La Eurocámara reclama un certificado de vacunación que evite cuarentenas y con PCR gratuitas

La Comisión recuerda que el precio de los tests lo decide cada estado y pide aparcar el debate sobre los usos del documento

BruselasEmpieza la negociación. La Eurocámara ha fijado este miércoles su posición negociadora sobre cómo tiene que ser y para qué tiene que servir el certificado digital de vacunación europeo que la Comisión Europea propuso hace unas semanas. Los eurodiputados reclaman de manera mayoritaria que el certificado evite cuarentenas y que las PCR para viajar sean gratuitas, además de tener máxima cautela con la privacidad de los datos. Pero tanto la Comisión Europea como los gobiernos de la UE representados en el Consejo matizan estas demandas y, por eso, negociarán a tres bandas a partir de ahora con el objetivo de llegar a un acuerdo las próximas semanas para que el certificado pueda entrar en vigor en junio. A pesar de que la posición de los parlamentarios es clara, el resultado de la votación no se dará a conocer hasta este jueves.

La creación y posible aplicación de este certificado es un debate complejo y con muchos matices. De entrada, la Comisión Europea propuso un certificado (que no pasaporte) digital que sirva estrictamente para recoger todos los datos que se piden en las fronteras sin entrar a debatir sus usos. Y esta es la posición que ha mantenido este miércoles el comisario de Justicia, Didier Reynders: "La Comisión propone mantener por separado, de momento, el certificado y sus posibles usos. No nos tendríamos que estancar en discusiones sobre si levantar o no restricciones para los portadores del certificado", ha explicado, y ha insistido en que todavía falta evidencia científica sobre la capacidad de contagio de las personas vacunadas, sobre todo teniendo en cuenta la virulencia de las nuevas variantes.

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A nivel de los gobiernos también hay discrepancias. Cuando fijaron su posición recalcaron que es su competencia la de implementar cuarentenas o exigir restricciones a los viajeros aunque estén vacunados, a pesar de que países como España y Grecia, ávidos de turismo, ya han dicho que piensan dar vía libre a las personas inmunizadas. Sobre esta cuestión, todavía hay otra posición a tener en cuenta. El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) emitió por primera vez una recomendación la semana pasada para empezar a aligerar medidas para las personas vacunadas y, entre sus propuestas, da luz verde a los gobiernos para eximirlas de cuarentenas.

La discriminación económica

Este es un primer debate que queda para la discusión entre Eurocámara, Comisión y Consejo, pero uno de los otros grandes problemas es la discriminación que puede provocar este uso del certificado, sobre todo en el ámbito económico. En este caso la posición de la Eurocámara es contundente en favor de la gratuidad de los tests PCR obligatorios y gobiernos como Bruselas se muestran abiertos. "Los precios son prohibitivos en algunos estados", ha soltado el presidente del Comité de Libertades de la Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar. A su vez, la representante de los gobiernos por vía de la presidencia portuguesa, la secretaria de estado de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarias, ha asegurado que "son conscientes de la importancia de eliminar o reducir" los costes de las pruebas y ha apuntado a hacer uso de fondos europeos para garantizarlo. En cambio, Reynders, que también cree que las PCR tienen que ser "económicas", ha recordado que es competencia estatal: "El reembolso de los costes médicos recae en las competencias de los gobiernos, es un tema complicado con muchos actores públicos y privados involucrados".

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Esta es a estas alturas la situación del debate sobre un certificado digital que tendría que estar en vigor en junio. A partir de ahora, las tres partes lo discutirán durante mayo con el objetivo de llegar a una posición conjunta en un tira y afloja sobre las competencias de cada institución típica de la Unión Europea. Ahora bien, a pesar de que la vacunación aporte esperanza, la Comisión Europea y el Consejo han pedido prudencia sobre todo a la hora de gestionar las "expectativas" de una ciudadanía que tiene que asumir que este verano todavía no será normal.