Barcelona comprará el bloque amenazado por un macrodesahucio en Sant Andreu

BarcelonaDespués de que medio millar de personas hayan pasado doce horas intentando detenerlo, finalmente el macrodesahucio del número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, no se llevará a cabo. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha llegado a un principio de acuerdo con el propietario del bloque para comprarlo. La expulsión afectaba a una cincuentena de personas y debía ejecutarse a las 8 horas, pero no ha sido hasta las dos y cuarto de la tarde que los Mossos d'Esquadra se han presentado en el bloque para llevarlo a cabo. Cuando parecía que se haría, a las cuatro y media de la tarde, la situación ha vuelto al punto inicial. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya habían asegurado que trabajaban para detener la operación, mientras el grupo de personas concentradas no paraba de aumentar para hacer presión.

La finca afectada tiene dieciocho pisos que están ocupados desde hace nueve años y en los que viven diversas personas vulnerables y al menos siete menores de edad. "Estamos muy preocupadas", explicaba al ARA Mel, vecina del bloque. Como ella, que este miércoles hace 32 años que llegó a España desde Brasil, muchos son migrantes y denuncian que en los últimos años han sufrido acoso de todo tipo para echarles. Explican que se han tapiado los pisos vacíos, han destrozado los interiores para hacerlos inhabitables e incluso han recibido amenazas para que se vayan. "Estamos hablando de familias, niños, gente mayor y vulnerable que no han tenido ninguna alternativa", dice Maria Serra, portavoz de la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (Coshac).

En una rueda de prensa de urgencia al anochecer, el teniente de alcaldía de Economía de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmado que se ha alcanzado un principio de acuerdo con la propiedad para adquirir la finca mediante el fondo de emergencia habitacional creado hace unas semanas por la Generalitat, así como con recursos municipales. "Este fondo debe servir para situaciones como esta", ha defendido. Tras subrayar que se trata de una "operación compleja" pero que ya está en curso, ha asegurado que la compra se efectuará y que el principal objetivo de este miércoles era detener el lanzamiento.

"Tanto el alcalde Collboni como el presidente Illa han estado encima", ha dicho, y ha defendido la actuación del Servicio de Intervención y Mediación en situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) y del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).

Ahora bien, Valls también ha admitido que el motor de esta intervención han sido los movimientos sociales, "que tienen la capacidad de presionar y hacer ver la realidad" detrás de los desahucios. Por su parte, la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Guillén, ha celebrado que se haya detenido el lanzamiento "sobre todo por los afectados". "Necesitamos una gran alianza con administraciones, entidades y vecinos para convertir el derecho a la vivienda en una realidad", ha afirmado.

Esta ha sido una semana clave en defensa del derecho a la vivienda. Tras forzar la convocatoria de elecciones anticipadas y conseguir el consenso de los sindicatos mayoritarios para una huelga general, este miércoles ha sido la presión social la que ha empujado al Ayuntamiento a comprar el bloque ocupado. Tras muchos estira y afloja y momentos de incertidumbre, a las ocho de la tarde se ha desatado la euforia cuando se ha anunciado que se detenía el lanzamiento previsto desde las ocho de la mañana. Los activistas lo han celebrado, han cargado contra el gobierno municipal y han animado a participar en la huelga general.

"Paneque me ha pedido que lo detenga"

Desde primera hora, cientos de personas se han concentrado ante las puertas del bloque con la intención de frenar el desahucio. Ni la comitiva judicial ni los Mossos d'Esquadra, sin embargo, han llegado a las 8 h y la incertidumbre se ha ido apoderando poco a poco de los presentes, sobre todo de la gente que vive dentro del número 74 de la calle Languedoc. Según fuentes sindicales, la finca pertenecía a la empresa Reale Seguros, pero después de diversos procesos judiciales y de ver que los pisos desahuciados se volvían a ocupar, la vendió el año pasado a la empresa Thunder Optical Minur SL. Las mismas fuentes aseguran que la nueva propiedad ha intentado expulsar a las personas que ocupan los pisos desde entonces.

"Somos muchos, nos tienen miedo, ya verás como no vienen", decía optimista una vecina del barrio a primera hora. A medida que ha avanzado el día y ante la ausencia de la policía y la comitiva judicial, algunas de las personas han empezado a marcharse y entre los presentes crecía el sentimiento de que se conseguiría una suspensión o un aplazamiento. Además, el comisionado de vivienda del consistorio de la capital catalana, Joan Ramon Riera, y el director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Miquel Bagudanch, se han desplazado hasta allí para conocer de primera mano la situación e informar a los presentes de la intención de detenerlo. "La consejera Paneque me ha pedido que detenga este desahucio", ha asegurado Bagudanch. "No es ni oportuno ni necesario llevar a cabo este desalojo", ha añadido Riera.

El objetivo de las administraciones era presionar para conseguir una mesa de negociación para encontrar una salida pactada que evitara la expulsión. Fuentes municipales insistían en que el consistorio había pedido la suspensión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por vulnerabilidad de las personas que viven allí. Aseguraban que las cuatro familias con niños que hay en el bloque se encuentran en seguimiento de los servicios sociales. "En caso de desahucio, si no tienen alternativa, se buscará alojamiento de emergencia", remarcaban desde el Ayuntamiento. En cambio, desde el tribunal se aseguraba que no constaba ningún informe de vulnerabilidad de los ocupantes.