El aumento de inversión no revierte los problemas cronificados de la escuela
En los institutos catalanes se detectan cuatro veces más alumnos pobres que en 2020, según el anuario de Equitat.org
BarcelonaMás alumnos pobres, más estudiantes que necesitan refuerzo y una inversión que, a pesar de aumentar, no está consiguiendo hacer remontar los resultados educativos. Esta es la radiografía de la situación de la educación catalana que hace Equitat.org –la antigua Fundació Bofill– en su anuario del 2026.
El informe, dirigido por el catedrático de políticas educativas de la UPF Francesc Pedró y el especialista en desigualdades y políticas educativas Miquel Àngel Alegre, muestra cómo "la falta de herramientas para responder a las desigualdades sociales en la escuela" impide mejorar la calidad del sistema y unos resultados educativos que tildan de "mediocres". En este sentido, los autores del anuario apuntan que, a pesar de que el gasto público por estudiante ha aumentado 900 euros respecto al 2021, el incremento de la vulnerabilidad y "la infrafinanciación estructural" están impidiendo que haya una mejora en las aulas. "Los resultados académicos no han mejorado, y esto ha acabado produciendo un estancamiento, o incluso un retroceso, de los indicadores principales de progreso y trayectorias educativas de los jóvenes catalanes", alertan en el documento.
De esta manera, en el informe se muestra cómo el presupuesto liquidado del departamento de Educación ha pasado de los 5.019 millones de euros en el año 2011 a los 7.926 millones el año pasado, pero también se pone como ejemplos de retroceso las derrotas en PISA –en la última edición Cataluña cayó entre 30 y 40 puntos, el equivalente a un curso académico– o en las competencias básicas, donde la proporción de alumnos con nivel bajo de matemáticas ha pasado del 14,9% al 17,5%.
Baja la proporción de graduados en la ESO
Otro ejemplo del estancamiento del sistema educativo catalán lo encontramos en la tasa de graduados en ESO, que después de estar muchos años subiendo o manteniéndose, los últimos cinco cursos ha caído de manera consecutiva. La tasa de graduados ha pasado de un 93% a un 86% el curso 2024-2025. Pese a ser alta, esta es la tasa de graduación en la ESO más baja desde hace casi 15 años.
Por otro lado, los autores del anuario también alertan de que el abandono escolar prematuro —los adolescentes que no continúan estudiando después de la ESO— se ceba con los jóvenes más pobres: el porcentaje de estudiantes de renta baja que no continúan los estudios ha pasado del 20,1% el año 2023 al 25,3% el año 2025. De hecho, el abandono escolar prematuro solo crece en el grupo de alumnos con renta más baja.
En cambio, el porcentaje total de estudiantes que no continúan estudiando ha pasado del 14,8% al 13,5% en el mismo período de tiempo y, en el caso de los alumnos con más poder adquisitivo se sitúa en el 3,8%. La brecha entre clases sociales también se refleja fuera de la escuela: los alumnos de familias de las clases más acomodadas van el doble de días a hacer actividades extraescolares que sus compañeros de clases más bajas.
Infradetección de la vulnerabilidad
Más allá de los resultados académicos, el anuario también se centra en la detección y el impacto de la vulnerabilidad en escuelas e institutos. En este sentido, los datos del informe permiten concluir que desde el año 2020, la proporción de alumnos con necesidades socioeconómicas que se detecta en los institutos catalanes se ha multiplicado por cuatro (del 6,8% de los adolescentes al 29,3%). Ahora bien, este aumento de casos detectados en los últimos años no significa que haya habido un aumento masivo de alumnado pobre.
"Es tan simple como que hasta hace poco esto no se miraba. Los datos dicen que en 2020 había un 6% de alumnado vulnerable, pero Cataluña nunca ha tenido esos niveles de vulnerabilidad social", aclara la jefa de proyectos de Equitat.org, Maria Segurola. En este sentido, pone un ejemplo muy claro: los dos centros catalanes con más proporción de alumnos vulnerables (superior al 90%), el curso 2020-2021 tenían detectados un 22%. "Es imposible que haya crecido tanto en estos años, lo que pasa es que entonces este alumno no estaba detectado", insiste la investigadora. Segurola explica que detrás del aumento de detección, que destaca que es una buena noticia, hay herramientas como el pacto contra la segregación escolar, la aplicación del decreto de admisiones en los municipios y los incentivos. "Ahora la detección va acompañada de una cuantía económica, las llamadas mochilas, y esto genera un incentivo para los centros educativos a la hora de hacerla", explica.
Más allá de los motivos del aumento de detección, la realidad es que el curso pasado uno de cada tres alumnos catalanes —sean de educación infantil, primaria o ESO— fue catalogado como NESE B, es decir, niños y adolescentes que necesitan un refuerzo por motivos socioeconómicos.
Más recursos, pero allí donde hace falta
Ante la "cronificación" de la vulnerabilidad y de la caída de los resultados educativos, los autores del anuario advierten que uno de los principales problemas es que se está aumentando la inversión en educación, pero no se está actuando en los puntos más críticos. "Invertir linealmente, es decir, asignar recursos indiferenciados teniendo principalmente en cuenta el número de alumnos o centros que serán receptores, sin considerar cómo son ni qué necesidades tienen, acaba siendo fuertemente ineficiente en contextos de desigualdad educativa cronificada y con bolsas enquistadas de malos resultados con un vínculo fuerte con el origen social de la población", advierte el informe.
Así, entre otras cosas, se propone que los centros educativos se financien con criterios de equidad, tanto en lo que respecta a las ayudas económicas como al número de docentes. También instan a revisar el nivel de complejidad de escuelas e institutos, así como el grado de vulnerabilidad. Además, se pide ampliar las ayudas económicas para los NESE B, que la reducción de ratios sea asimétrica —en función de las necesidades de los centros—, más profesionales de apoyo y de educación inclusiva, una política propia de becas para la postobligatoria y más plazas de FP básica para luchar contra el abandono escolar prematuro.