Multa de 420.000 euros para el propietario de un bloque en Ciutat Vella con pisos turísticos ilegales
La propiedad había intentado engañar reiteradamente al Ayuntamiento
BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador de 420.000 euros al propietario de un edificio de Ciutat Vella que lo había convertido en un bloque de pisos turísticos ilegales. Según ha informado el consistorio, la propiedad de este bloque de la calle Ample número 24 comercializaba como alojamientos turísticos ilegales todas las viviendas del inmueble menos una, donde vivía una inquilina de renta antigua, que es quien gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los alojamientos turísticos del edificio.
Con esta sanción se acaba un periplo de cinco años en el que la propiedad del piso ha jugado al gato y al ratón con el Ayuntamiento. Desde 2018, los inspectores municipales habían detectado que varias viviendas de este inmueble se comercializaban como pisos turísticos a través de Booking y Airbnb pese a no tener autorización para la actividad turística. Sin embargo, cuando el consistorio abría los expedientes contra la propiedad, esta alegaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que los habían engañado utilizando el piso para realquilarlo a turistas. Además, cuando el Ayuntamiento reclamaba desactivar estos anuncios en las dos plataformas, al cabo de un tiempo volvían a activarse con nombres, fotos y anfitriones diferentes para intentar esquivar las inspecciones.
Ante las continuas irregularidades, el Ayuntamiento abrió una investigación a fondo. Durante meses acumuló pruebas, hasta que en el mes de abril, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana de Barcelona y el distrito de Ciutat Vella, se constató que 14 de las 15 viviendas del edificio –formado por una planta baja, cuatro plantas de altura y la azotea– estaban ocupados por turistas alojados en pisos sin la licencia para ejercer la actividad turística correspondiente.
Con todo este cúmulo de pruebas, el Ayuntamiento procedió a sancionar a la propiedad por una actividad ilegal considerada "muy grave", puesto que se han utilizado de forma fraudulenta las viviendas sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico. El consistorio ha abierto un procedimiento sancionador con una propuesta de sanción de 420.000 euros, una cifra derivada tanto del beneficio obtenido por la propiedad a través de la actuación ilegal como de las multas reguladas por la ley de turismo de Catalunya. Además, se enviará en breve a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, a fin de que la propiedad responda también si procede ante la hacienda pública.
La lucha contra los pisos turísticos
La lucha contra el exceso de pisos turísticos es una de las batallas clave del Ajuntament de Barcelona. El censo de este tipo de viviendas supera ya los 10.000 pisos, después de que en los últimos meses haya sido necesario dar de alta 886 pisos turísticos nuevos a raíz de la brecha legal de la sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tumbó por defectos de forma el plan de regulación de establecimientos turísticos de Barcelona (Peuat).
Ahora el gobierno municipal confía en que el nuevo decreto aprobado recientemente por el Govern y validado por el Parlament le dé herramientas suficientes para poder cerrar algunos de estos pisos y poder dedicarlos a vivienda principal, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos datos indican que el alquiler en la ciudad ya cuesta una media de 1.171 euros, por encima del salario mínimo interprofesional.
