¿Cuándo se vacunarán los sintecho?

BarcelonaHay preocupación entre ONGs sobre si se vacunará a los colectivos que no tienen tarjeta sanitaria (TSI), la herramienta que da acceso a la vacuna contra el covid. Desde hace meses, las entidades que defienden los derechos de colectivos más vulnerables excluidos de los padrones municipales –las personas migrantes en situación irregular, las que viven en la calle o sin domicilio fijo– reclaman conocer si el departamento de Salud prevé ofrecer una vía excepcional para administrarles las dosis porque a pesar de que en teoría la sanidad tiene una cobertura universal, en la práctica no es así. El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha asegurado este martes que “a priori” no habrá “problema”, pero ha ignorado que por ley todavía hay grupos de población fuera de la cobertura pública, y ha remarcado que su equipo está ya en conversaciones con ayuntamientos, que es la administración que tiene el deber de empadronar a cualquier persona que viva en el municipio, independientemente del tipo de vivienda y de la situación administrativa. Son muchos los consistorios que no lo hacen y, sin embargo, desde la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat se insiste en que el programa de vacunación catalán está vinculado a la TSI.

La Fundació Arrels, uno de los referentes en la asistencia al sinhogarismo de Barcelona, ya hace unos días que entregó a Salud una lista con 300 personas a las que atiende en la calle o en residencias y pisos compartidos para que se los incluya en los listados para ser vacunados, con el compromiso de que asegurarán que estén disponibles para una segunda dosis. De momento, no hay respuesta, explica el director de la entidad, Ferran Buquets, que lamenta que la conselleria no hubiera aceptado tratarlos como colectivo prioritario, puesto que muchos sufren de enfermedades crónicas y se encuentran en una situación vulnerable.  

També desde la oficina del Síndic de Greuges están “pendientes” de la información de Salud para ver cómo se soluciona el vacío con el que dejan las “trabas” que ayuntamientos catalanes ponen para empadronar a los que no disponen de permiso de residencia o de una dirección fija, hecho que a su entender es usar el padrón como una herramienta de “segregación, exclusión y control social”. 

El padrón municipal es la puerta de entrada a derechos básicos como la cobertura sanitaria, a través de la TSI, o a la matrícula escolar de los menores. La ley de régimen local obliga al empadronamiento y en el ordenamiento judicial se establece expresamente que los consistorios no pueden denegar peticiones con valoraciones sobre el estado de la vivienda. 

En la comparecencia, Argimon ha insistido, sin embargo, en que todo el mundo quedará vacunado por "la universalización" de la sanidad, sin entrar en más detalles. Aún así, lo cierto es que la reforma socialista del 2018 que corrigió el decreto del ejecutivo de Mariano Rajoy que denegaba la TSI a los inmigrantes en situación irregular no supuso la cobertura total y deja a colectivos sin atención. Es el caso de las personas de más de 65 años que han llegado al estado español a través de un proceso de reagrupamiento familiar por los hijos que sí tienen residencia legal, a los que se les obliga a contratar un seguro médico privado, o los inmigrantes con menos de tres meses de residencia.