El catalán, el cuarto motivo de discriminación en Barcelona

BarcelonaLas discriminaciones para hablar en catalán han crecido el último año y ya son el cuarto motivo de discriminación en la ciudad de Barcelona, según datos municipales difundidos por la Plataforma per la Llengua. El año pasado se contabilizaron 59 denuncias ciudadanas que reportaban discriminaciones relacionadas con la lengua, de las cuales 53 tenían que ver con el uso del catalán, una cifra que supone un aumento del 17% respecto a un año antes.

El Informe de Discriminaciones en Barcelona (ODB) sitúa las relacionadas con las lenguas en el cuarto lugar entre las más habituales y, dentro de estas, las que están relacionadas con el catalán son el 93%, mientras que el resto corresponden a otras lenguas. Por delante de este tipo de denuncias están las motivadas por el racismo y la xenofobia, las de LGTBIfobia y las relacionadas con la aporofobia. Plataforma per la Llengua, sin embargo, hace énfasis en el hecho de que la cifra real puede ser más alta porque detecta un problema "de infradenuncia" en estos casos.

Un 70% de las discriminaciones lingüísticas se producen en el ámbito privado, sobre todo en empresas y entidades, mientras que el resto han sido fruto de comunicaciones con administraciones públicas y solo se ha tenido constancia de una discriminación relacionada con un cuerpo policial, según se desprende de los datos recogidos conjuntamente por la Oficina por la No Discriminación y el Centro de Recursos en Derechos Humanos del Ayuntamiento de Barcelona desde 2018. 

En cambio, está en el espacio público donde más ha crecido la discriminación lingüística, con un aumento del 58,3% después de pasar de 12 a 19 denuncias. Si el racismo es el primer motivo de negación de prestaciones de servicios en Barcelona y acumula un 34% de los casos, la lengua lo sigue con un 30%.

Dados estos resultados, la entidad ha exigido más contundencia al Ayuntamiento de Barcelona para mejorar la defensa del catalán. La ONG ha planteado que el ejecutivo municipal "ha de incorporar cláusulas lingüísticas en la contratación pública que garanticen los derechos de los catalanoparlantes". Al mismo tiempo también ha instado a la Oficina de Atención Ciudadana a difundir los derechos lingüísticos para poder resolver dudas en relación con la normativa o posibles vías de denuncia por discriminación lingüística. Por otro lado, la entidad afirma que el informe "evidencia que hay que aumentar el control sobre los servicios públicos delegados a empresas privadas".