Collboni aplaza un año más la reforma de la reserva del 30% de vivienda protegida
El gobierno municipal asume que no cuenta por ahora con los apoyos necesarios para cambiar la norma
BarcelonaUna de las promesas del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aún tendrá que esperar. El gobierno municipal ha anunciado este jueves que aplaza al menos hasta el próximo año la reforma de la norma que obliga a reservar para vivienda social el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros. Tal y como ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, no prevé que esta modificación se pueda llevar a cabo antes de 2025.
"Hoy en día no tenemos los apoyos necesarios para sacar adelante esta modificación. La proximidad de los congresos de los diferentes partidos dificulta la construcción de acuerdos y aplaza la tramitación el próximo año. Lo llevaremos a aprobación cuando haya consenso político con los grupos y con el sector", ha apuntado Bonet, que ha subrayado, sin embargo, que el gobierno del PSC está comprometido con la modificación de la ordenanza que fija esa reserva del 30%.
El pasado mes de junio, durante la rueda de prensa en la que anunció su voluntad de hacer desaparecer todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028, Collboni también anunció cambios en la reserva del 30% para hacer que "realmente funcione". Entonces Bonet explicó que no se recortaría la normativa, sino que "se abrirían otras formas de hacer posible ese 30%". Hasta ahora, el porcentaje de edificios protegidos debía ubicarse en el mismo edificio en el que se hacían los pisos privados o en un solar del mismo barrio. Ahora, para "hacer más ágiles" los trámites burocráticos, el Ayuntamiento quiere que el 30% también pueda aplicarse en un solar de los barrios adyacentes al lugar donde se haga la promoción de obra nueva.
De hecho, el gobierno socialista ya ha mantenido contactos con algunos grupos municipales para hablar de estos cambios. Según ha explicado también El Periódico, además de la posibilidad de construir en solares de barrios adyacentes –aunque sean de distritos distintos–, también se plantea la opción de que, en vez de ceder pisos, los promotores puedan compensar al Ayuntamiento con un importe económico. Su importe sería el equivalente al 30% del valor de los pisos construidos para que el consistorio pueda destinarlo a vivienda social.
Finalmente, el gobierno municipal estudia una tercera opción que pasaría por que varios promotores puedan concentrar en un único espacio –fuera de las promociones nuevas que hayan construido o rehabilitado– su respectivo 30% para juntar todos los pisos sociales en un mismo edificio .
Un balance decepcionante
Según los datos hechos públicos el pasado mes de junio por el gobierno municipal, desde la aprobación de la reserva del 30% y de acuerdo con las licencias otorgadas, deberían haberse hecho 93 viviendas sociales, de las cuales sólo 8 s habían ejecutado. Unos datos que se alejan de la previsión que se hizo en su día y que calculaba que habría 334 nuevas viviendas de protección oficial cada año. Esta estimación estaba hecha de acuerdo con la media de viviendas nuevas anuales en Barcelona entre 2000 y 2016, que era de 1.114.
Desde la aprobación de la MPGM (Modificación del Plan General Metropolitano) del 30% en 2018, sin embargo, el número de licencias de obra nueva de vivienda plurifamiliar en suelo urbano consolidado ha descendido hasta una media de sólo 60 viviendas nuevas al año. Unos resultados que las entidades promotoras de la medida han denunciado que son consecuencia del "boicot de los lobis" inmobiliarios.