Barcelona

La justicia ordena deshacer la superilla del Eixample

La sentencia admite las alegaciones de Barcelona Oberta, que se opuso al plan estrella del gobierno de Colau

ARA
y ARA

BarcelonaUn juzgado de Barcelona ha ordenado que la calle Consell de Cent vuelva a su estructura original y se desmantele así el eje verde, una de las obras clave del gobierno de Ada Colau, inaugurada hace unos meses y que no ha sido exento de polémica desde su primer planteamiento. En una sentencia conocida este viernes, la titular del contencioso administrativo del número 5 de Barcelona da por buenas las alegaciones presentadas por la entidad Barcelona Oberta (la unión de ejes comerciales turísticos), que se han opuesto a la gran transformación del Eixample. La juez admite que el plan ha supuesto una "modificación encubierta del Plan General Metropolitano", que forma parte de una estrategia más ancha, un motivo suficiente para desmantelar la superilla. Pese a la contundencia, la resolución no es firme y el Ayuntamiento todavía podría recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sin embargo, todavía el consistorio no ha reaccionado.

En este sentido, la magistrada insiste en que las calles afectadas están catalogadas en el PGM como vías locales, que sirven para dar acceso a edificios y ayudar a enlazar el tráfico rodado con otras calles básicas para la movilidad de la ciudad. El problema es que con la implementación de los grandes cruces, los chaflanes son plazas y, además, se ha restringido el paso de vehículos. Se ha convertido una calle en una "vía cívica" sin ningún cambio en la biblia del planteamiento urbanístico y, por el contrario, se ha hecho "materializado como un proyecto de obras ordinario".

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Mientras el Ayuntamiento aún no ha reaccionado a la sentencia, sí lo ha hecho Barcelona Oberta, que avisa de que las motivaciones que ha utilizado la juez para rechazar la manera de hacer la supermanzana debe servir como un toque de atención en otros planes de reurbanización, como el de la reforma de la Vía Laietana, puesto que también suponen una gran afectación a la movilidad de la ciudad. La entidad, que representa los intereses del sector turístico y comercial, aprovecha para reprochar lo que consideran una falta de voluntad de diálogo y autoritarismo del equipo de Colau, que impusieron sus postulados evitando el debate e ignorando las críticas de la sociedad civil.