El Supremo anula el decreto de Sánchez para frenar los "chiringuitos universitarios"

BarcelonaEl Tribunal Supremo ha anulado por un error de forma el decreto con el que el gobierno español quería frenar los "chiringuitos universitarios", es decir, la norma para endurecer los criterios para permitir crear centros privados que no cumplieran con los estándares de excelencia. En concreto, el tribunal no ve justificado que se tramitara por la vía de urgencia. Poco después de hacerse pública la sentencia, el ejecutivo ha anunciado que trabaja para restaurar el decreto "lo antes posible". También se han pronunciado los rectores de universidades del Estado, y han incidido en el hecho de que se trata de un error de forma y no de fondo y que hay que mantener la calidad del sistema universitario.

Los magistrados de la sala contenciosa se han pronunciado a raíz de un recurso del gobierno de las Baleares. Como la decisión se basa en un error formal, los jueces no han entrado a debatir sobre el contenido del decreto. El de las Baleares no era el único recurso contra el decreto de universidades: también se había opuesto la Comunidad de Madrid, que lo consideraba una norma "arbitraria" y argumentó que vulneraba las competencias autonómicas en materia educativa; un extremo que el Supremo no ha llegado a valorar.

La sentencia del Supremo se ciñe a la forma con la que se tramitó el decreto, y considera que no estaba justificado que se hiciera de manera urgente, lo que implica que se omitió el trámite de consulta pública. Los jueces concluyen que el consejo de ministros no justificó lo suficiente esta decisión, y argumentan "más una voluntad política para su rápida entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia" para evitar el efecto de la ley actual.

"No cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad", han valorado fuentes del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este sentido, han añadido que trabajan en una norma que esté "dentro del marco que establezca la resolución judicial".

Los rectores piden mantener la calidad

Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) han remarcado que la calidad académica requiere la autorización, la verificación y el seguimiento de las titulaciones, todo bajo unos criterios exigentes y unos objetivos transparentes supervisados por los organismos de evaluación y acreditación. "La creación y el desarrollo de nuevas universidades y nuevos títulos deben estar vinculados a una planificación académica sólida, a la disponibilidad de profesorado cualificado, a una actividad investigadora contrastable, a recursos materiales adecuados y a una contribución efectiva a las necesidades formativas y científicas de la sociedad", afirman en un comunicado.

Entre otras medidas, el decreto fijaba que las comunidades que quisieran autorizar la creación de una universidad deberían contar desde el inicio del proceso con un informe de calidad favorable de la ANECA (la agencia estatal de calidad, que depende del gobierno español) o bien de las agencias autonómicas equivalentes, como la AQU Cataluña. También exigía al menos 4.500 estudiantes y regulaba la verificación de nuevos títulos dentro de una universidad ya creada, así como la necesidad de tener un número de profesores doctores y la acreditación de centros extranjeros con sede en España.