Una familia con siete informes de vulnerabilidad de Sant Adrià, a punto de ser desahuciada

Sant Adrià de BesòsSegundo intento de desahucio de la familia de Alejandra Tirado parado. La comitiva judicial se marcha del piso que ocupa con sus dos hijos menores de edad desde el 2018, pero les anunció que volverán dentro de diez días, así que crece la angustia y la incertidumbre en medio del alivio por poder continuar en casa. Es lunes por la mañana y sobre la mesa del comedor están los siete informes de los servicios sociales de Sant Adrià de Besòs que, uno tras otro, corroboran que la familia vive en una situación más que precaria, con la madre enferma y con una pensión mínima. Incluso la trabajadora social escribe que el Ayuntamiento asumirá el coste de tres noches en un hostal cuando se produzca el desalojo, la respuesta de oficio que da el consistorio para este tipo de casos. Ante este panorama, desde hace unas pocas semanas la hija mayor, de 20 años, ya no reside en el piso y se ha trasladado con su hija de dos años a una habitación realquilada.

De momento, la familia (la madre y los dos menores) siguen bajo techo y Tirado afirma que resistirá porque no tiene lugar a dónde ir y los precios de los pisos son prohibitivos para sus ingresos. Explica que, aunque lo ha pedido a la propiedad (una empresa de un banco), nunca le han dado la opción de alquiler social, afirma esta mujer de 42 años sentada en el comedor de su casa, poco después de que la comitiva judicial y dos agentes de los Mossos d'Esquadra se marcharan con la advertencia de que volverán. Han sido días tensos, pero Tirado intenta con todas sus fuerzas aislar a las criaturas de este ambiente. Sin embargo, el chico de 17 años no ha querido dejar sola a la madre ante el trance y se ha quedado en su habitación, desde donde oía la tensa conversación con la secretaria del juzgado que instaba a cumplir la orden del juez de abandonar la casa. "Nos han insultado y los mossos no han intervenido", se queja.

La de Tirado es una más de las historias que activistas de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAHC) y los Sindicatos de Alquiladoras están acostumbrados a ver todos los días: familias con la amenaza de perder la casa, a pesar de su pobreza y la falta de una alternativa social. Es una realidad en muchos barrios de Catalunya, aunque todavía está vigente la moratoria que detiene las expulsiones de personas vulnerables si no se ofrece un alquiler social.

Informes no vinculantes

Entre diciembre de 2021 y abril de este año, las trabajadoras de los servicios sociales de Sant Adrià han firmado siete informes en los que advierten de la vulnerabilidad de esta familia. Desde el consistorio explican que en la mesa de emergencia de la localidad esperan a 80 vecinos para conseguir un piso social que puedan pagar, así que la espera es larga. Por eso mismo, Tirado admite que ni ha intentado que se lo incluyan.

¿La pregunta es de qué sirven los informes de vulnerabilidad si el juez no los tiene en cuenta? La vicedecana del Colegio de Trabajo Social, Mercè Civit, cuestiona que se les requiera si a menudo no se tienen en cuenta. En este sentido, reclama que los informes de vulnerabilidad deberían "ser vinculantes", como son los diagnósticos médicos que prescriben fármacos o intervenciones concretas. Sin embargo, subraya que elaborar un informe social sobre las condiciones de vulnerabilidad de las familias, así como las vías que hay para que salga, requiere tiempo y esfuerzo de profesionales, que deben destinar una parte importante de su jornada a realizar "informes para certificar la pobreza" de los usuarios con información que, en realidad, proviene de las administraciones o Hacienda. "Solo hace falta que crucen sus datos para saber si una persona tiene derecho a cobrar una prestación o no", señala la experta, para quien ese tiempo debería dedicarse "a acompañar y crear vínculos con las familias".

A mediados de 2018, cuando acabó el contrato de alquiler del anterior piso donde vivían, los Tirado no encontraron otro. Hasta que, según explica la mujer, una amiga les "dio una llave" del piso de Sant Adrià, donde había vivido su abuela con un alquiler social. "El piso estaba abandonado y no forzamos la cerradura ni tiramos al suelo la puerta", explica Tirado, quien asegura que poco a poco ha ido dignificando la vivienda. Las mensualidades de la comunidad de vecinos tampoco las pagan porque las abona la propiedad, pero sí tiene los contadores de la luz y el agua a su nombre.

Anuncio en Idealista

La última sorpresa que ha tenido Alejandra Tirado es que la inmobiliaria Idealista publicita el piso en el que aún reside, propiedad de Solvia, por 63.400 euros. En el anuncio, ya descolgado de la web, se advertía que está ocupado por "persona sin título justo" y se detalla que está bien situado. "No soy una okupa, he intentado pagar y siempre me han dicho que no", se defiende.

Para apoyarle en el desalojo programado para el lunes, hasta la casa de Tirado se reunieron activistas de la PAHC del Besòs, que comparten historias y angustias. Como el matrimonio de Encarna Ferrándiz y Rafael Narváez, quien explica que se retrasó cuatro meses de pagar el importe de la hipoteca y cuando acudió con "cuatro sobres" al banco para ponerse al día, le respondieron que vivienda estaba en ejecución, una palabra que para Narváez le era totalmente desconocida. "Estudia", dice que le espetaron desde la oficina. Ahora están a la espera de que a finales de mes también les venga la comitiva judicial para echarlos. "Ya nos hemos cansado de que nos llamen okupas de nuestra casa", exclama el también activista Pere Julià.