El frío exacerba el problema de los asentamientos en el área de Barcelona

BarcelonaHa pasado en Sant Andreu, pero podría haber pasado en cualquier otro lado. Y ha pasado la madrugada del martes, pero podría haber pasado cualquier noche fría de este año o de cualquiera de los últimos. Periódicamente, un incendio quema alguna de las barracas de alguno de los asentamientos que hay en Barcelona o sus ciudades vecinas, y el foco se pone momentáneamente en una realidad que hace tiempo que es una preocupación en la capital catalana. Una problemática que se esparce por el territorio y que se exacerba cuando, como estos días, llega el frío.

La fotografía más reciente del fenómeno en la ciudad de Barcelona es del mes de octubre y habla de 536 personas –entre ellas 94 mujeres y 97 menores de edad– viviendo entre los 62 asentamientos y los 48 locales ocupados que tiene detectados el Ayuntamiento. El consistorio –uno de los pocos que mantiene un censo actualizado y público sobre este fenómeno– no especifica las zonas, pero hoy es fácil encontrarse con asentamientos similares al de Bac de Roda en diferentes barrios de la capital catalana.

Sólo en torno a las obras de la estación de la Sagrera, a pocos metros de las barracas que han quemado este martes, hay diseminados cinco más. También hay uno grande en la Zona Franca –pendiente de ser desalojado– y otros en diferentes solares o edificios de Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris o Sants-Montjuïc. Sin embargo, la cifra de personas viviendo en asentamientos en la capital catalana se ha reducido en los últimos años.

Según el investigador del Instituto Metrópoli, Albert Sales, el descenso se explica por un motivo concreto. La ciudad ha ido creciendo. A medida que las zonas industriales van desapareciendo y se construye sobre los solares que hasta ahora la ciudad tenía vacíos, se va limitando el espacio físico que pueden albergar estos asentamientos. Un ejemplo claro es el entorno de la plaza de las Glòries, donde, una vez finalizadas las obras, han desaparecido la mayoría de asentamientos. Sin embargo, Salas alerta de que la reducción de personas viviendo en asentamientos "no quiere decir que no haya otras formas de infravivienda muy difíciles de cuantificar", como las personas que viven en locales comerciales, los que ocupan bajos o los que viven en inmuebles industriales muy deteriorados.

Los frecuentes desalojos de este tipo de espacio tampoco son una solución definitiva. "La experiencia nos dice que la gente que es desalojada, busca otras soluciones", apunta Sales. A menudo, de hecho, terminan levantando otro asentamiento –e inicialmente más precario– en otro sitio. Es lo que ha ocurrido en muchos casos con personas desalojadas en los últimos meses de asentamientos en Vallcarca, el Parque de la Ciutadella, el parque Joan Miró o el parque de la estación del Nord.

Otra incógnita es cuántas de las personas que vivían en asentamientos en Barcelona se han desplazado a otros municipios del entorno. Al tratarse de competencia de cada ayuntamiento, no existe un censo general, lo que dificulta los cálculos. A dos semanas para que Arrels haga el recuento anual de personas sin hogar, la directora, Beatriz Fernández, señala la "preocupación" por donde han ido a parar los afectados por los últimos desalojos de asentamientos informales (como el del Parque de la Ciutadella). "El recuento dará la foto de la nueva ubicación de las personas sin hogar con la duda de si habrán ido a lugares visibles", afirma, y ​​apunta que cada vez hay más personas sin hogar en pueblos y ciudades del entorno de la capital catalana.

Una ley pendiente desde 2022

A la hora de buscar una solución a la problemática, Sales advierte que no puede llegar sólo desde los servicios sociales, desbordados frente al aumento de personas expulsadas del mercado de vivienda. Por ello, remarca que la única manera de salir adelante es con actuaciones estructurales que mejoren el acceso a la vivienda. "No podemos estar dando mensajes pesimistas de que esto no tiene solución. Facilitar el acceso a la vivienda nos beneficiaría a todos y reduciría el peso sobre unos servicios sociales".

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, ​​este martes la quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, ha defendido que el consistorio aporta los "máximos recursos posibles", pero ha advertido que "el fenómeno sobrepasa la capacidad de cualquier ciudad". Por eso ha reclamado al resto de instituciones, principalmente el Área Metropolitana, la Diputación y la Generalitat, colaboración y recursos para "dar respuestas más adecuadas" a este fenómeno.

El Parlament tiene en tramitación la ley del sinhogarismo desde 2022. Se trata de una iniciativa promovida por entidades del sector y el catedrático Antoni Milian y que, entre otras medidas, pretende obligar a los municipios de más de 10.000 habitantes a disponer de alojamientos, lavanderías, duchas o consignas. La iniciativa fue víctima de la inestabilidad política porque al decaer la anterior legislatura se volvió a tramitar, y aunque se agilizaron los plazos, los grupos parlamentarios prorrogaron el plazo para presentar las enmiendas al texto inicial. En este punto, Beatriz Fernández –Arrels Fundació es una de las promotoras de la ley junto con Cáritas o la Fundación Assís– atribuye el bloqueo a las divergencias que surgen a raíz de si son los ayuntamientos quienes deben poner los recursos o es la Generalitat la que debe intervenir.