Plataforma por la Lengua pide la recusación del juez del 25% de castellano en las aulas

BarcelonaLa batalla judicial por la escuela en catalán continúa. El Govern ha interpuesto ahora un recurso contra la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico, la herramienta que debe blindar el catalán como lengua "normalmente empleada como vehicular" en la escuela. El Gobierno está "plenamente convencido de la legalidad del decreto" y asegura que "la norma no supone un daño real y efectivo al alumnado", por lo que no existe razón legal para interponer medidas cautelares a una ley de carácter general.

El recurso de reposición del Gobierno llega dos semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendiera cautelarmente el decreto, a raíz del recurso presentado en junio por el'Asamblea por una Escuela Bilingüe, la principal entidad que boicotea la escuela catalana con un goteo de denuncias por reclamar que se haga un 25% de castellano en las aulas. Hacía apenas un mes que el Gobierno había aprobado el decreto, el pasado mayo.

Otro curso en falso

El decreto del régimen lingüístico del sistema educativo es una de las soluciones que el Govern anunció en el verano del 2023 ante los ataques al modelo de escuela catalana y para sortear la imposición judicial del 25% de clases en castellano. Por último, este mayo se aprobó y debía ser una protección extra para el catalán.

Por una parte, el decreto fija que los planes lingüísticos de escuelas e institutos no se pueden cambiar a medio curso –como exigían algunas de las sentencias de familias que pedían que los hijos estudiaran en castellano– y, del otra, determina que el único responsable legal de los proyectos será el departamento de Educación y, por tanto, exime a las direcciones de los centros. Ahora bien, con la suspensión cautelar de la medida, y teniendo en cuenta que agosto es judicialmente inhábil, es probable que el próximo curso los centros aún no hayan tenido que adaptarse a la normativa y, como resultado, no tengan su nuevo plan lingüístico.

Plataforma pide la recusación del juez

La entidad Plataforma per la Llengua, que ha sido admitida como parte, ha anunciado que se añade al recurso contra la suspensión del decreto del régimen lingüístico, pero, además, ha presentado un escrito para recusar al magistrado de la Audiencia Barcelona, ​​Javier Aguayo, por haber participado de forma irregular en el caso y haber hecho declaraciones partidistas durante la misión de los eurodiputados el pasado diciembre sobre la inmersión lingüística.

En este sentido, la Plataforma reprocha que el juez afirmara a los eurodiputados (tal y como consta en el informe del Parlamento Europeo) que "no se puede exigir a los ciudadanos que sean héroes para ejercer sus derechos y pedir el 25% de castellano" y que "los políticos han utilizado la cuestión lingüística en su agenda política", entre otras opiniones. Para el exjuez Ramon Llena, asesor jurídico de la entidad, "un juez no puede realizar un posicionamiento tan claro a favor de una de las dos partes". Aguayo ha participado a petición propia de las diferentes sentencias del 25% de catalán en las aulas, y Òmnium Cultural ya pidió su recusación por el caso de la escuela de Canet de Mar.

En cuanto a la suspensión, desde la agrupación de defensa del catalán dicen que "no se puede justificar de ninguna manera", porque, en un procedimiento contencioso administrativo "existe la presunción legal de que las actuaciones de las administraciones son ajustadas a derecho, y esto sólo puede rehuirse o contrariarse con un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión". Además, añade la entidad, "tampoco existe ningún fundamento de riesgo" a la hora de mantener vigente el decreto, porque mantenerlo "no tiene efectos inmutables ni irreparables". Asimismo, la entidad también afirma que el auto del TSJC no sólo ha obviado la presunción de constitucionalidad de la actuación de la administración catalana, sino que además se extralimita y anticipa lo que debería resolver la sentencia.