El TSJC suspende cautelarmente el decreto que protege al catalán en las aulas

BarcelonaNuevo revés en la escuela en catalán. La justicia ha suspendido cautelarmente una de las normas que debe blindar el catalán como lengua principal en las aulas: el decreto de régimen lingüístico del sistema educativo. Dos meses después de su aprobación, el departamento de Educación ha recibido este viernes el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de congelar la vigencia del texto, tal y como pidió en un recurso la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Esta entidad capitanea los ataques al modelo de escuela catalana mediante denuncias por reclamar que se haga un 25% de castellano en las aulas, y su presidenta, Ana Losada, ya ha celebrado la decisión, aduciendo que la norma del Govern en funciones " vulnera derechos fundamentales" al "excluir" al castellano de las aulas.

La consellera de Educación, Anna Simó, ha comparecido de urgencia desde Sant Andreu de la Barca poco después de recibir la notificación judicial para confirmar que el departamento interpondrá recurso de reposición antes del 15 de julio contra la suspensión cautelar acordada por la sala de lo contencioso 5 de Barcelona. "Este decreto es impecable jurídicamente. Es por eso que desde la crítica más absoluta, [vemos] que hay jueces que escuchan más una asociación que un consenso social y político y denunciaremos ese auto por la vía judicial", ha afirmado.

El decreto de régimen lingüístico prohíbe que los planes lingüísticos de escuelas e institutos se puedan cambiar a medio curso –como exigían algunas de las sentencias para casos individuales de familias que pedían que los hijos estudiaran en castellano– y fija que único responsable legal de los proyectos será el departamento y no las direcciones de los centros. Además, al hablar del castellano, la norma deja claro que "no pueden aplicarse porcentajes, proporciones o parámetros numéricos en la enseñanza de las lenguas".

En este sentido, Simó ha lamentado que la medida cautelar tendrá una afectación "evidente" en los centros que el próximo curso tenían que adaptar sus proyectos lingüísticos de centro a la nueva normativa. Estos planes debían incluir elementos como los indicadores de evaluación de las lenguas, el proceso de enseñanza o la formación del profesorado en competencia lingüística, que deben incorporarse con orientaciones y supervisión del departamento. Todo ello, con la orden del TSJC y hasta que no se resuelva el recurso del departamento (hay que tener en cuenta que agosto es inhábil), la aplicación del texto catalán queda en vilo y es probable que muchos centros inicien el curso sin plan lingüístico. Con todo, Simó ha dicho que la conselleria confía "plenamente" en la forma en que se ha redactado el decreto y que se pueda implementar "para garantizar la igualdad de oportunidades que representa".

Pendientes del Constitucional

El decreto que el Gobierno aprobó hace un mes se basa en la normativa que aprobó en el 2022 tras la sentencia del 25% y que hizo inaplicable este porcentaje de enseñanza en castellano y desatascó la ley de educación del 2009. Los jueces del TSJC recuerdan que ellos mismos enviaron el nuevo marco legal al Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad para valorar si la norma infringe la carta magna. También recuerdan que el TC ya se ha pronunciado por otros casos y ha establecido jurisprudencia sobre la necesidad de garantizar "un mínimo de enseñanza en español". Losada dice que el decreto hace que la escuela sea "monolingüe en catalán" y quiere "impedir que las familias acudan a los tribunales para pedir un aumento de la presencia del español" en los centros.

Simó ha criticado que los magistrados de la sala, presidida por el juez José Luis Aguado Baños, están "altamente politizados" y ha denunciado que "a pesar de no tener funciones legislativas ni ejecutivas" quieren ser ellos quienes "organizan el régimen lingüístico del sistema educativo". "No entendemos cómo se da pábulo a los argumentos de una asociación que no atiende a motivos lingüísticos o pedagógicos, sino políticos, para crear un contexto falaz de minorización del castellano en el país", ha afirmado. Y ha añadido que en el auto se hacen apreciaciones que van "mucho más allá de las esperables en un tribunal". "Hemos reclamado siempre que en la separación de poderes cada uno debe poder hacer la tarea que tiene encomienda y la que se quiere arrogar el TSJC corresponde al Parlament de Catalunya y al Govern", ha remachado.

La consellera también ha subrayado que el Constitucional tiene pendiente resolver una solicitud del TSJC sobre la normativa de 2022, que ha estado bajo la lupa a través de recursos individuales de familiares de alumnos. "El TC tendrá que decidir si da la razón a jueces que se extralimitan o al consenso social, asumido por las fuerzas políticas y la Generalitat", ha concluido Simó. En casi una decena de sentencias, el tribunal consideró que la regulación es "lesiva" para los derechos individuales de los alumnos porque deja en manos de cada centro educativo el proyecto lingüístico, "para configurar un sistema de enseñanza sin adecuada presencia de la lengua castellana", según los magistrados.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha avisado de que la entidad no se quedará de "brazos juntos" ante la suspensión cautelar del decreto y, en un mensaje a X, ha dicho que el posicionamiento del TSJC "vuelve a evidenciar que “no hace de tribunal, sino de activista de parte en contra del catalán”. De hecho, considera la decisión una "aberración democrática que constata que en el Estado los jueces pretenden hacer de maestros".

Pese a desgranar estos antecedentes, la resolución de este viernes solo decide suspender temporalmente la aplicación del decreto del Gobierno. Será más adelante, cuando dicte sentencia, que el tribunal se posicione sobre el contenido de la norma.