron en un decreto del pasado marzo convalidado en mayo y que preveía su entrada en vigor a los tres meses, es decir, a partir del pasado viernes, 27 de junio.