Estafados para empadronarse

BarcelonaHace dos meses que Abdel busca empadronarse en Montcada y Reixac. Ahora vive realquilado en la habitación del piso de un familiar que prefiere no facilitarle el padrón porque está a la espera que le acepten el reagrupamiento familiar y teme que tener un inquilino “impida que dejen venir a su mujer e hijos”, explica este hombre de nacionalidad marroquí que no quiere ser identificado. Dice que está dispuesto a pagar “100 o 150 euros” solo para que le incluyan en el padrón y que, hoy por hoy, quiere quedarse con la familia porque así también ayuda a pagar los gastos y no dejar tirado al pariente que lo ha acogido en momentos duros.

Abdel ha puesto su oferta en un portal inmobiliario, donde cada vez es más fácil encontrar anuncios en que el empadronamiento es un valor de mercadeo, a pesar de que para la ley española estar registrado es un derecho y un deber universal. En otra plataforma Juan deja muy claro que alquila una habitación en Viladecans pero avisa que “no empadrona”, y se justifica porque prefiere “cobrar en B y no tener problemas”. Desde Manresa Irene responde que ofrece “padrón por 200 euros” pero no la posibilidad de vivir en su piso. La tarifa, en este caso, es por cada año, a pesar de que asegura que prefiere locatarios de corta estancia para cobrar más. En un análisis de 67 webs, el Ayuntamiento de Barcelona ha detectado más de 800 anuncios donde expresamente se deniega el padrón en las localidades metropolitanas donde, a diferencia de la capital catalana, ponen muchas trabas para empadronarse.

Pagar para estar en el padrón no es mayoritario entre las personas en situación irregular, pero es un fenómeno que va a la alza desde algunos años atrás. Grandes ayuntamientos como los de Hospitalet, Mollet, Vilafranca, Reus y Badalona –para mencionar algunos– incumplen la ley de régimen local que obliga a inscribir en el padrón a cualquier persona que lo pida, sin tener en cuenta si vive en la calle –sin domicilio fijo, técnicamente– o en las múltiples opciones de infraviviendas –ocupaciones, naves, barracas, habitaciones o pisos sobreocupados–. En caso de duda, la norma da tres meses para hacer las comprobaciones, pero si en este plazo no hay respuesta, el ciudadano queda registrado por silencio administrativo. Para Isabel Marquès, síndica de agravios de Terrassa, estas “trabas” son el origen de estafas y fraudes porque obligan “a tener que buscarse una salida". Marquès, satisfecha porque el consistorio de su ciudad se ha comprometido “finalmente” a empadronar a los que no tienen domicilio fijo, apunta que la solución es empadronar a “todo el mundo” que resida en un municipio, incluso “si vive en el sofá que le deja un compatriota” porque, argumenta, el padrón es un metaderecho”, que da acceso a la sanidad pública, a la escuela y a ayudas de servicios sociales.

La ley de la avaricia y la desesperación

Los precios de los empadronamientos varían según el municipio, siguiendo la ley de la oferta y la demanda. Pero también cotiza el grado de avaricia de los unos y la desesperación de los otros. En Martorell, Mohamed M. explica que pagó 400 euros por el papel porque no sabía que era un trámite gratuito, pero admite que seguramente los habría pagado si lo hubiera sabido. En un registro civil de una localidad metropolitana acaban de recibir veinte quejas de ciudadanos extranjeros que “pagaron hasta 400 euros” por el padrón y cuando se dieron cuenta del engaño la supuesta propietaria del piso se había ido. “Ahora no tienen ni piso ni padrón”, lamenta una funcionaria.

Taha Mekkaoui conocía bien a quien le ha engañado. En 2019 el joven marroquí se instaló en casa de un tío en Sant Celoni con la idea de montar un negocio juntos, pero unos meses después le echó y le robó 2.000 euros de la cuenta corriente “para los gastos del padrón”, explica: “Como no puedo abrir una cuenta en España, me guardó el dinero en la suya y me dejó sin nada”. Sin dinero, recurrió a la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Capitalismo (PAHC) del Baix Montseny, que le consiguió un lugar para vivir con su mujer y sus dos hijas pequeñas. Primero en un hotel y, desde hace algunos meses, en un piso vacío propiedad de un banco, donde consta como empadronado ahora porque el consistorio, en este caso, inscribe a quienes ocupan viviendas. Mekkaoui explica que las penurias para el padrón se deben al hecho que “poca gente quiere inscribir a los que no tienen documentación” y otros “se aprovechan de los que acaban de llegar”. La activista Júlia Hosta apunta que en el Baix Montseny los precios por el padrón oscilan “entre los 100 y los 900 euros” y subraya que cuando los estafados llegan a la PAHC “ya han pagado”, y se puede hacer poca cosa.

La entidad Mollet Acull recomienda no pagar, pero no siempre están a tiempo de evitarlo. "La desesperación genera este mercadeo", apunta la activista Clàudia José, que a la vez indica que denunciar no es una opción para alguien que no tiene la documentación en regla, por la desconfianza hacia la policía o la administración. Mekkaoui añade otro motivo: "no tener pruebas de haber pagado" e incluso tener ciertas reticencias de denunciar a un conocido o un familiar que "te ha robado".

Las redes familiares o de amistades a las que recorre el inmigrante cuando llega a un país están muy tocadas "por dos crisis y una recesión" que las ha dejado, en muchos casos, en precariedad, y donde "había solidaridad ahora se abre una vía de negocio", afirma Gabriela Poblet, investigadora social en Europa Sin Muros. Se negocia con el padrón o incluso "para subir anuncios a internet" porque "donde hay necesidad, se cobra y se paga". En el caso de la inmigración centroamericana se agrava porque literalmente la violencia en todas sus formas obliga a huir "sin ninguna planificación" y son más vulnerables para mafias, engaños y abusos. La situación todavía es especialmente grave entre las mujeres que se contratan como internas o en el trabajo doméstico porque sufren mucha movilidad laboral, que hace que "siempre estén viajando de un municipio a otro y se empadronan donde pueden". El peligro, apunta esta activista argentina, son los "agujeros del padrón", los periodos en que se quedan sin empadronamiento, que a la larga les perjudicará a la hora de acreditar el arraigo social de tres años.

El modelo Barcelona

Barcelona es un municipio donde se acaban empadronando los "rebotados" de otras localidades que incumplen la ley y, como es más fácil registrarse, el negocio de los abusos es mucho más bajo. Desde 2016 el Ayuntamiento incluye en el padrón a los sinhogar y a los que no pueden acreditar con contrato la residencia en un piso o habitación realquilada, pero el regidor de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, explica que si en las comprobaciones técnicas se detecta que en realidad no viven en la ciudad, los remiten a su consistorio. Serra dice que, a pesar de las facilidades de este modelo de Barcelona, que intenta exportar, no hay "ningún alud" de falsos empadronados y, por el contrario, sí que se ha permitido dar derechos y carta de ciudadanía.

Conscientes de los cambios de modelo de familia y de las situaciones de vulnerabilidad en la vivienda, uno de los retos de Barcelona es que el padrón no sea el único documento que acredita la unidad de convivencia, porque los técnicos son conscientes de que hay miedo entre propietarios a empadronar a sus realquilados porque si se les incluye en su núcleo familiar, temen acabar perdiendo la prestación o ayuda social.