Tal como ya les avanzamos ayer, el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía. Aunque las deliberaciones de los magistrados son secretas, ha sido un secreto de dominio público (como ocurre casi siempre en los pasillos judiciales españoles): la mayoría progresista se opuso a la ponencia de un magistrado conservador que estaba en contra, y ahora la previsión es que la semana del 5 de octubre el TC acabe dando luz verde a la amnistía. Y sería entonces cuando el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención de Puigdemont, Comín y Puig, y el Tribunal Supremo tendría que archivar definitivamente todas las causas relacionadas con el Procés que todavía mantiene abiertas. Una medicina muy amarga para una aplicación de la justicia ufana y soberbia.¿Cuándo volvería Puigdemont?La delegada de l'ARA en Madrid, Núria Orriols, precisa que el presidente en el exilio podría elegir entre tres momentos para regresar: una vez el TC haya decidido, después de la retirada de la orden de detención de Llarena o una vez archivada definitivamente la causa. Pueden estar seguros de que después de pasarse 9 años en Bélgica, a Puigdemont no le vendrá ni de un día ni de un mes, y que no regresará hasta que no esté claro que no le detendrán. Otra cosa es que, una vez aquí, un juez Peinado de la vida le busque una multa de tráfico que no pagó o resuciten la causa de Aigües de Girona. Pero más allá de la situación penal, existe la política. Y Puigdemont tiene que decidir qué quiere hacer: si va al Parlamento a hacer de jefe de la oposición, si se vuelve a presentar o no, y de rebote, Junts tendrá que ver si es capaz de cubrir desde lo que fue Convergència, con su conexión con las grandes empresas, todo el independentismo más allá del tamaño de su bolsillo.Mientras tanto, ayer compareció en el Parlamento de Cataluña el intendente de los Mossos, Carles Hernández, jefe de la Comisaría General de Información, la rama policial de la que dependía aquella desgraciada infiltración de dos agentes en una asamblea de maestros.

De repente, los manifestantes empiezan a gritar: "¡Fuera, policía!" Poco después, dos personas abandonan caminando la protesta y se pierde su rastro en una esquina. ¿Quiénes son? Normalmente, una pareja de agentes de los Mossos d'Esquadra, de la Comisaría General de Información, que visten de paisano y escuchan de cerca las concentraciones, sobre todo aquellas que pueden tener un componente violento. Ahora, pongamos por caso que la concentración ha terminado con disturbios y los manifestantes se reúnen en asamblea para decidir los próximos pasos. Tampoco es extraño que haya agentes de los Mossos camuflados para escuchar qué harán.

Era una asamblea de profesores en la que se debatirían las próximas movilizaciones y cómo se llevarían a cabo las huelgas que están previstas. Según la versión de los sindicatos, era un encuentro público y abierto en el Institut Pau Claris, en Barcelona, y asistieron dos mujeres que no supieron reconocer. Interpeladas por su presencia, respondieron que eran docentes de un instituto, pero había un profesor del mismo centro y dijo que no las conocía. Acto seguido, se marcharon. Algunas de las presentes en la asamblea, según fuentes sindicales, reconocieron a aquellas dos mujeres como mossas d'esquadra.

El conflicto entre el sector educativo y el Gobierno escala un grado más y sacude la política parlamentaria. Con la nueva oleada de movilizaciones en marcha, y en plena polémica por la prueba piloto para introducir policías de paisano en escuelas e institutos, los sindicatos denunciaron este jueves la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes que preparaban las próximas jornadas de huelga. A la indignación del sector se han sumado las peticiones de explicaciones de la oposición, y ERC, los Comuns y la CUP ya han reclamado la destitución del director de la policía, Josep Lluís Trapero. De momento el cuerpo policial defiende que actúa "siempre atendiendo la legislación vigente" y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido su "profesionalidad".