Alertan de un empeoramiento de las condiciones de los temporeros en Lleida

BarcelonaLa entidad Fruta amb Justícia Social, de defensa de los derechos de los trabajadores itinerantes en las campañas agrícolas, ha denunciado este jueves un aumento de la precariedad laboral y ha alertado de que todavía hay muchos temporeros en Lleida que no denuncian la vulneración de sus derechos, aunque están reconocidos en los convenios laborales. El motivo principal de esta infradenuncia es el miedo a perder el trabajo, ya que la mayoría de estos empleados tienen dificultades económicas, no tienen redes de apoyo familiar en Ponent ni garantías básicas como el alojamiento o el empadronamiento.

Por ejemplo, destacan desde la entidad, ninguna de las 2.300 personas que asesoraron el año pasado durante la campaña llegaba a cobrar el precio por hora que marcaba el convenio, de 8,09 euros. Este año el precio por hora ha ascendido a 8,48 euros y la situación, afirman, se repite. Sin embargo, y si bien atendieron 107 casos en los que se identificaron posibles vulneraciones de derechos laborales, la mayoría de los potenciales afectados no llegaron a formalizar las denuncias por el miedo a represalias. También fue un impedimento la constante movilidad de los temporeros –que dificulta que reciban los requerimientos a tiempo– y las barreras idiomáticas, que complican la comprensión de una nómina o el conocimiento de sus derechos básicos.

De los siete casos que sí llegaron a la administración oa los tribunales, cuatro se resolvieron favorablemente para los trabajadores. Son tres casos de accidentes laborales y de irregularidades en el cuidado de la mutua y el caso de una decena de temporeros que vivían en "condiciones infrahumanas" en un almacén de Torrelameu, en la Noguera.

En este caso, denuncia la entidad, los trabajadores cobraban por debajo del convenio establecido y vivían en un espacio "lleno de maquinaria, sin habitaciones, cocina ni condiciones mínimas de habitabilidad" por el que, sin embargo, el consistorio les deducía dinero de la nómina en concepto de vivienda, lo que convertía "una situación de precariedad extrema". Sin embargo, los temporeros se esperaron hasta finales de campaña para poder formalizar la denuncia "por miedo a represalias".

Dos denuncias están todavía pendientes de resolución y otra (en la que un ayuntamiento se negaba a informar sobre el proceso de empadronamiento) se resolvió mediante la mediación de la Agencia de Garantía y Asesoramiento para la Inclusión de las Personas (AGAIP).

Ni agua ni ropa de trabajo

Durante la presentación en Lleida del informe anual de la campaña del pasado año, Fruta con Justicia Social ha vuelto a poner sobre la mesa algunas problemáticas que se repiten año tras año: contratos precarios, condiciones de alojamiento indignos, trabas para empadronarse y dificultades para acceder a los trámites administrativos. A estas situaciones se suma este año un aumento "preocupante" de la falta de prevención de riesgos laborales en el sector agrícola.

Según ha explicado la miembro de la entidad Bárbara Primo, los trabajadores no reciben ningún curso de prevención y tampoco tienen garantizada el agua, ya que el agricultor no les proporciona, así como tampoco les facilita ropa de trabajo para protegerse del sol. "Signan que han recibido EPI y no reciben ninguna. Es brutalmente habitual", denuncia.

La entidad insiste en la necesidad de reforzar los mecanismos de información, acompañamiento y protección para los temporeros, especialmente en un contexto en el que su situación legal, laboral y personal les expone a una vulneración constante de sus derechos.