Comunes y Gobierno pactan un registro de grandes tenedores con multas de hasta 90.000 euros a los que no se inscriba
También desbloquean la unidad de antidesnacimientos, pero los de Albiach lo ven insuficiente para sentarse a negociar presupuestos
BarcelonaGobierno y Comunes han sellado este lunes un acuerdo para desbloquear dos compromisos pendientes desde la negociación de los suplementos de crédito, en primavera. Son, por un lado, la unidad antidesahucios, que tendrá un presupuesto de casi 40 millones de euros entre 2026 y 2030. Esta unidad acompañará a las personas en riesgo de ser expulsadas de su casa por no poder pagar el alquiler o la hipoteca, y el Gobierno la aprobará este mismo martes en el consejo ejecutivo. La otra medida es el registro de grandes tenedores, en el que deberán inscribirse todas las personas jurídicas o físicas con más de cinco viviendas: las que no lo hagan se expondrán a multas de entre 9.000 y 90.000 euros, amparadas en la regulación de la ley de vivienda. Tal y como explicó el AHORA, la previsión es que el registro se apruebe en noviembre y entre en funcionamiento en diciembre.
En rueda de prensa desde el departamento de Territorio, la líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado que son pasos adelante del Govern en materia de vivienda, espoleado por su grupo y por el Sindicato de Alquiladoras. La unidad antidesahucios y el registro de grandes tenedores, que incluirá también el de pisos vacíos, se añaden al pacto para incorporar 100 inspectores de vivienda, así como al incremento hasta el 20% del impuesto de transmisiones a los grandes tenedores pactado con el Gobierno el pasado abril.
Ahora bien, y tras sellar el acuerdo con la consellera de Territorio, Silvia Paneque, Albiach ha advertido de que el acuerdo de hoy no es suficiente para sentarse con el Govern a hablar sobre los presupuestos, pendientes de la negociación con ERC sobre la financiación singular. Los Comunes lamentan que el ejecutivo cumple los pactos en vivienda con cierta "desgana" -no ha aplicado, por ejemplo, ninguna sanción a grandes tenedores-, y que todavía tienen pactos pendientes de cumplimiento derivados de los suplementos de crédito en materia de movilidad, salud y educación.
Por otra parte, Albiach receló del anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estudiar la prohibición de la compra especulativa de vivienda, una medida que los Comunes plantearon al debate de política general ya la que los socialistas se abstuvieron. "Estamos viendo a un presidente que se ha aficionado a los anuncios", ha lamentado, recordando el de los 214.000 pisos lanzado por el socialista durante el debate de política general, del que también desconfían. Sin embargo, no ha querido avanzar si lo pondrán sobre la mesa en futuras negociaciones: "La compra especulativa es un paso importante (...) Hablaremos de ello en los próximos días", ha dicho.
Un registro de acceso público
Oficialmente bautizada con el nombre de Servicio de Protección y Estabilidad Residencial, la unidad antidesahucios contará con una asignación de 39.380.912 euros para los próximos cinco años, con "al menos" 50 efectivos antes de finalizar 2025. El objetivo es que preste servicio en todo el territorio local, mediante propietarios y entidades financieras, mediante propietarios y entidades financieras call centers que se activarán progresivamente en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Terres de l'Ebre.
Este servicio incorporará una nueva figura llamada Referente de Vivienda, que será quien acompañará a aquellas personas que estén en riesgo de impago, sea de alquiler o de hipoteca, y les planteará todas las opciones a su alcance. "Ahora ocurre que se llega tarde, y el propietario de la vivienda, o pequeño propietario, ya no quiere la solución. Hay que intervenir antes", ha añadido la diputada de los Comunes Susanna Segovia, también en la rueda de prensa. En Catalunya, en 2024 se registraron unos 7.400 desahucios, una cifra que repuntó un 3,2% respecto al año anterior.
En cuanto al registro de grandes tenedores, los Comunes han pactado con el ejecutivo que sea de acceso público: cualquiera que introduzca el DNI o el NIF de una persona podrá comprobar si es o no un gran tenedor, a efectos de poder controlar si cumple las obligaciones que la ley les impone, por ejemplo, en cuanto al top. En cuanto a la contención de rentas y en el ámbito tributario, se considera gran tenedor cualquiera que tenga más de cinco viviendas. En cuanto a la obligación de ofrecer un alquiler social, se aplica a los propietarios de más de 10 o 15 pisos (en este segundo caso, si es persona física).
