SOS de los ayuntamientos en la Generalitat para atender a las personas que viven en la calle

BarcelonaAyuntamientos catalanes han lanzado un grito de socorro para que la Generalitat no los deje solos a la hora de atender a las personas que viven en la calle. Aunque no existe un censo oficial que ponga cifras al sinhogarismo, se ha constatado que es un fenómeno que ya sobrepasa la corona metropolitana y se extiende por localidades pequeñas de todo el país. Los consistorios comparten que, hoy por hoy, la problemática no cuenta con recursos económicos suficientes.

El SOS de los alcaldes se ha sentido con fuerza en la cumbre que la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, ha convocado este jueves, con la presencia de la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo; representantes municipales de una veintena de municipios –Vilanova, Barcelona, El Masnou, Martorell, Manresa, Badalona y L'Hospitalet, entre otros); la presidenta de la Diputación de Barcelona, ​​Lluïsa Moret, y el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Xavier Trabado.

Después de cuatro horas de reunión en torno a una gran mesa rectangular, la tónica general de los asistentes ha sido el optimismo. La síndica ha confiado en que se consiga llegar a un acuerdo de país y ha instado a los consistorios a apuntarse a alguno de los cinco grupos de trabajo que se abrirán para poder tener una base cara a la primavera de 2026.

En esta cumbre, la síndica ha llegado con datos frescos sobre el sinhogar. A falta de un censo oficial, la institución pasó en noviembre un cuestionario en 84 municipios –del área metropolitana y de más de 20.000 habitantes– para preguntar cuántas personas pernoctan al raso y si duermen en asentamientos, calle o naves ocupadas. Siete de los municipios no respondieron, aunque están obligados a atender a las demandas del Síndic. A partir de las encuestas se establece que existen 6.724 personas en situación de calle, cifra que deja fuera las que están en albergues, hostales sociales o viviendas insalubres.

En el turno de palabras, fuentes consultadas por el ARA presentes en la reunión han explicado que los alcaldes se han centrado básicamente en reclamar más dinero de la Generalitat para atender a las personas sin hogar porque con los presupuestos propios no pueden. De hecho, la queja sobre la tensión presupuestaria no se ha centrado sólo en el sinhogarismo, y muchas de las intervenciones han admitido dificultades financieras para los servicios sociales básicos, los primeros en recibir los problemas de la ciudadanía.

Ya fuera de la reunión, la consellera Martínez Bravo ha asegurado el compromiso de acompañar a los ayuntamientos y ha reconocido que, aunque es una competencia municipal, el Govern debe redoblar los esfuerzos.

Más de 400 asentamientos

De las casi 7.000 personas que viven en la calle, 4.000 se encuentran en el área metropolitana y 4.300 pernoctan al raso, mientras que el resto de personas identificadas viven en 409 asentamientos, sean al aire libre o en edificios ocupados. Algo más de la mitad (52%) están bajo el seguimiento de los servicios sociales municipales. Por edades, las de los extremos de la vida son las que tienen menor presencia: los menores representan el 2,6% y las personas mayores de 66 años, el 5%. Por género, el sinhogarismo femenino –aún poco analizado– supone el 12% del total, aunque si se pone la lupa en albergues y hostales o en habitaciones de realquiler, hay más mujeres.

Para intentar dar una atención a este colectivo –heterogéneo y con necesidades diversas–, existe en el Parlamento una proposición de ley del sinhogarismo presentada por las entidades sociales en la que se plantea la obligatoriedad de los municipios de más de 50.000 habitantes de disponer de servicios específicos para las personas sin hogar, como duchas, como recuentos de las personas y se disponga de educadores sociales callejeros. Según los datos de la encuesta del Síndic, hoy el 47% de los municipios no ofrecen plazas residenciales y el 52% tampoco tienen un comedor social. Alrededor del 60% sí facilitan higiene y ropa.

Después de cuatro años de trámites y de decaer al terminar la anterior legislatura, la proposición está bloqueada a la espera de que se acaben las alegaciones de los partidos. La iniciativa preocupa al mundo municipal por esta obligatoriedad si no va acompañada de dinero, y en la mayoría de intervenciones se ha trasladado esta inquietud, en palabras de la consellera. Por el contrario, no ha habido ninguna intervención sobre las trabas que ponen ayuntamientos a la hora de empadronar a personas sin hogar, sin domicilio fijo o sin contrato de vivienda, aunque la norma estatal es clara.

Para Giménez-Salinas, las demandas de más partidas para servicios sociales de los alcaldes son razonables y justas, mientras que el presidente de la Mesa del Tercer Sector ha reclamado que las entidades sociales deben tener gobernanza y capacidad de decisión en cómo abordar la eliminación del sinhogarismo, porque son las que la de las personas y las profesionales.