La justicia confirma que el gobierno de Colau no delinquió para detener desahucios

BarcelonaUna juez de Barcelona ha archivado la querella en la que la inmobiliaria Juninmo acusaba a la exalcaldesa Ada Colau de presiones para evitar el desahucio de un inquilino vulnerable. Este archivo se suma al de la querella que presentó el fondo buitre Vauras (con la misma abogada que Juninmo), a quien la jueza reprochó utilizar el procedimiento penal para buscar "el efecto mediático que supone involucrar a un partido político" en una causa. Con esta segunda querella archivada, que ha avanzado Eldiario.es, la justicia cierra el último caso que quedaba abierto por las acusaciones al gobierno liderado por Colau de supuestamente haber delinquido para evitar desahucios.

El origen de la querella fue la intervención del servicio de mediación municipal para evitar el desalojo de un vecino vulnerable de Les Corts. Por último no hubo desalojo gracias al acuerdo entre el inquilino y la empresa propietaria del inmueble, pero durante el proceso el consistorio abrió un expediente a la inmobiliaria por no haber ofrecido un alquiler social al hombre. Este expediente acabó archivado, al igual que otro que abrió contra la propia inmobiliaria la Dirección de Licencias de Ecología Urbana del consistorio por un piso turístico ilegal.

Archivo definitivo de la querella por la supermanzana

Este mismo lunes, el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso con el que el arquitecto jefe de Barcelona en la etapa de Pasqual Maragall intentaba hacer prosperar su querella contra la supermanzana de Consell de Cent. La demanda de José Antonio Acebillo, que firmaba la querella junto con Francisco Jufresa y Ferran Grasas, se dirigía contra Colau y la entonces teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, pero también contra todos los miembros de la comisión de gobierno municipal que votaron a favor de la aprobación definitiva de los proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados con los ejes verdes del Eixample. Los denunciados creían que el proyecto suponía una infracción de la ley del suelo que podía suponer "efectos devastadores" para particulares y comercios, y auguraban "problemas de accesibilidad". La querella ya había recibido el portazo de la Audiencia de Barcelona en diciembre del 2023, y con este archivo definitivo el Supremo condena a los impulsores del caso a pagar las costas del procedimiento.

El gobierno de Colau acumuló numerosas denuncias y querellas por su actividad. Hasta ahora la justicia ha archivado a una veintena de causas contra la exalcaldesa. Sin embargo, hoy por hoy sigue en curso la investigación en Colau por subvenciones a entidades afines –ya se había archivado, pero la Audiencia de Barcelona la reabrió en febrero.