Desalojan cuatro pisos de un edificio ocupado en Girona en donde vivían tres menores
El Ayuntamiento dará un alojamiento de emergencia a la familia con hijos, pero la entidad de apoyo denuncia que cinco adultos se quedan en la calle
GironaLos Mossos d'Esquadra han ejecutado esta mañana la orden judicial de desalojar cuatro pisos de un edificio ocupado en la calle de Carme de Girona, propiedad de la Sareb y gestionado por la asociación La Semilla Migrante desde hace cuatro años. Miembros de la entidad han indicado que la policía se ha presentado a las 7 de la mañana y ha cerrado los cuatro apartamentos, a pesar de que sostienen que solo habían recibido la notificación de desahucio con fecha abierta en una de las viviendas. “Han desalojado a las familias en pleno temporal de lluvia y con un despliegue policial desproporcionado que ha asustado a todos los vecinos”, han criticado desde La Semilla Migrante. La asociación denuncia que en el edificio viven personas migradas sin papeles en situación de vulnerabilidad que no tienen ningún otro lugar donde vivir, y que después de la operación policial seis adultos y tres menores “se han quedado en la calle”.
El Ayuntamiento de Girona ha informado que desde el mes de marzo se había activado el servicio de mediación tanto con la propiedad como con las personas que viven en el edificio, y que se estaba trabajando coordinadamente con todos los mecanismos “para evitar la situación que se ha vivido hoy”. Después de la orden judicial de desalojarlos, el consistorio ha ofrecido a la familia con tres menores una vivienda de emergencia, que han aceptado.
El edificio está gestionado por La Semilla Migrante desde hace cuatro años, cuando cogió el relevo de La Llavor, que es el colectivo que primero ocupó los pisos hace seis años. Durante este tiempo han dado alojamiento a personas sin papeles y han tejido una red para apoyarlos y denunciar el racismo institucional que impide a las personas en situación irregular acceder a una vivienda de manera legal. "Las personas que viven en La Semilla son personas en riesgo de exclusión social: familias con menores, personas migrantes y personas de edad avanzada. Necesitamos medidas que las protejan", han subrayado desde la entidad, después de reclamar a la Generalitat y al gobierno español que "dejen de proteger a los fondos buitre y los bancos".