TarragonaDurante todo el año 2020, sólo 40 funcionarios de la Generalitat pidieron que se activara el protocolo por acoso psicológico en el trabajo, una cifra modesta si tenemos en cuenta que en Catalunya hay 244.000 trabajadores que dependen de esta institución. Pero año tras año, la cifra ha ido creciendo y éste último, que aún no ha terminado, a la Generalitat ya le han llegado 178 denuncias, lo que supone un incremento del 354%. De entre todos los funcionarios de la Generalitat que consideran que están sufriendo acoso en el trabajo destacan especialmente los profesores, que han pasado de tramitar 19 denuncias en todo el 2020 a 127 este 2024. Es decir, se ha registrado un aumento de denuncias del 568% por parte de este colectivo.
Sol·licituts presentades pel Protocol de prevenció de l'assetjament psicològic
Estos datos, a los que ha tenido acceso el ARA, son de la propia Generalitat, en una respuesta de la dirección general de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democráticas a una consulta hecha por el sindicato CGT, que sospechaba que el incremento de denuncias era alarmante. Sin embargo, este fuerte incremento apenas ha tenido incidencia sobre los centros escolares: de las 441 peticiones presentadas desde el 2020, sólo se han admitido a trámite 82, un cribado que ha indignado a los representantes de los trabajadores.
Críticas sindicales
Desde la CGT consideran que la situación es "insostenible" y advierten que "los educadores no se pueden centrar en educar bien si son sitiados", según Pere Timoner, representante de la CGT - Educación en las Terres de l'Ebre. Timoner recuerda a los malos resultados de los alumnos catalanes en el informe PISA –Catalunya es la quinta comunidad con peor nota– y apunta que esta situación es por culpa de la infrafinanciación reconocida por el propio Gobierno. De hecho, el grito de alerta de los docentes ante el aumento de tensión en los centros por la falta de manos ha sido constante en los últimos años en los que la complejidad en las aulas ha aumentado.
Estat de les sol·licituds
El representante sindical también señala, como uno de los motivos tras el aumento de denuncias, el decreto de plantillas, que otorga a las direcciones de los centros "la facultad de intervenir en la definición de la plantilla docente y en la asignación de perfiles singulares en determinados puestos de trabajo de acuerdo al proyecto educativo". Esta autonomía, que muchas direcciones han celebrado porque permite retener a algunos profesionales para garantizar una cierta estabilidad a los equipos docentes, así como apostar por los perfiles que más encajan en las necesidades concretas de un centro, por Timoner, en cambio, provoca que, en algunos casos, "los directores no elijan a los mejores docentes, sino a los más obedientes, a los que no protestan ni hacen huelgas". El portavoz sindical también lamenta que "antes era el claustro quien elegía la dirección y ahora es la dirección quien elige el claustro".
Según los sindicatos, esta nueva realidad ha tensado aún más el trabajo de los maestros. "Hay una dirección en el Ebro que tiene una decena de denuncias por acoso, de personas distintas, y la Inspección no hace nada", denuncia Timoner. La conclusión de Pere Borrull, delegado de la Intersindical en las Terres de l'Ebre, es similar: "Hay direcciones muy buenas, pero también es cierto que cada vez hay más que no hacen las cosas bien y que están blindadas por el decreto, y que tienen su corte". Sin embargo, estas denuncias no tienen por qué ser siempre contra los directores de los centros, ya que, en algunos casos, también se denuncia acoso por parte de los compañeros de trabajo.
Fuentes del departamento de Educación desvinculan el decreto de plantillas de este incremento exponencial de las denuncias que, dicen, no se pueden valorar si no es caso por caso. Desde la conselleria aseguran que esta norma "no genera ningún perjuicio" a los profesores y que "en ningún caso ampara" ningún acoso. En cuanto a las solicitudes, apuntan que puede que un único profesor haya denunciado que sufre acoso por parte de diferentes compañeros.
El decreto que tiene los sindicatos en pie de guerra se aprobó en el 2014, cuando Irene Rigau (CiU) era la consejera del departamento de Ensenyament, y se ha ido desplegando a lo largo de los años. El objetivo de esta norma –que siempre ha tenido los sindicatos en contra– era dar más poder a los directores para elegir a su equipo docente y, así, incrementar la cohesión de los profesionales de los centros.
¿Cómo funciona el protocolo de acoso?
El Área de Inspección General de Servicios de Personal, dependiente del departamento de la Presidencia, dispone de una unidad técnica formada por personal experto en temas de acoso laboral y sexual que recibe las solicitudes de los funcionarios y valora los hechos denunciados. Mediante entrevista personal con el solicitante, se determina la existencia de elementos constitutivos de acoso psicológico laboral.
Si ven indicios, un equipo formado por personal técnico de la Inspección General de Servicios de Personal y por personal del departamento afectado inicia la investigación. En caso de que se considere que no existen indicios, no se admite la solicitud y se redacta un informe que se traslada al departamento afectado y se hace un seguimiento.
Los criterios que se aplican para decidir si existen indicios de acoso se aprobaron en la Comisión Paritaria General de Prevención, una comisión conformada por los sindicatos y los departamentos en la que están representados todos los colectivos de la Generalitat, el 12 de julio de 2023.
Hace pocas semanas, el sindicato USTEC-STEs (IAC) presentaba los resultados de una encuesta en la que habían participado 14.000 docentes en los que se advertía que el 36% de los profesionales está dispuesto a dejar la profesión y que más de la mitad de éstos se plantean abandonarla en un plazo de entre 5 y 10 años. Los nuevos datos sobre las denuncias por acoso son otra muestra del malestar que expresan los docentes.
