Alstom impugna el concurso de TMB que la veta por vínculos con Israel

BarcelonaPolémica con el concurso de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) para incorporar 39 trenes más a la red de metro en 2029. La empresa francesa Alstom le ha impugnado al considerar que "incluye requerimientos que atentan contra los principios establecidos en la ley de contrato del servicio público". ¿El motivo? Que el pliego veta su participación por formar parte de la lista de empresas que operan en asentamientos israelíes y que elabora el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

En un comunicado, la compañía francesa –que cuenta con una planta en Santa Perpetua de Mogoda y que históricamente ha hecho todos los trenes del metro de Barcelona– defiende que no tiene "ninguna actividad dentro de los territorios palestinos ocupados ni que se pueda relacionar con ella", y explica que han trasladado en varias ocasiones a la ACNUDH que la información. Por eso, explican, en 2023 solicitaron formalmente ser eliminados de la lista. Una petición que reiteraron en 2024 y 2025.

En el mismo texto, Alstom subraya que la propia ONU "ha reconocido no tener capacidad para actualizar" la lista con frecuencia. La empresa también critica que el concurso no permita que las compañías aspirantes puedan aportar "aclaraciones o contexto". Por todo ello, cómo ha avanzado El Economista y ha confirmado el ARA, han decidido impugnar el concurso para fabricar 39 nuevos trenes que deberían incorporarse a la red de metro en 2029 y que fueron el gran anuncio que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, realizaron a finales de junio con motivo del centenario del metro.

Un acuerdo del pleno

De hecho, éste es uno de los primeros concursos que incorporan esta cláusula cumpliendo lo que acordó el pleno del Ayuntamiento de Barcelona del mes de mayo. Con los votos del PSC, Barcelona en Comú y Esquerra, el consistorio de la capital catalana aprobó un texto que rompía, de nuevo, el hermanamiento con Tel-Aviv "hasta que se restablezca el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario y se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino".

Aquel texto incluía el establecimiento de cláusulas "de carácter esencial" en todos los contratos públicos municipales para garantizar que ningún operador económico y ninguna empresa municipal realice "operaciones financieras, inversiones, compras, contrataciones y otras actividades" con Israel o con empresas que puedan favorecer la política armamentista de Netanyahu.

El documento también garantizaba que no habrá ninguna relación municipal con las empresas identificadas por la ONU "que operan ilegalmente en asentamientos israelíes, con las consecuencias sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el territorio ocupado, incluido Jerusalén Este". Además, se reclamaba que Fira de Barcelona no pueda acoger "pabellones de Israel" ni tampoco de empresas armamentistas, y que el puerto no permita que atraquen barcos con armamento destinado al gobierno de Tel-Aviv.