Los clubes de cannabis de Barcelona siguen vendiendo a pesar de los controles

“Siempre habéis estado en la cuerda floja. Ahora más. Por lo tanto, id con más cuidado”. Es el consejo que el abogado de un club de cannabis de Barcelona ha dado a sus clientes después de que el Ayuntamiento los advirtiera a finales de julio de que ya no podían seguir vendiendo cannabis y ni siquiera promocionarlo. Pero de momento la mayoría de clubes siguen dispensando cannabis a los socios.

El aviso por carta lo recibieron los más de 200 clubes que hay en la capital catalana y que, hasta hace un año, estaban medio protegidos por una normativa urbanística que había aprobado el Ayuntamiento en 2016 y que fijaba unas condiciones a cumplir para poder abrir el local de la asociación, como por ejemplo doble puerta, extracción de humos o no estar muy cerca de equipaciones públicas como por ejemplo escuelas. El plan fue recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidió que el Ayuntamiento no tenía ninguna competencia para regularlos, “ni siquiera desde la vertiente urbanística”, y tumbó toda la normativa municipal. Condenó a los clubes, todavía más, a quedarse al margen de la ley. 

Las inspecciones anunciadas por el Ayuntamiento ya han empezado “por los clubes cannábicos que más impacto negativo generan”, según fuentes municipales que no han querido precisar en qué han consistido los primeros controles ni si han acabado con sanción. A pesar de estos primeros controles, la mayoría de las inspecciones empezarán ahora en septiembre. 

“Cuando lleguen nos tocará pelearnos a los abogados”, explica Lluís Homdedeu, letrado que representa a diferentes asociaciones. Lo que no está claro es por dónde les buscarán las cosquillas. “Las inspecciones del Ayuntamiento no pueden ser para comprobar si adentro se fuma cannabis, porque la sentencia del TSJC deja claro que el Ayuntamiento no tiene competencias”, explica. Así las cosas, sobre el papel la sensación es que la sentencia del TSJC “en la práctica no ha cambiado nada”, según Homdedeu: “El Ayuntamiento ha parado el golpe comunicando la sentencia a los clubes, pero no se les ha quitado la licencia”. De hecho, en la misma nota de prensa donde anunciaba las inspecciones, el Ayuntamiento insistía en la necesidad de “una regulación de esta actividad” y destacaba “las utilidades terapéuticas del cannabis”. 

Menos género en el local 

Algunes asociaciones, conscientes de que en cualquier momento los inspectores pueden llamar a la puerta, han aumentado las precauciones. “Desde que recibimos la carta, ya solo tenemos la cantidad de cannabis que sabemos que más o menos vendemos cada día y mucho menos dinero en la caja”, explica la trabajadora de un club que prefiere mantener el anonimato. Otros clubes han vuelto a recordar a los socios que tienen que tener cuidado cuando salgan de los locales y ahora ponen más inconvenientes a la hora de inscribir a nuevos socios.

“Las asociaciones no saben cómo actuar”, lamenta Eric Asensio, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (Catfac). De todas maneres, desde su punto de vista la sentencia del TSJC no tendría que cambiar nada porque, al fin y al cabo, “en el resto del Estado funcionan muchas asociaciones sin ningún plan urbanístico”. Dentro del sector también existe la sensación de que “al Ayuntamiento no le interesa cerrar los clubes y provocar que miles de personas vuelvan a buscar la marihuana al camello del barrio”, según defiende la trabajadora de un club.

Las entidades y el Ayuntamiento tienen previsto crear un grupo de trabajo para buscar una salida a la situación. Aún así, hay poco recorrido: “Es un tema de competencias y cada vez que hay adelantos en este tema, lo acaban tumbando y las leyes les dan la razón”, aclara Homdedeu. La sentencia del TSJC considera que estos espacios son “susceptibles de comisión de delitos” y fija que la competencia es únicamente estatal. 

Competencia del Estado

En junio de 2017 el gobierno de Carles Puigdemont aprobó una ley del cannabis catalana que regulaba las asociaciones y fijaba los derechos y deberes. Un año más tarde el Tribunal Constitucional la tumbó por unanimidad, recordando que la nueva ley invadía las competencias del Estado porque daba amparo legal a actividades tipificadas como delito en el Código Penal español. Por lo tanto, la salida al callejón en el que se encuentran los clubes no vendrá ni de una ordenanza municipal ni de una ley catalana. Y el Código Penal deja claro que se pueden considerar traficantes “quienes promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas”. En septiembre de 2015 el Tribunal Supremo, basándose en esta frase, ya dictó sentencia y creó jurisprudencia contra un club de cannabis del País Vasco.