Catalunya pierde el canon propio de residuos

MADRIDDespués de más de un mes paralizada en el Senado, la ley de residuos estatal dará el paso definitivo para ser aprobada este miércoles. La normativa medioambiental estaba encallada en la cámara alta española porque la creación de una tasa o canon estatal mínimo de residuos dejaba sin efectos el impuesto propio que Catalunya tiene desde hace 17 años en esta materia; una propuesta a la que la Generalitat se opone frontalmente. Después de semanas de negociación para incorporar una disposición transitoria que modificara este apartado de la normativa, ERC votará no a la ley, igual que Junts. "El PSOE ha priorizado su voluntad recentralizadora a las necesidades y los objetivos medioambientales", lamentan fuentes republicanas en el Senado. Lo ha confirmado el senador republicano Xavier Castellana Gamisans al pleno, en que ha admitido que las negociaciones se han alargado hasta esta mañana, ya con el debate en el pleno en marcha. El PP será quien facilitará finalmente que salga adelante. "El gobierno más progresista de la historia aprueba una ley más con la cooperación del PP", ha reprochado Castellana.

Fuentes conocedoras de la negociación explican que hasta este martes por la tarde todavía se estaban compartiendo documentos (la disposición se vota este miércoles). En un principio, el Estado abría la vía de "compensar" las comunidades como Catalunya, con tributo propio, puesto que el impuesto estatal saldrá a 40 euros la tonelada, por debajo de lo que se paga ahora en Catalunya (47 euros, con la perspectiva de encarecerlo hasta los 70 euros en 2024), como explicaban fuentes del ministerio de Hacienda al ARA .

A pesar de que la gestión del impuesto recaerá en manos de las comunidades autónomas, la Generalitat sostenía que se perdía la capacidad finalista del tributo y se dejaba a las regiones sin margen de maniobra para aprobar nuevas figuras o incluso incrementar el canon de residuos. Lo que más preocupaba a la Generalitat era poder mantener la "capacidad normativa", es decir, que el ejecutivo catalán "no solo sea una gestoría del tributo", explican fuentes de ERC al ARA. Finalmente, el tributo lo recaudará el Estado y transferirá los recursos a las comunidades autónomas. Se regulará a través de la ley de financiación de las comunidades (LOFCA), que incluye los tributos de las comunidades autónomas, así como los cedidos totalmente o parcialmente por el Estado. Precisamente, el gobierno español alegaba que se tenía que modificar la LOFCA para incorporar las demandas de los republicanos. Modificar la LOFCA dependía del ministerio de Hacienda, que siempre se ha mostrado reticente y apuesta, en cambio, por la compensación. "Defenderemos el canon de residuos catalán [...]. Iremos hasta donde haga falta para defenderlo. Buscaremos todas las posibilidades para mejorar el nivel de políticas en este ámbito", ha prometido Castellana.

Durante estas últimas semanas se había negociado una disposición transitoria que permitiera que las comunidades autónomas que ya tienen un sistema impositivo propio sobre los residuos, como Catalunya, "mantengan la gestión, la liquidación, la recaudación y la inspección", mientras se negocia un convenio con el Estado, según se recogía en uno de los textos negociados a los cuales ha tenido acceso el ARA. Se había llegado a plantear que la normativa estatal homogeneizaba y establecía un impuesto mínimo para todo el Estado, "sin prejuicio de que las comunidades autónomas puedan incrementar el tipo impositivo o establecer otras figuras impositivas no previstas en la ley [estatal] de acuerdo con sus competencias estatutarias". Pero finalmente no ha habido acuerdo en la negociación a cuatro bandas, en la que ha intervenido el ministerio de Transición Ecológica, así como el de Hacienda, además de Unidas Podemos –fuentes lilas aseguran que han intentado hacer de "puente"– para intentar llegar a un acuerdo con ERC. Por su parte, la senadora de Junts Maria Teresa Rivero también ha lamentado no haber podido llegar a un acuerdo para mantener el canon catalán en la negociación de sus enmiendas.

Medidas ambientales

Pero esta no es la única figura fiscal ambiental que recoge la normativa y que entrará en vigor en 2023. El texto aprobado incluye otro impuesto verde que grabará los envases plásticos no reutilizables, una figura que ya tendría que haber entrado en vigor este año y que finalmente no lo hará hasta 2023. Se trata de un tributo de 0,45 euros el kilogramo de envases plásticos no reutilizables. El ministerio de Hacienda estima que se puedan llegar a recaudar 491 millones de euros.

Además, la ley estatal de residuos incluirá una batería de medidas más allá de las impositivas. Una de estas medidas es la obligación de los bares y restaurantes de ofrecer agua del grifo gratuito si los clientes lo piden, una iniciativa sobre la que hasta ahora España estaba a la cola europea. También se añade el impulso de la recogida selectiva de las botellas y de los residuos orgánicos.