Barcelona acelera las expropiaciones de un callejón del Carmel condenado al derribo

BarcelonaLa precariedad con la que se levantaron los edificios del Passatge Sigüenza del barrio del Carmel de Barcelona estaba detectada desde hace décadas y, de hecho, un plan urbanístico de 2010 ya preveía derribarlos, pero no fue hasta el verano pasado cuando un susto obligó al Ayuntamiento a quitar el polvo de ese proyecto. El 29 de agosto de 2020 el propietario de uno de los pisos del número 95 del pasaje decidió sin consultarlo a nadie que retiraba apuntalamientos de su casa y los bomberos, que fueron avisados de urgencia, concluyeron que el riesgo de derrumbe era demasiado alto y que había que desalojar a todo el mundo. Una decisión que más tarde se hizo extensiva a los dos edificios de los lados. Este verano, vecinos de tres fincas más de la zona –los números 91 y 101 del Passatge Sigüenza, y el 101 de la calle Sigüenza– recibieron por sorpresa la visita de bomberos y policía: ya no era seguro estar en su casa y tenían unos pocos minutos para coger las cosas básicas para realojarse en otro lugar. El gobierno de Ada Colau asegura que quiere evitar nuevas decisiones apresuradas como esta y, mientras completa el derribo manual de los tres primeras edificios desalojados, avanza en la expropiación del conjunto de fincas para después demolerlas.

La concejala de Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, ha explicado hoy que han decidido destinar una partida de unos cuatro millones de euros a vaciar todo el lado izquierdo del pasaje: se expropiarán ocho fincas –del número 89 al 111-113–, donde hay 24 viviendas y un local. En total, 71 vecinos. Este paso, sumado a las intervenciones que ya estaban en marcha, supone ejecutar la mitad de todas las expropiaciones previstas en el planeamiento de 2010. Quedarán 11 más, que también se quiere derribar para poder levantar en estos espacios nuevas viviendas de protección y espacios libres.

"Hemos querido convertir una crisis en una oportunidad", ha insistido Alarcón en rueda de prensa. La concejala ha remarcado que el primer frente que abrieron como Ayuntamiento era el de garantizar el acompañamiento de los vecinos que tuvieron que marcharse de su casa sin aviso previo y asegurarles una vivienda alternativa. Un paso que ahora se da por hecho. Y el segundo, poner en marcha la difícil deconstrucción de los tres bloques más perjudicados, que se tiene que hacer con mucha precisión para evitar afectaciones en los bloques vecinos. Se están desmontando los tres edificios a la vez, porque se aguantan entre sí y se quiere evitar un efecto en cadena. Una vez puestos en marcha estos dos puntos, llega el momento de las expropiaciones. Se calcula que todas las que se han anunciado hoy estarán acabadas antes de un año.

"El proceso ya no tiene marcha atrás", ha insistido. A su lado la presidenta de la asociación de vecinos, Montserrat Montero, rebajaba la euforia y ponía el foco en la situación que viven los propietarios de pisos del bloque 95, que es donde empezó todo. Este edificio se declaró en riesgo de ruina inminente y esto afecta a la baja las indemnizaciones de los vecinos. Se les han ofrecido, de entrada, 39.700 euros, una cifra que en casos como el de Roberto Martín, que compró el piso en 2005, no les permite ni compensar lo que todavía le queda por pagar de la hipoteca.

La concejala ha asegurado que este es el tema más delicado pero que se trabaja en ello para mejorar la situación de los afectados, con los que está previsto reunirse la semana que viene. "Celebro que empiecen a vaciar el pasaje, era un peligro mantenerlo como estaba", defiende Martín, que vive realojado en otro piso desde el susto de agosto pasado.