¿Dejaremos de recibir llamadas comerciales? No, pero será más difícil estafarnos

Tanto empresas como entidades públicas tendrán prohibido utilizar un número de móvil para realizar llamadas comerciales. El objetivo de esta medida, incluida en una recién aprobada orden ministerial del gobierno español, es evitar las estafas de suplantación de identidad que se realizan a través de llamadas o SMS.

Esta medida deberá aplicarse en el plazo máximo de tres meses, pero esto no significa que dejemos de recibir llamadas comerciales: recibiremos igualmente, pero sólo de números especialmente asignados para hacerlo. Y una novedad: las líneas 800 y 900, que normalmente eran de atención al cliente, ahora también podrán realizar estas llamadas a los clientes. Así lo ha acordado una orden del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que aparecerá recogida en el BOE en los próximos días y cuyas medidas entrarán en vigor a principios de marzo.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha dejado claro en declaraciones a los medios que las medidas también incluyen la obligatoriedad de las operadoras de telecomunicaciones de bloquear llamadas y SMS con numeración que no sea atribuida a un cliente final o un operador. Se parte de la base de que si no hay clientes reales detrás de la llamada, estamos frente a indicios de suplantación de identidad.

Además, tampoco estará permitido realizar llamadas fraudulentas que parecen internacionales y que realmente se hacen desde el Estado, excepto las llamadas de los clientes que estén en itinerancia (lo que conocemos por roaming) y al revés: las operadoras tendrán que bloquear números extranjeros que se hacen pasar por teléfonos españoles. También se bloquearán los mensajes que estén asignados a un código alfanumérico y no a un número de teléfono. De hecho, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia deberá elaborar una base de datos en la que las entidades públicas o privadas deberán registrarse si quieren utilizar este tipo de mensaje.

"Hoy damos un paso muy importante", declaró López, y se refirió a países como Finlandia, donde tomaron medidas "muy similares" y redujeron "el 90% de las estafas". Incumplir estas medidas está tipificado como infracción grave y es susceptible de recibir una sanción de hasta 2 millones de euros, según explicó el secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, Matías González Martín.

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