La Iglesia católica encarga una auditoría externa sobre abusos sexuales

BarcelonaLa Iglesia católica hará una "auditoría independiente" para analizar las denuncias sobre abusos sexuales. Así lo ha anunciado en un comunicado la Conferencia Episcopal Española, que ha hecho el encargo al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. El objetivo de este movimiento es abrir una "vía independiente" a través de este despacho para recibir denuncias y revisar los procedimientos jurídicos "encaminados a sancionar prácticas delictivas". Además, según el comunicado de la Conferencia Episcopal, se ofrece la colaboración a las autoridades para ayudar a aclarar los hechos denunciados y establecer un sistema de prevención "que satisfaga las demandas sociales al respecto".

Este anuncio llega en un momento en el que la sociedad pide a la Iglesia transparencia y firmeza para abordar la problemática de los abusos sexuales. La denuncia del escritor Alejandro Palomas, que sufrió abusos por parte de un religioso cuando tenía 8 años en el colegio La Salle de Premià de Mar, ha sido uno de los detonantes de la presión social que se ha acentuado durante las últimas semanas para exigir un cambio dentro de la Iglesia católica. El cardenal Joan Josep Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, presentará este martes la puesta en marcha de la auditoría. Lo acompañará el presidente del despacho encargado de sacar adelante el proyecto, Javier Cremades.

Precisamente, el pasado jueves, las principales asociaciones de víctimas de abusos sexuales hicieron público un manifiesto para exigir a la Iglesia católica –tanto a la cúpula eclesiástica como a las órdenes religiosas– que colabore "en los procesos de investigación" que se abren para abordar la problemática de los abusos sexuales dentro de la institución. Los firmantes consideran que en España se vive "una anomalía a nivel europeo" en la manera en la que se aborda esta cuestión y hace falta "estudiar y recoger lo mejor de cada experiencia internacional" para aplicarlo al estado español. La Fundación Vicki Bernadet, el escritor Alejandro Palomas o la asociación Mans Petites, que preside Manuel Barbero –el padre que denunció el caso Maristes–, eran algunos de los firmantes que reclamaban la creación de dos comisiones, una parlamentaria para escuchar a "expertos, responsables públicos, representantes de la Iglesia y víctimas" para poder "diseñar" una hoja de ruta, pero a la vez una segunda comisión independiente coordinada por el Defensor del Pueblo para poder reconocer a las víctimas y hacer "procesos de reparación del dolor causado". Fuentes del gobierno español, precisamente, apuntan que la Iglesia católica lo que tiene que hacer es "colaborar con la comisión del Defensor del Pueblo" y allí aportar los resultados de la auditoría.

En Catalunya, según datos de la Fiscalía, catorce juzgados tienen abiertas investigaciones sobre casos de abusos sexuales en instituciones religiosas.