Hay realidades que incomodan. No porque sean nuevas, sino porque nos recuerdan aquello que preferimos no ver. El sinhogarismo es una de ellas. No es una anécdota urbana ni un paisaje inevitable; es el síntoma de una quiebra colectiva, de una sociedad que ha normalizado que haya personas que no tienen dónde dormir. Y, aún más grave, que ha empezado a diseñar espacios para que no puedan estar allí.

El desalojo de las 400 personas que sobrevivían en el antiguo instituto B9 de Badalona ha puesto en evidencia la falta de servicios públicos capaces de dar respuesta rápida y urgente al sinhogarismo, una crisis que afecta al menos 7.000 personas en toda Cataluña. Según una encuesta a ayuntamientos metropolitanos y de más de 20.000 habitantes que ha hecho pública el síndico de agravios, existen unos 400 asentamientos que dan techo a más de 2.600 personas. Desde 2022, el Parlamento tramita la proposición de ley sobre el sinhogarismo que impulsó Antoni Milian i Massana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona con el apoyo de cinco grandes entidades sociales.

Ayuntamientos catalanes han lanzado un grito de socorro para que la Generalitat no los deje solos a la hora de atender a las personas que viven en la calle. Aunque no existe un censo oficial que ponga cifras al sinhogarismo, se ha constatado que es un fenómeno que ya sobrepasa la corona metropolitana y se extiende por localidades pequeñas de todo el país. Los consistorios comparten que, hoy por hoy, la problemática no cuenta con recursos económicos suficientes.