La Iglesia indemnizará a las víctimas si el Estado repara económicamente todos los casos de pederastia

BarcelonaEl presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Joan Josep Omella, está plenamente convencido de que el cambio de mirada de la sociedad y la propia Iglesia respecto a la pederastia ha provocado cambios en el número total de casos que se siguen produciendo: "Los abusos han descendido drásticamente", ha dicho. El arzobispo de Barcelona se ha abierto a indemnizar a las víctimas, a través de un fondo estatal, si se incluyen todos los casos de pederastia, también los de fuera del ámbito religioso. Omella ha vuelto a manifestar que no comparte la extrapolación de datos que la opinión pública hizo de el informe del defensor del pueblo, y que estima que existen más de 234.000 víctimas de abusos sexuales en España por parte de sacerdotes y religiosos. "No corresponde a la verdad", reiteró Omella, quien habló de "opacidad" en la encuesta que hizo el defensor del pueblo y aseguró que las cifras son "mentira" porque no se corresponden a la realidad: " Si seguimos estas matemáticas estaríamos todos puestos en esta dinámica de los abusos".

En la misma línea se ha expresado el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán: "Si mantuviéramos esta extrapolación, habría cuatro millones y medio de personas que habrían sido abusadas. Es una barbaridad. En casi todas las familias habría un caso de abusos". Durante su intervención –posterior a la asamblea extraordinaria que realizó ayer la CEE para debatir sobre el informe del defensor del pueblo–, los responsables eclesiásticos han reiterado que no es positivo hablar de cifras: de hecho, en todo momento han evitado hablar. Omella no cree que los casos de pederastia en la Iglesia tengan que ver con el celibato de los religiosos: "Como son célibes son propensos al abuso", pues bueno, donde más abusos hay es en la familia, y la mayoría están casados".

Los representantes de la CEE han asumido que participarán en la reparación integral a las víctimas que propone el defensor del pueblo siempre que se incluyan todos los casos, no sólo los de la Iglesia. "Si es para todos, estaremos dispuestos a participar, pero no puede quedar reducido a una reparación económica", ha dicho García Magán, quien ha reiterado la necesidad de que haya un acompañamiento "psicológico, espiritual para quien lo desee y también una reparación económica". Asimismo, ha pedido que se incluyan todas las víctimas de todos los ámbitos sociales, porque si no se hace así se dejaría fuera al 90 por ciento de los afectados. Entre las recomendaciones que propuso el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, estaba la creación de un fondo estatal para recompensar a las víctimas de abusos sexuales. García Magán ha señalado que la Iglesia participará si el fondo es para todos los supervivientes de pederastia: "Si no fuera así, la Iglesia ya tendría su proceso de reparación integral para sus víctimas". Al respecto, Omella ha pedido más tiempo para valorar la propuesta del defensor del pueblo, pero ha reiterado el compromiso de llegar a un acuerdo: "Hay voluntad por parte de todos. Estamos dispuestos a ayudar".

Asumir el dolor

Omella ha querido iniciar su intervención asumiendo el dolor causado por algunos miembros de la Iglesia a las víctimas de la pederastia. Seguidamente, reiteró el perdón por este dolor causado y resaltó el cambio de mirada dentro de la propia Iglesia. En el pasado, se movía "la persona de puesto", en referencia al agresor, y desde hace un tiempo se ha visto que "era una lacra" que debía afrontarse.

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, también propuso la creación de un órgano especial cuya finalidad es la reparación de las víctimas que no hayan encontrado respuesta en la vía penal. Además, apostó por la implementación de una ley que modifique el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abusos sexuales de menores, a fin de que se puedan acordar indemnizaciones para casos anteriores en su entrada en vigor.

Aparte de analizar el informe del defensor del pueblo, los obispos españoles pospusieron para la asamblea de noviembre la decisión sobre la petición de Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que solicitó ampliar el tiempo para llevar a cabo la auditoría sobre la pederastia dentro de la Iglesia que le encargaron desde la CEE en febrero del 2022. El motivo que esgrimen es que en el encuentro extraordinario del lunes –la cuarta de la historia de la CEE –, 57 de los 88 obispos participaban telemáticamente, lo que dificultaba más el debate.